El secretario de Estado de Estados Unidos ofreció en Barranquilla un respaldo amplio al Gobierno de Abelardo De La Espriella. La agenda bilateral prioriza la seguridad continental, el combate al narcotráfico, negociaciones arancelarias, proyectos de reconstrucción nacional y la estabilización institucional en la convulsa frontera con Venezuela.
La capital del departamento del Atlántico se convirtió en el escenario central para la redefinición de las relaciones bilaterales entre Bogotá y Washington. Tras cuatro años de fricciones políticas y enfriamiento institucional, la visita oficial del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, marcó el inicio de una etapa caracterizada por el alineamiento estratégico en materia de defensa e inteligencia. Durante una concurrida rueda de prensa, el jefe de la diplomacia estadounidense dejó clara la intención de la administración de Donald Trump de retomar el histórico nivel de alianza operativa que caracterizó a ambas naciones durante décadas.
Uno de los puntos de mayor repercusión política fue la posibilidad latente de que tropas o personal militar estadounidense vuelvan a tener presencia operativa directa en territorio colombiano bajo la sombrilla del denominado Escudo de las Américas. Ante la inquietud de los medios de comunicación sobre el alcance de estas medidas, el funcionario fue enfático en señalar que cualquier despliegue respetará de forma irrestricta la autonomía jurídica del país receptor.
“Nosotros podemos abrir una base militar, pero hay que invitarnos a hacerlo. Hay que estudiar a ver si eso es factible”, señaló Rubio, condicionando cualquier avance a la voluntad expresa del poder Ejecutivo local y a los cauces institucionales vigentes.
El debate no es menor en el contexto normativo colombiano. El antecedente jurídico de mayor peso remonta al acuerdo firmado en 2009, el cual permitía el uso coordinado de bases militares locales por parte de contingentes de Estados Unidos. En aquel momento, la Corte Constitucional determinó que este tipo de instrumentos exige el trámite formal de un tratado internacional, requiriendo el debate formal en el Congreso de la República y la posterior revisión de constitucionalidad.
Más allá de la discusión sobre la infraestructura física, Washington enfoca su oferta inmediata en el fortalecimiento técnico del aparato de defensa. El plan trazado incluye la transferencia de equipos militares de última generación, la optimización de sistemas de radares, el intercambio continuo de inteligencia estratégica y programas de entrenamiento especializado para la Fuerza Pública.
“Al final, la mayoría de la lucha las autoridades colombianas están dispuestas a asumirla por sí mismas. Simplemente necesitan nuestra ayuda con equipos. Necesitan nuestra ayuda con inteligencia. A veces necesitan nuestra ayuda con entrenamiento especializado”, dijo el secretario de Estado, precisando que las mesas técnicas entre el Ministerio de Defensa y el Pentágono ya se encuentran activas.
La sombra del narcotráfico, la certificación anual y la presión fronteriza
El combate a las economías ilícitas y la contención de los grupos armados ilegales dominan los compromisos inmediatos. Al ser consultado sobre el proceso anual de certificación contra el narcotráfico que Washington hace a sus socios globales, Rubio ofreció detalles clave sobre el calendario técnico que utiliza la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos. La evaluación que se publicará el próximo 15 de septiembre evaluará estrictamente el desempeño operativo registrado durante el periodo previo, coincidiendo con los últimos doce meses del mandato del expresidente Gustavo Petro.
Sin embargo, el diplomático anticipó que la nueva orientación impuesta por la Casa de Nariño alterará favorablemente el diagnóstico de cara a los ejercicios fiscales posteriores. “La nueva determinación tiene que ser el año que viene, pero obviamente la cooperación es muy distinta y yo creo que eso lo va a reflejar”, afirmó Rubio, valorando la ruptura ideológica con la administración anterior. En palabras del propio secretario de Estado, el nuevo Gobierno colombiano está asumiendo una tarea compleja: “Ustedes están enfrentando los errores de los últimos cuatro años y tienen que arreglar eso”.
El cuadro de seguridad se complica al observar la franja limítrofe oriental. La presencia de organizaciones criminales transnacionales y carteles del narcotráfico que utilizan el territorio venezolano como retaguardia estratégica para perpetrar acciones delictivas y cruzar la frontera hacia Colombia fue calificada como una amenaza directa e inaceptable.
“No es sostenible”, afirmó el alto funcionario estadounidense, al tiempo que advirtió que la resolución de este problema requerirá un trabajo prolongado y coordinado entre Bogotá, la diplomacia estadounidense, las autoridades interinas venezolanas y los sectores democráticos que buscan un cambio de régimen en Caracas. Esta visión coincide con la línea trazada en campaña por el presidente Abelardo De La Espriella, quien manifestó que la interlocución sobre los asuntos venezolanos se realizaría directamente con la Casa Blanca.
Today marks an important and renewed commitment to our long-standing relationship with the great people of Colombia.
🇺🇸 🤝 🇨🇴 pic.twitter.com/RYaBuSaaON
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 8, 2026
Negociaciones comerciales bajo la Sección 301 y un plan de reconstrucción nacional
En el terreno económico, el encuentro sirvió para abordar formalmente el gravamen del 12,5% impuesto por Estados Unidos a las exportaciones colombianas. Esta medida tarifaria fue adoptada por la Oficina del Representante Comercial (USTR) en el marco de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, mecanismo utilizado para examinar las políticas contra el trabajo forzado en 60 economías del mundo. Rubio detalló la trastienda jurídica tras la imposición de estos aranceles, explicando que la administración Trump debió reestructurar su política comercial tras un fallo adverso del Poder Judicial.
“El Tribunal Supremo tomó esa decisión, así que todo el sistema que el presidente utilizó para los terroristas se vino abajo. Entonces tuvimos que reinstituirlo a través del proceso 301”, explicó Rubio durante la conferencia. Pese al gravamen vigente, el funcionario enfatizó que existe una clara disposición ejecutiva para desactivar el castigo tarifario mediante la vía negociada. El Representante Comercial estadounidense, Jamieson Greer, encabeza las conversaciones con la delegación técnica colombiana. “El presidente tiene el deseo de llegar a un acuerdo lo antes posible”, afirmó, revelando que las comisiones ya han completado dos rondas de diálogo con avances sustanciales.
Paralelamente, la agenda bilateral incorporó la atención integral a la emergencia nacional provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Los cancilleres formalizaron los llamados “Acuerdos de Barranquilla”, un marco de entendimiento que busca articular la respuesta internacional en tres ejes: la recuperación de la infraestructura devastada, la reactivación productiva y el fortalecimiento de la seguridad regional.
Para ejecutar este plan, la propuesta de Washington va más allá de la transferencia de fondos públicos de asistencia. Se proyecta la creación de un fondo de reconstrucción multipropósito que canalizará capitales privados y la capacidad técnica de agencias y corporaciones estadounidenses, las cuales trabajarán en alianza directa con firmas del sector privado colombiano en proyectos de vivienda, red vial y red eléctrica. “Estamos buscando cuál es el plan. Ellos están preparando ese plan muy específico sobre exactamente cuáles son las áreas de reconstrucción en las que quieren enfocarse”, explicó.
Minerales estratégicos, tecnología nuclear y la ruta institucional de Venezuela
La dimensión geopolítica de la visita quedó sellada con la firma de memorandos de entendimiento dirigidos a garantizar el suministro de insumos industriales clave y la modernización energética. El primer convenio sitúa a Colombia como un actor relevante en la cadena global de minerales críticos y tierras raras. Este acuerdo responde de forma directa a la prioridad estratégica de Washington de reducir su dependencia productiva de China en materias primas fundamentales para el desarrollo de tecnología civil de punta, la transición energética y la manufactura de equipamiento militar de alta precisión. El segundo instrumento sentó las bases para la cooperación en energía nuclear con fines civiles.
En cuanto a la cercanía entre los jefes de Estado, Rubio confirmó que Donald Trump observa con entusiasmo el liderazgo del mandatario colombiano y reveló que ambos han sostenido varias conversaciones telefónicas. “El presidente está muy entusiasmado con su elección y con lo que esto puede representar para nuestras relaciones entre ambos países”, afirmó.
Sin embargo, aclaró que una cumbre presencial depende de ajustar agendas diplomáticas y de la promesa formulada por De La Espriella de no realizar viajes internacionales durante esta primera fase de gestión. “Todo es posible. No se ha programado hasta este momento, pero ya han hablado por teléfono un par de veces”, dijo.
El cierre de la gira dejó también un mensaje inequívoco respecto al futuro político del vecindario regional. Respecto a la crisis venezolana, el secretario de Estado insistió en que la salida democrática exige un proceso ordenado de restauración de las salvaguardas institucionales, en el cual Estados Unidos actúa como mediador entre la Asamblea Nacional de 2015 y la autoridad interina.
“Obviamente, para que haya elecciones hay que tener instituciones. Hay que tener una Corte Suprema, un comité electoral nacional, maquinaria de votación y partidos políticos. Hay que tener una prensa libre y abierta para que los candidatos puedan aspirar y expresarse. Todas las instituciones necesarias. Así que eso hay que construirlo a la misma vez que estemos reconstruyendo, ayudando a que Venezuela tenga una reconstrucción económica”, concluyó.
Con la firma de los acuerdos en la capital del Atlántico, la relación entre Colombia y Estados Unidos entra en un periodo de redefinición acelerada. El éxito de esta nueva alianza dependerá de la capacidad de ambos gobiernos para traducir los compromisos diplomáticos en resultados concretos en materia de aranceles, seguridad fronteriza e inversión en infraestructura.
