En tres años, los ataques con drones pasaron de ser una amenaza incipiente a convertirse en una herramienta recurrente de los grupos armados. Un informe de inteligencia revela 690 acciones desde 2023, 292 durante 2026, y un salto tecnológico que amplía la capacidad de golpear a distancia.
El 21 de julio de 2023 ocurrió un episodio que, visto en retrospectiva, marcó un punto de inflexión en la evolución de la confrontación armada en Colombia. En la vereda Laureles, zona rural de Puerto Guzmán, Putumayo, los llamados ‘Comandos de Frontera’ utilizaron un dron cargado con explosivos contra la Fuerza Pública.
En aquel momento, la dimensión del fenómeno todavía parecía limitada. Durante todo ese año fueron registrados apenas dos ataques. Sin embargo, la estadística comenzó a crecer de manera acelerada: 119 eventos en 2024, 277 en 2025 y 292 en lo corrido de 2026, de acuerdo con el informe de inteligencia actualizado al 7 de septiembre.
La secuencia resulta reveladora. En menos de nueve meses de 2026 ya se superó el número de ataques registrado durante todo 2025. En términos acumulados, las autoridades contabilizan 690 acciones desde el inicio de esta modalidad.
El dato adquiere mayor relevancia cuando se observa la proporción que representa el último año. Los 292 ataques registrados durante 2026 equivalen aproximadamente al 42 % de todos los eventos documentados desde 2023.
No se trata, por tanto, de una sucesión de hechos aislados. La estadística evidencia la consolidación de una modalidad de ataque que pasó rápidamente de ser experimental a formar parte del repertorio operativo de varias organizaciones armadas ilegales.
El cambio también revela una transformación en el uso de tecnologías comerciales. Los drones, relativamente accesibles y originalmente empleados para vigilancia, reconocimiento y observación, comenzaron a ser modificados para transportar explosivos y atacar objetivos ubicados a distancia.
Esa evolución tiene una consecuencia estratégica evidente: el operador puede encontrarse lejos del lugar donde ocurre la explosión. La tecnología introduce una separación física entre quien ejecuta la acción y la víctima, lo que dificulta la respuesta inmediata de las unidades atacadas y modifica los riesgos de la confrontación.
La inteligencia militar, en consecuencia, ya no solamente debe identificar movimientos terrestres. También debe establecer quién compra los equipos, quién los adapta, quién los opera y desde dónde se preparan las acciones.
‘Iván Mordisco’ concentra la mayor capacidad registrada
El informe también permite establecer qué estructuras armadas aparecen con mayor frecuencia asociadas a esta modalidad. El grupo de disidencias comandado por ‘Iván Mordisco’ ocupa el primer lugar, con 382 ataques registrados entre 2025 y 2026.
De ese total, 237 corresponden a 2025 y 145 a los primeros meses de 2026. La cifra representa más de la mitad de los 690 eventos acumulados desde el inicio de la serie.
Dentro de esta clasificación aparecen estructuras como ‘Jaime Martínez’, ‘Carlos Patiño’, ‘Dagoberto Ramos’, ‘Franco Benavides’, ‘Armando Ríos’, ‘Comisión 26 de Marzo’, ‘Ismael Ruiz’ y ‘Carolina Ramírez’.
La concentración territorial también resulta significativa. Varias de estas estructuras tienen presencia en Cauca y otros departamentos del suroccidente colombiano, una región donde la inteligencia ha identificado una importante acumulación de ataques con drones.
El segundo actor con una presencia considerable en la estadística es el Eln. El reporte le atribuye 155 eventos entre 2025 y 2026: 36 durante el año anterior y 119 en lo corrido del presente año.
Entre las estructuras relacionadas aparecen los frentes ‘Juan Fernando Porras Martínez’, ‘Camilo Torres Restrepo’, ‘Ernesto Che Guevara’, ‘Luis Enrique León Guerra’, ‘Domingo Laín Sáenz’, ‘María Cano’ y ‘Cacique Calarcá’, además de compañías y unidades desplegadas en diferentes regiones.
La facción de las disidencias asociada a ‘Calarcá’ aparece con otros 30 ataques entre 2025 y 2026. Cuatro ocurrieron en 2025 y 26 durante 2026. En este grupo figuran las estructuras ‘Rodrigo Cadete’, ‘36’ y ‘Éver Castro’.
Los ‘Comandos de Frontera’, responsables del primer ataque documentado en 2023, aparecen con cuatro hechos: dos en ese año y dos durante 2026.
La lectura de estas cifras permite establecer una conclusión: el empleo de drones explosivos dejó de estar concentrado en una sola organización o territorio. Diferentes estructuras han incorporado la tecnología y la han adaptado a sus propias capacidades operativas.
Pero también hay una segunda conclusión. La expansión no ocurre de manera homogénea. Algunas regiones, especialmente corredores del suroccidente, concentran una parte importante de los hechos, lo que coincide con la presencia territorial de estructuras armadas con capacidad para sostener operaciones de este tipo.
El caso de Patía, Cauca, resulta especialmente ilustrativo. El último ataque incluido en el reporte ocurrió el 6 de septiembre de 2026 y fue atribuido al frente ‘Carlos Patiño’, perteneciente a las disidencias de ‘Iván Mordisco’.
Dos días después, el episodio ya hacía parte del consolidado de inteligencia. El hecho confirma que la modalidad continúa activa y que la curva de crecimiento todavía no muestra señales evidentes de estabilización.
Heridos, muertos y una nueva dimensión de la guerra
Detrás de los 690 ataques existe un costo humano que permite dimensionar la gravedad de la amenaza. El informe registra 487 personas afectadas entre integrantes de la Fuerza Pública y población civil.
Los militares concentran la mayor cantidad de heridos. Entre 2024 y 2026 se contabilizan 342 uniformados lesionados: 31 durante 2024, 166 en 2025 y 145 en lo corrido de 2026.
A ellos se suman 59 policías heridos. El registro señala 36 casos en 2024, siete en 2025 y 16 durante 2026.
La población civil tampoco permanece al margen. El balance registra 55 civiles heridos: 28 durante 2024, 15 durante 2025 y 12 en lo corrido de este año.
El componente más grave corresponde a los fallecimientos. El reporte contabiliza seis civiles asesinados, aunque advierte la existencia de un subregistro y otras fuentes han reportado más de diez víctimas. También aparecen tres policías asesinados y 22 militares muertos.
En el caso de los militares fallecidos, 15 corresponden a 2024, seis a 2025 y uno a 2026.
Estas cifras permiten observar que el fenómeno no puede ser reducido a un problema estrictamente militar. Cuando los ataques ocurren cerca de comunidades, vías, instalaciones o zonas habitadas, la población civil queda expuesta a una amenaza que puede ser difícil de anticipar.
Pero quizá el dato más revelador de la transformación tecnológica aparece el 24 de enero de 2026. Ese día se registró, según el documento, el primer ataque con un dron kamikaze en Colombia. El hecho ocurrió en el sector de El Estanquillo, en Patía, Cauca, y fue atribuido al frente ‘Carlos Patiño’.
La diferencia es sustancial. El dron ya no es solamente una plataforma para transportar y lanzar una carga explosiva. En esta modalidad, el propio aparato se convierte en parte del mecanismo de ataque y es dirigido hacia el objetivo.
La evolución introduce un nuevo desafío para la Fuerza Pública. Detectar un aparato pequeño en el aire, establecer su trayectoria y neutralizarlo antes de que llegue a su objetivo exige capacidades diferentes a las utilizadas frente a amenazas terrestres convencionales.
La guerra, en ese sentido, incorpora una dimensión aérea de bajo costo y alta disponibilidad. Un aparato comercial puede ser transformado en una herramienta ofensiva, mientras su operador permanece alejado del área de combate. Por eso, el informe de inteligencia no solamente cuenta explosiones. También registra la transformación de una amenaza.
