La finca Los Alpes, donde fueron encontrados fusiles y municiones que investigadores relacionan con un supuesto atentado contra Gustavo Petro, conduce a una trama de bienes, sociedades y movimientos millonarios atribuidos a la estructura de alias Fortuna, mientras la Fiscalía intenta establecer si hubo una operación para intercambiar información por beneficios judiciales.
La historia comenzó a adquirir nuevas dimensiones después de que el diario EL TIEMPO revelara un audio atribuido a Amelia Pérez, entonces presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en el que cuestionaba las gestiones de Andrés Idárraga, exsecretario de Transparencia de la Presidencia, relacionadas con bienes vinculados al narcotraficante Andrés Mauricio Vélez Hernández, alias Fortuna.
Pero el hallazgo de armas en Los Alpes introduce una pieza adicional en ese rompecabezas. El 9 de julio de 2025, un operativo del Grupo de Operaciones Especiales Antiterrorismo de la Dijín llegó hasta esa finca de Puerto Boyacá después de información entregada a organismos de seguridad. Allí fueron encontrados seis fusiles calibre 5.56, empuñaduras, miras para francotirador y munición: casi 2.000 cartuchos calibre 7.62 y otros 1.168 calibre 5.56.
La importancia del predio no radica únicamente en las armas. Los Alpes aparece dentro del universo patrimonial que las autoridades han relacionado con alias Fortuna. Vélez Hernández llegó a registrar 33 bienes por cerca de $15.000 millones y varias propiedades fueron posteriormente transferidas a sociedades recién constituidas, en operaciones que la Fiscalía investiga como posibles mecanismos para ocultar activos de origen ilícito.
El predio que aparece en dos investigaciones
Los Alpes forma parte de un conjunto de propiedades ubicadas principalmente en Puerto Boyacá y otras regiones del país. De acuerdo con las investigaciones periodísticas, entre los bienes asociados a la estructura de Fortuna aparecen El Porvenir, La Holguita, La Estrella 1 y Los Alpes, además de otros inmuebles localizados en Santander, Valle del Cauca y Caquetá.
La Fiscalía ha sostenido que detrás de algunas de estas operaciones existirían sociedades utilizadas para administrar o transferir activos cuya procedencia se encuentra bajo investigación. Una de las empresas señaladas es Agroalpes S.A.S., sociedad que aparece relacionada con Jonatan Velásquez López.
Según el expediente citado en el material periodístico, Agroalpes fue constituida con un capital de $60 millones y pocos días después adquirió 13 inmuebles. Entre ellos se encontraba Los Alpes. La investigación busca determinar por qué bienes que habían pertenecido a Vélez Hernández fueron transferidos a una sociedad de reciente creación y si esas operaciones tuvieron una justificación económica real.
La propia documentación pública permite confirmar que Agroalpes S.A.S. y Jonatan Velásquez López han aparecido dentro de procesos relacionados con investigaciones por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. Un informe oficial de la SAE registra a Agroalpes y a Velásquez dentro de actuaciones asociadas a esos delitos.
El elemento financiero resulta especialmente llamativo. Las cuentas de Agroalpes registraron movimientos superiores a $16.000 millones entre 2019 y 2022, mientras Velásquez habría realizado operaciones por aproximadamente $1.500 millones.
Ese contraste es el que plantea una de las preguntas centrales: ¿cómo una persona que aparece registrada en el Sisbén en una categoría de vulnerabilidad económica podía administrar o movilizar recursos de esa magnitud?
La respuesta no puede construirse únicamente a partir de la clasificación del Sisbén, porque pertenecer a ese sistema no demuestra por sí mismo incapacidad económica, delito ni participación en una estructura criminal. Sin embargo, para los investigadores, la diferencia entre el perfil socioeconómico registrado y el volumen de dinero manejado constituye un elemento que merece ser explicado mediante trazabilidad bancaria, declaraciones tributarias, escrituras, contratos y documentación empresarial.
Del arsenal a la hipótesis del intercambio
La segunda línea de investigación conecta las armas con una cadena de contactos entre presuntos emisarios de estructuras criminales y organismos del Estado.
Según lo publicado por EL TIEMPO, personas que decían hablar en nombre de alias Fortuna y de Juan José Valencia Zuluaga, alias F, habrían buscado inicialmente a la Unidad Nacional de Protección para entregar información relacionada con un supuesto atentado. Posteriormente, esos contactos habrían llegado a la Dirección Nacional de Inteligencia y finalmente a funcionarios de la Presidencia.
La versión de Andrés Idárraga es diferente a la lectura de quienes cuestionan su actuación. El exsecretario de Transparencia sostiene que su intervención consistió en poner en conocimiento de las autoridades una información que podía comprometer la seguridad presidencial y que el entonces presidente Gustavo Petro conoció el asunto.
Idárraga también aseguró que el procedimiento fue puesto en conocimiento de funcionarios de alto nivel, entre ellos la entonces directora del Dapre, Angie Rodríguez, el jefe de protección presidencial, general Guatibonza, y la fiscal general Luz Adriana Camargo. Según su versión, posteriormente se realizó un operativo en Santa Marta que permitió encontrar armas y explosivos relacionados con la información recibida.
Sin embargo, el problema aparece después del operativo.
De acuerdo con la reconstrucción periodística, quienes entregaron la información comenzaron a reclamar beneficios. Entre las solicitudes apareció el cambio de un depositario de bienes administrados por la SAE. En el audio atribuido a Amelia Pérez, la entonces funcionaria expresa su molestia por lo que interpreta como una presión para designar a una persona determinada.
“Yo decido a quién nombro y por qué”, se escucha decir a Pérez en la grabación divulgada y reproducida por varios medios.
Según el audio, Pérez habría señalado que Idárraga le pidió designar a Isabel Cristina Aguirre Piñeres como depositaria de uno de los bienes relacionados con Fortuna y que el asunto estaría conectado con información sobre armas y seguridad del entonces presidente Petro.
Aquí aparece la hipótesis más delicada: que la información sobre un supuesto atentado pudo haber sido utilizada como mecanismo de presión para obtener beneficios relacionados con bienes incautados o con procesos judiciales.
Pero esa hipótesis todavía requiere demostración judicial.
La pregunta que ahora debe responder la Fiscalía
La investigación tiene, por tanto, dos caminos que se cruzan en Los Alpes.
El primero es patrimonial: establecer quién era realmente el beneficiario económico de los predios, quién los administraba, de dónde salió el dinero utilizado en las operaciones y por qué una sociedad con un capital aparentemente reducido terminó vinculada a activos y movimientos financieros de considerable magnitud.
El segundo es criminal: determinar quién llevó la información sobre el supuesto atentado, quién ordenó o coordinó los operativos, cuál fue el origen de las armas encontradas y, especialmente, si esas armas realmente estaban destinadas a un atentado contra el entonces presidente o si fueron utilizadas para construir una historia que permitiera obtener beneficios.
Los emisarios de estructuras criminales habrían buscado acercamientos con diferentes entidades estatales y que la información entregada terminó produciendo operaciones de seguridad. También señaló que posteriormente surgieron solicitudes de beneficios.
Idárraga niega haber actuado irregularmente y sostiene que todo fue informado a las autoridades competentes.
Existe, además, un antecedente patrimonial que vuelve más relevante el caso. La Fiscalía ya había ejecutado operaciones de extinción de dominio sobre decenas de bienes asociados a Fortuna. Según reportes publicados en 2025, fueron ocupados 45 bienes valorados en más de $70.000 millones y capturados varios presuntos integrantes de su red, entre ellos Jonatan Velásquez López.
Por eso, Los Alpes no puede analizarse como una finca aislada donde apareció un arsenal. Es un punto dentro de una estructura patrimonial que las autoridades llevan años siguiendo.
La gran pregunta es si las armas constituyeron una amenaza real contra Gustavo Petro o si hicieron parte de una operación diseñada para obtener contraprestaciones del Estado. Y una segunda pregunta resulta inevitable: ¿hasta dónde llegaron los contactos entre los emisarios de Fortuna y funcionarios públicos?
El expediente deberá determinar si existió una actuación legítima de inteligencia frente a una amenaza presidencial, una manipulación criminal de información o una combinación de ambas.
Mientras esas respuestas no estén en una decisión judicial, hablar de un “falso positivo” como hecho probado sería prematuro. Lo que sí está documentado es la coincidencia de tres elementos extraordinariamente sensibles: un arsenal enterrado en una finca vinculada a una red investigada por lavado de activos, una cadena de contactos que llegó hasta altos funcionarios del Estado y solicitudes de beneficios sobre bienes bajo administración pública.
