El narcotráfico colombiano ya no puede analizarse únicamente como un problema de seguridad. Un informe de The Economist revela la dimensión económica de la cocaína y plantea un desafío político para el Gobierno: combatir una industria ilegal que genera enormes recursos, penetra territorios vulnerables y mantiene una demanda internacional creciente.
El reciente reportaje publicado por The Economist, vuelve a poner a Colombia frente a una realidad que durante décadas ha condicionado su economía, su política y su seguridad: el país continúa siendo el principal centro mundial de producción de cocaína.
El medio estima que Colombia concentra alrededor del 70% de la cocaína comercializada globalmente y calcula en unos 15.000 millones de dólares el tamaño del negocio relacionado con el país. También plantea que, desde 2024, el valor de la cocaína habría superado al petróleo como principal producto colombiano de exportación.
Esta última afirmación debe entenderse como una estimación económica del mercado ilegal, no como una cifra oficial de comercio exterior. La cocaína no aparece en las estadísticas legales de exportación y, por su propia naturaleza clandestina, cualquier cálculo está sujeto a metodologías y márgenes de incertidumbre.
Sin embargo, la comparación resulta políticamente poderosa. Para Juvenal Bolívar, profesor universitario y experto en marketing político, el dato debe interpretarse más allá del impacto que genera el titular.
“La verdadera preocupación no está solamente en cuánto dinero produce el narcotráfico, sino en la capacidad que tiene esa economía ilegal para competir con actividades formales por territorio, mano de obra y poder. Cuando una economía clandestina resulta más rentable que algunas actividades legales, el problema deja de ser exclusivamente policial y se convierte en un desafío de Estado”, dijo.
La lectura permite entender por qué la discusión sobre drogas continúa siendo uno de los asuntos más complejos de la agenda pública colombiana.
Una cadena que comienza en la pobreza rural
El informe de The Economist recorre la cadena desde los cultivos de coca hasta los mercados internacionales. Pero detrás de esa ruta existe un elemento que frecuentemente queda relegado en el debate político: las condiciones económicas de las comunidades donde comienza el negocio.
El medio señala que los recolectores de hoja de coca pueden obtener aproximadamente el doble de lo que recibirían trabajando en la recolección de café. Esa diferencia económica ayuda a explicar la permanencia de los cultivos en determinadas regiones.
La coca no aparece allí simplemente porque un grupo armado decida sembrarla. Existe una estructura económica que ofrece compradores, transporte y dinero inmediato en lugares donde las alternativas legales pueden ser escasas, costosas o poco competitivas.
Para Bolívar, este aspecto representa uno de los mayores desafíos comunicativos para cualquier Gobierno.
“El Estado suele comunicar la erradicación como un éxito en términos de hectáreas destruidas, pero una comunidad rural no evalúa el resultado con esa misma métrica. Lo evalúa preguntándose qué va a sembrar, cuánto va a ganar y cómo va a sostener a su familia. Si esas respuestas no existen, el mensaje institucional pierde credibilidad”.
La afirmación plantea una discusión sobre la efectividad de las políticas públicas. Una estrategia contra los cultivos ilícitos puede ser contundente desde la perspectiva operativa, pero insuficiente si no modifica las condiciones económicas que hacen atractiva la coca.
La producción tampoco termina en el campo. El reportaje muestra laboratorios clandestinos donde la hoja es procesada y transformada en productos que posteriormente ingresan a otras fases de la cadena.
El dato que más permite dimensionar la escala productiva es la estimación de que se requieren aproximadamente 600 kilogramos de hoja de coca para obtener un kilogramo de cocaína.
Más que una cifra aislada, esa relación muestra la necesidad de una infraestructura extensa. Hay cultivos, trabajadores, compradores, instalaciones de procesamiento, químicos, transporte y redes encargadas de sacar el producto de las zonas rurales.
La existencia de esta cadena demuestra que el narcotráfico funciona como una estructura económica con diferentes niveles de especialización. No todos los participantes cumplen la misma función ni reciben los mismos ingresos.
El campesino que cultiva o recolecta la hoja ocupa una posición muy distinta de quienes controlan los laboratorios, financian los cargamentos o manejan las rutas internacionales.
La geografía colombiana como ventaja para el crimen organizado
Colombia posee una posición geográfica excepcional. Tiene fronteras terrestres con cinco países y acceso al Pacífico, el Atlántico y el Caribe. Esa condición, que representa una ventaja para el comercio legal y para la integración internacional, también puede ser aprovechada por las organizaciones criminales.
El reportaje identifica a Tumaco y Buenaventura como puntos relevantes de salida hacia el Pacífico y describe diferentes modalidades de transporte, desde cargamentos ocultos en barcos hasta embarcaciones sumergibles artesanales.
Aquí aparece otra característica del narcotráfico: su capacidad de adaptación. Cuando una ruta es controlada, aparecen otras. Cuando un método es detectado, se modifica. Cuando una organización es golpeada, otras pueden ocupar el espacio.
La lógica se parece, en términos económicos, a la de un mercado altamente flexible, aunque en este caso esté sostenido por una actividad criminal.
“Estamos frente a una economía ilegal que aprende, se adapta y responde a los controles”, advierte Bolívar. “Por eso una política pública exclusivamente reactiva puede terminar persiguiendo permanentemente los síntomas sin modificar las causas”.
La discusión tampoco puede quedarse dentro de las fronteras colombianas. The Economist calcula que aproximadamente 25 millones de personas consumen cocaína en el mundo y señala que Europa concentra cerca del 22% de ese mercado.
Esos datos muestran una paradoja: Colombia concentra una parte sustancial de la producción, pero buena parte de las ganancias finales se generan lejos de los territorios donde se cultiva la coca.
La demanda internacional es, en consecuencia, uno de los motores fundamentales del negocio.
Desde la perspectiva del marketing político, Bolívar considera que este punto debería cambiar la forma como los gobiernos presentan el problema ante la ciudadanía.
“Colombia no puede comunicar la lucha contra las drogas como si fuera un conflicto exclusivamente colombiano. Hay producción, pero también existe consumo, lavado de activos, financiación internacional y distribución en otros países. El problema es global y la respuesta también debería serlo”, precisó.
Esta lectura resulta particularmente relevante porque la política antidrogas suele concentrarse en imágenes de erradicación, incautaciones y destrucción de laboratorios, mientras recibe menor atención la dimensión financiera del negocio.
El dinero también compra poder
Los 15.000 millones de dólares estimados por The Economist adquieren mayor importancia cuando se relacionan con la capacidad de las organizaciones criminales para ejercer influencia. El dinero del narcotráfico puede financiar armas, corrupción, estructuras logísticas, control territorial y captación de jóvenes.
Por eso, el verdadero desafío no está únicamente en destruir la mercancía. Está en impedir que las ganancias ilegales se conviertan en poder político, económico o territorial.
Para Bolívar, esta es una de las amenazas menos visibles: “Cuando una economía ilegal acumula suficiente capital, deja de ser solamente un negocio criminal. Puede convertirse en un mecanismo de poder. Puede comprar silencios, financiar estructuras, influir sobre comunidades y alterar decisiones públicas. Allí es donde el narcotráfico representa una amenaza directa para la democracia”.
La advertencia introduce una variable fundamental: la seguridad democrática no depende solamente de la capacidad de las fuerzas militares y policiales, sino también de la fortaleza de las instituciones para impedir que el dinero criminal penetre los espacios de decisión.
El presidente Abelardo de la Espriella ha anunciado una “guerra total” contra los carteles, según recoge el informe, con respaldo de Estados Unidos mediante un paquete de seguridad de 1.000 millones de dólares.
La estrategia plantea una ofensiva de gran magnitud, pero también abre interrogantes.
Una política de seguridad puede incrementar las incautaciones y afectar estructuras criminales. Sin embargo, si no existe una estrategia paralela de desarrollo rural, sustitución económica, educación, empleo y fortalecimiento institucional, los incentivos que alimentan el mercado pueden permanecer intactos.
La experiencia colombiana demuestra que los golpes contra determinadas organizaciones no necesariamente eliminan el mercado. Con frecuencia provocan transformaciones internas, fragmentaciones y aparición de nuevos actores.
Por eso, el éxito de una política antidrogas no debería medirse solamente por el número de capturas o toneladas incautadas.
También debería evaluarse por la reducción sostenible de cultivos, la disminución de la violencia, el fortalecimiento de las economías legales y la capacidad de las comunidades para vivir sin depender de la coca.
Una batalla también comunicativa
El análisis de Juvenal Bolívar introduce una dimensión adicional: la comunicación política.
En un país profundamente polarizado, la lucha contra el narcotráfico puede convertirse fácilmente en un instrumento discursivo. Un Gobierno puede utilizar cifras de incautaciones para demostrar eficacia; sus opositores pueden utilizar las cifras de producción para cuestionarla.
El riesgo consiste en convertir un problema estructural en una disputa de propaganda. “Una política pública no puede depender únicamente de la construcción de una percepción de éxito”, sostiene Bolívar. “La ciudadanía necesita resultados verificables y una narrativa que explique qué está cambiando realmente en los territorios”.
La advertencia es especialmente relevante frente al uso político de las cifras. Una reducción temporal de los cultivos no significa necesariamente una disminución del negocio; del mismo modo, una incautación récord no demuestra por sí sola que el mercado esté desapareciendo.
El reportaje de The Economist aporta una fotografía internacional de un problema que Colombia conoce desde hace décadas, pero que continúa transformándose.
Su principal aporte no está únicamente en señalar que Colombia produce cerca del 70 % de la cocaína mundial o en estimar el negocio en 15.000 millones de dólares. Está en mostrar que detrás de esas cifras existe una cadena económica que atraviesa campos, laboratorios, ciudades, puertos y mercados internacionales.
La cocaína no es solamente una mercancía ilegal. Es también empleo informal, financiación criminal, violencia, corrupción, desplazamiento, pobreza y disputa territorial. Por eso, la respuesta tampoco puede reducirse a una operación policial.
Colombia necesita una política que ataque simultáneamente las finanzas del narcotráfico, las estructuras armadas, los cultivos, las rutas, el lavado de activos y, especialmente, las condiciones sociales que permiten que la economía ilegal siga encontrando mano de obra y territorios disponibles.
La comparación entre cocaína y petróleo puede resultar provocadora, pero deja una conclusión mucho más profunda: mientras una economía ilegal sea capaz de generar recursos suficientes para competir con sectores estratégicos de la economía formal, Colombia seguirá enfrentando un problema que no se resuelve únicamente con policías, soldados ni discursos.
El verdadero desafío será demostrar que el Estado puede hacer que la legalidad resulte más rentable, más segura y más atractiva que la economía criminal.
Ese, en última instancia, será el indicador que permita determinar si una nueva “guerra total” contra los carteles representa un cambio estructural o simplemente otro capítulo de una batalla que Colombia lleva décadas librando.
