Habitantes de Piedecuesta enfrentan un riesgo mortal ante el colapso del sistema de cloración del acueducto municipal. Entre contratos amañados y una alarmante disparada de infecciones gastrointestinales, la administración de Oscar Javier Santos guarda silencio mientras el agua llega a los hogares sin tratamiento técnico.
Piedecuesta atraviesa una de las crisis de salud pública más severas de su historia reciente, marcada por una gestión administrativa cuestionable y un sistema de servicios públicos que parece haber priorizado el beneficio contractual sobre la vida de sus ciudadanos. En el centro de esta tormenta se encuentra el alcalde Oscar Javier Santos Galvis y la Piedecuestana de Servicios Públicos ESP, señalados por permitir el desmantelamiento técnico de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) La Colina, lo que ha derivado en una explosión de casos de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) que ya se cuenta por miles.
Las denuncias, que han escalado hasta los entes de control nacional, revelan un panorama desolador: una planta de tratamiento que dejó de ser automática para convertirse en un sistema rudimentario de “baldados”, un contrato de mantenimiento con presuntos sobrecostos astronómicos y una población que consume agua bajo la incertidumbre de su potabilidad.
La situación técnica en la PTAP La Colina es, según expertos y trabajadores, un retroceso de décadas en materia de ingeniería sanitaria. El sistema de cloración, vital para la eliminación de patógenos, ha sido intervenido de manera irregular.
Esta grave denuncia es respaldada por material gráfico epidemiológico que indica que, a partir de 2025, el acueducto dejó de funcionar con cloradores automáticos y comenzó un proceso de cloración manual. Este cambio drástico es identificado como la “principal posible causa del incremento de los casos de EDA observado a partir de 2025”.
La importancia de un sistema automático no es un capricho técnico; según el Sindicato nacional de las trabajadoras y los trabajadores de los servicios públicos, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la televisión, las corporaciones autónomas y los institutos descentralizados y territoriales de Colombia (Sintraemdes) subdirectiva Piedecuesta, la cloración debe ser un “sistema automático de dosificación, medición y control de cloro libre… que se mantendrá estable en el tiempo mediante medición del equipo”.
La ausencia de este control técnico pone en riesgo directo a los piedecuestanos. Sintraemdes advierte sobre el uso de arreglos “hechizos” que incluyen la instalación de una bomba reforzadora que no corresponde al diseño original del sistema, lo cual consideran una “teoría que carece de sustento técnico”. El sindicato enfatiza que estas irregularidades representan un “riesgo la vida y la salud de los operadores, trabajadores de planta y comunidad aledaña”, debido a que se manipula cloro gaseoso, un “compuesto químico altamente tóxico” que en caso de fuga podría causar que las personas “perderían rápidamente la vida”.
VER: DENUNCIA DEL SINDICATO DEL ACUEDUCTO
Contratación bajo sospecha y el espejo de la vecina Lebrija
La investigación periodística de Corrillos sobre la Piedecuestana de Servicios Públicos ESP revela un entramado contractual que sugiere un posible daño fiscal y favorecimiento a terceros. El foco está en el Contrato N° 300-2024, firmado el 2 de diciembre de 2024 con la empresa Serving Servicios e Ingeniería S.A.S., por un valor de $159.793.200. El objeto era el mantenimiento del sistema de cloración, pero los resultados distan mucho de ser satisfactorios.
Un contraste detallado con el municipio vecino de Lebrija pone en evidencia la magnitud de los presuntos sobrecostos. Mientras que en Lebrija la empresa de servicios públicos compró equipos de cloración nuevos marca REGAL 210 por un valor unitario de $8.100.000 más IVA, en Piedecuesta se pagó por el “supuesto mantenimiento” de equipos antiguos la suma de $9.750.000 por unidad. Es decir, el mantenimiento de un equipo viejo en Piedecuesta costó más que la compra de uno nuevo en Lebrija.
Sintraemdes denuncia además que el contratista Serving Servicios e Ingeniería S.A.S. fue juez y parte en el proceso: ellos realizaron el informe de necesidades y luego se les adjudicó el contrato para cubrirlas, sugiriendo un proceso “irregular y amarrado”. A esto se suma que, tras el supuesto mantenimiento, los cloradores no quedaron funcionando correctamente. Específicamente, se reportó que el “Clorador N° 3 que no funcionaba antes ni funcionó después del mantenimiento”. Resulta escandaloso que se hayan pagado $29.380.000 más IVA solo por la “pintura e instalación de letreros de demarcación” en un cuarto de cloración de apenas 45 metros cuadrados.
El líder social y docente Holguer Alfredo Cruz ha sido una de las voces más críticas, lanzando un interrogante que resuena en las calles del municipio.
“¿Qué es lo que realmente ocurrió o está ocurriendo con el sistema de cloración del agua potable que nos llega a los hogares piedecuestanos?, el sistema de vigilancia en salud pública reporta que durante su gobierno se dispararon alarmantemente los casos de enfermedad diarreica aguda, tocando un techo cercano a las 17 mil víctimas de esta enfermedad el año pasado, con gran preocupación por proyección de casos para el presente año”, dijo.
Cruz cuestiona con dureza la operatividad actual: “¿Es cierto que hace más de 1 año se dañó el sistema de cloración del acueducto y en vez de reemplazarlo, le están echando el cloro a los tanques de manera manual, a baldados, sin control técnico, como si se tratara de echarle cloro a la piscina de algún balneario?”.
VER: INFORME DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE PIEDECUESTA
Emergencia sanitaria en cifras con un aumento del 200%
El impacto de estas decisiones administrativas en la salud de la población es innegable. El informe de la Secretaría de Salud de Piedecuesta y los datos del SIVIGILA muestran un crecimiento alarmante de la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA). Entre 2024 y 2025, el número de casos totales de EDA en el municipio pasó de 5.560 a 16.660, lo que representa una “variación del +199,8% frente al año anterior”.
Las cifras oficiales para el año 2026 son aún más preocupantes, con una proyección anual que alcanza los 18.660 casos. La Secretaría de Salud reconoce un “incremento inusitado en el número de casos” durante la vigencia 2024. Aunque la entidad intenta matizar la situación mencionando otros agentes etiológicos como virus y parásitos que se transmiten por alimentos o contacto directo, los gráficos epidemiológicos son contundentes al vincular el pico máximo de la enfermedad con el cese del funcionamiento de los cloradores automáticos en la PTAP La Colina.
La carga de la enfermedad se concentra peligrosamente en los más vulnerables. Los datos muestran que la mayor afectación se da en menores de 9 años, con cientos de casos reportados en lactantes y niños de 1 a 4 años. Esta situación es calificada por Holguer Cruz como un hecho “inaudito” para un municipio que, según el Departamento Nacional de Planeación, ahora se destaca a nivel nacional “entre los municipios con peor logro en la gestión gubernamental”.
Clamor por justicia ante presuntas irregularidades
Ante la gravedad de los hechos, el veedor ciudadano Óscar Humberto Cote ha solicitado formalmente a las autoridades nacionales y departamentales la apertura de investigaciones disciplinarias y penales. La desconfianza en la administración municipal se ha profundizado debido a denuncias adicionales sobre una “presunta doble contabilidad en las finanzas del municipio” y un posible descuadre superior a los 35 mil millones de pesos.
Sintraemdes ya ha radicado solicitudes de investigación ante la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, denunciando el incumplimiento del contrato de cloración, posibles sobrecostos y la puesta en riesgo de la salud pública. Los trabajadores de la empresa aseguran que se pretende “realizar rápidamente un nuevo contrato para la compra de equipos de cloración nuevos, con el fin de tapar los posibles actos irregulares de corrupción” que quedaron en evidencia con el fallido mantenimiento anterior.
La comunidad piedecuestana exige que el alcalde Oscar Javier Santos “ponga la cara” y ofrezca explicaciones directas sobre el manejo del agua potable. Como señala una carta abierta de Holguer Cruz, “una comunidad que desconfía de sus instituciones es una comunidad que se desalienta, que pierde el ánimo, que se atrasa porque pierde la ilusión”.
El manejo artesanal de un proceso técnico crítico no solo es una muestra de negligencia administrativa, sino un ataque directo al derecho fundamental a la salud y al agua potable de más de 160 mil habitantes. La justicia colombiana tiene ahora la responsabilidad de determinar si los baldados de cloro fueron también baldados de corrupción que terminaron enfermando a todo un pueblo.
