El Gobierno de Abelardo De La Espriella cerró este 11 de septiembre los últimos espacios de diálogo heredados de Gustavo Petro, poniendo punto final a la llamada paz total. La decisión marca un giro radical: del diálogo simultáneo con organizaciones armadas a sometimiento, justicia y ofensiva estatal.
“Se acabó la falsa paz”. Con esa frase, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó este 11 de septiembre el cierre de los últimos procesos de diálogo y espacios sociojurídicos heredados del gobierno de Gustavo Petro. La decisión formaliza el desmonte de una de las políticas centrales de la administración anterior y abre una nueva etapa en la estrategia estatal frente a las organizaciones armadas.
A través de resoluciones expedidas durante su primer mes de gobierno, la administración De La Espriella terminó los escenarios de negociación con diferentes estructuras. Entre ellos aparecen el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano; el Frente Guerrillero Comuneros del Sur y el Ejército de Liberación Nacional.
También fueron cerrados los espacios sociojurídicos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura. Igualmente, se determinó levantar la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.
La Presidencia justificó la decisión con una advertencia que resume el nuevo enfoque gubernamental: “El Gobierno nacional no mantendrá escenarios institucionales que sean instrumentalizados para prolongar el accionar delictivo, obtener beneficios procesales o evadir el imperio de la ley”.
La ruptura no es solamente administrativa. Representa un cambio conceptual. Durante el gobierno Petro, la denominada paz total buscó desarrollar simultáneamente negociaciones políticas con guerrillas y procesos de sometimiento o conversaciones sociojurídicas con organizaciones criminales. El nuevo Ejecutivo elimina esa arquitectura y plantea que quienes quieran abandonar las armas deberán hacerlo dentro de las condiciones establecidas por la justicia.
El presidente también sostuvo que “en mi gobierno los criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad”. El mandatario resumió su doctrina con otra frase contundente: “La paz verdadera se construye con seguridad, autoridad y justicia”.
La decisión llega, además, después de que algunos de estos procesos ya habían entrado en crisis, estaban suspendidos o presentaban resultados limitados. El diálogo con el ELN, por ejemplo, permanecía suspendido desde enero de 2025. Por eso, el anuncio presidencial no crea el cierre desde cero: formaliza jurídicamente el final de una política que venía debilitándose durante el último tramo del gobierno Petro.
$125.174 millones y una pregunta que queda sin respuesta
El componente económico convierte el balance de la paz total en otro de los asuntos centrales de esta discusión. Según información publicada por distintos medios, entre agosto de 2022 y junio de 2026 se ejecutaron $125.174 millones relacionados con las negociaciones y acercamientos de la política.
El consolidado fue elaborado por el Grupo de Planeación y Finanzas de la Consejería Comisionada de Paz, con información del Fondo Paz y del Sistema Integrado de Información Financiera. Del total, $107.572 millones correspondieron a negociaciones con grupos armados y $17.601 millones a conversaciones con estructuras criminales de alto impacto.
El dato adquiere relevancia porque el gasto no estuvo acompañado por acuerdos de paz definitivos ni por el desmantelamiento generalizado de las organizaciones que participaron en las conversaciones. En otras palabras, el Estado destinó recursos importantes para sostener una arquitectura de negociación que no consiguió producir una salida integral de los actores armados.
Los mayores rubros también muestran las dimensiones logísticas de la política. Según el reporte citado por Infobae, cerca de $43.180 millones correspondieron a seguridad y movilidad, incluidos aproximadamente $21.979 millones en vuelos y $21.200 millones en esquemas de protección.
Aquí aparece una pregunta que trasciende la disputa política entre Petro y De La Espriella: ¿cómo evaluar una política pública de paz cuando el principal resultado termina siendo el cierre de las mesas que la sustentaban?
La respuesta no puede reducirse a decir que todo fue un fracaso ni, en el extremo contrario, que todo diálogo careció de valor. De hecho, hubo acuerdos parciales, ceses y experiencias locales que produjeron resultados temporales. El problema, según diferentes análisis, estuvo en la dificultad para convertir esos avances en procesos sostenibles de desarme, desmovilización, sometimiento y transformación territorial.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP), en su balance publicado en agosto de 2026, plantea una conclusión particularmente severa: después de cuatro años, la paz total dejó “más costos que ganancias” y su fracaso estuvo relacionado no solamente con errores políticos o de seguridad, sino con un diseño institucional y jurídico deficiente.
El problema fue estructural. Las mesas podían producir compromisos, pero no existían siempre las herramientas jurídicas, institucionales y políticas necesarias para convertirlos en resultados definitivos. La propia FIP señala que los proyectos de ley destinados a facilitar el sometimiento colectivo fueron archivados o quedaron estancados.
Más grupos armados, más disputas y el desafío para el nuevo Gobierno
El indicador que más golpea la narrativa de éxito de la paz total es el crecimiento de las organizaciones armadas. Según la FIP, con base en cifras de la Fuerza Pública, Colombia llegó a julio de 2026 con alrededor de 28.802 integrantes de grupos armados, frente a 15.120 registrados en diciembre de 2022. El incremento alcanza aproximadamente 90 %.
El Clan del Golfo aparece como la estructura más numerosa, con 10.268 integrantes, seguido por el ELN, con 7.123; el Estado Mayor Central, con 4.480; y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, con 2.359.
Pero el dato requiere una lectura cuidadosa. La expansión de los grupos armados no puede atribuirse exclusivamente a la paz total. La propia FIP advierte que existen factores estructurales relacionados con las fallas acumuladas de las políticas de seguridad y con las economías ilegales. Sin embargo, también señala que algunos ceses al fuego y la actitud pasiva del Estado pudieron favorecer el fortalecimiento de determinadas organizaciones.
Las disputas territoriales también aumentaron. La FIP señala que los escenarios de confrontación entre actores armados ilegales pasaron de siete en 2022 a 14 en 2026 y que durante 2025 se registraron 116 enfrentamientos entre grupos, la cifra anual más alta desde 2016.
Este escenario ayuda a entender el giro del nuevo Gobierno. De La Espriella no recibió un conflicto resuelto, sino un mapa armado más fragmentado, con organizaciones fortalecidas y territorios donde el Estado todavía enfrenta serios desafíos.
El escenario heredado -revelado hace unos días por el diario EL PAIS de España- registra que, cerca de 29.000 integrantes de grupos armados permanecían activos y al menos 14 zonas registraban disputas entre organizaciones ilegales. El nuevo mandatario, en consecuencia, ha planteado una estrategia de choque centrada en la captura de cabecillas y el fortalecimiento de la respuesta militar y policial.
La primera prueba de esa estrategia ya apareció. El 5 de septiembre, un ataque con drones atribuido al ELN contra un cantón militar en Ocaña dejó tres militares muertos y cuatro heridos. El hecho mostró que cerrar las mesas no significa que el conflicto desaparezca: significa que el Estado cambia las herramientas con las que pretende enfrentarlo.
Ese será precisamente el mayor desafío de De La Espriella. Terminar la paz total puede ser una decisión políticamente contundente, pero no constituye por sí misma una política de seguridad. El Gobierno tendrá que demostrar que el nuevo modelo puede recuperar territorios, reducir homicidios, combatir las economías ilícitas, proteger a las comunidades y evitar que la ofensiva estatal produzca nuevas fragmentaciones criminales.
La FIP deja una advertencia útil para esta nueva etapa. La paz, sostiene, requiere una visión clara, un método, un marco jurídico y capacidades institucionales suficientes. Negociar sin objetivos concretos puede fortalecer a los interlocutores armados; pero combatir sin una estrategia territorial y social también puede resultar insuficiente.
