El mundo se disputa el petróleo, los minerales y el poder tecnológico, mientras una riqueza indispensable para la vida pierde terreno: el agua dulce disponible. No estamos ante la desaparición del agua del planeta, sino ante una crisis de acceso, contaminación y sobreexplotación que amenaza la estabilidad de millones de personas. Un planeta que consume su futuro.
Por: Diego Armando Pérez Mayorga | En enero de 2026, la Universidad de las Naciones Unidas publicó un informe que puso sobre la mesa un concepto inquietante: la quiebra hídrica mundial. La advertencia es seria. Numerosos sistemas naturales están siendo explotados por encima de su capacidad de recuperación, mientras los humedales desaparecen, los acuíferos se agotan y las fuentes de abastecimiento soportan presiones crecientes.
El Banco Mundial estimó en noviembre de 2025 que las reservas terrestres de agua dulce disminuyen en unos 324.000 millones de metros cúbicos al año. Ese volumen equivale a las necesidades anuales de 280 millones de personas. Además, el uso mundial del agua aumentó un 25 por ciento desde el año 2000. No significa que el planeta esté perdiendo toda esa cantidad de agua del ciclo natural, sino que sus reservas continentales están sometidas a una presión que no podemos ignorar.
Detrás de estas cifras hay decisiones humanas. La extracción excesiva de aguas subterráneas, la deforestación, la contaminación y los modelos de producción que desconocen los límites ecológicos están agravando un problema que durante décadas se trató como una preocupación secundaria. Hemos actuado como si la naturaleza tuviera una capacidad infinita para reponer todo lo que consumimos.
Según Naciones Unidas, 2.100 millones de personas carecían de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura en 2024. La cifra revela una de las contradicciones más profundas de nuestro tiempo: la humanidad posee conocimientos científicos y capacidades tecnológicas extraordinarias, pero todavía no consigue garantizar un servicio esencial para la vida de una parte enorme de la población.
La desigualdad se manifiesta incluso en el tiempo que cuesta conseguir agua. Naciones Unidas estima que las mujeres y las niñas dedican alrededor de 250 millones de horas diarias a recogerla. Son horas que podrían destinarse a estudiar, trabajar, descansar o construir mejores oportunidades. Mientras algunos hogares disfrutan de suministro permanente, otros deben organizar su vida alrededor de la incertidumbre.
Aquí aparece una pregunta incómoda: ¿la crisis del agua es solamente un problema de escasez o también es el resultado de las prioridades de nuestras sociedades? Cuando una comunidad carece de agua potable, mientras existen recursos para financiar otras actividades, resulta legítimo exigir explicaciones sobre la planificación, la inversión pública y las decisiones que determinan quién recibe el servicio y quién queda esperando.
La agricultura representa aproximadamente el 72 por ciento de las extracciones mundiales de agua dulce, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La cifra no significa que producir alimentos sea el enemigo del agua. Significa que cualquier estrategia seria debe transformar la manera en que utilizamos este recurso en el campo, la industria y las ciudades.
La modernización del riego, la reducción de fugas, el tratamiento de aguas residuales y la protección de las cuencas son medidas indispensables. Pero también necesitamos transparencia sobre el consumo de las grandes actividades económicas y controles efectivos para evitar que los beneficios privados terminen trasladando los costos ambientales a las comunidades.
El agua no puede administrarse únicamente bajo la lógica de cuánto produce o cuánto cuesta. Es un recurso estratégico y un bien esencial para la vida. Su gestión debe conciliar la actividad económica con el derecho de las personas a disponer de agua segura y con la obligación de conservar las fuentes para las generaciones futuras.
Colombia es reconocida por su riqueza hídrica, pero tener grandes ríos y extensas regiones húmedas no garantiza que todos sus habitantes dispongan de agua potable. La distribución territorial, las temporadas climáticas, la contaminación y las deficiencias de infraestructura hacen que la disponibilidad real sea muy diferente entre regiones.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística reportó que el suministro total de agua extraída en el país pasó de 185.434,5 hectómetros cúbicos en 2023 a 180.528,4 en 2024, una reducción del 2,6 por ciento. Esta variación no demuestra por sí sola que Colombia esté agotando sus reservas, pero confirma la importancia de estudiar cómo utilizamos el recurso y qué presiones enfrenta.
En el Magdalena Medio, proteger el río Magdalena, las ciénagas, los humedales y las fuentes de abastecimiento debe ser una prioridad permanente. La actividad industrial, la expansión urbana y la producción económica necesitan controles ambientales rigurosos y sistemas de saneamiento capaces de prevenir daños que después resultan mucho más costosos de corregir.
Barrancabermeja sabe lo que significa convivir con una industria estratégica y con las responsabilidades ambientales que ello implica. El desarrollo no debería obligarnos a elegir entre empleo y agua limpia. La verdadera responsabilidad de las instituciones, las empresas y la ciudadanía consiste en construir condiciones para que la actividad productiva genere bienestar sin comprometer las fuentes que sostienen la vida.
¿Quién responderá cuando falte el agua?
Sería un error reducir esta crisis a la responsabilidad individual de cerrar una llave. Ahorrar agua en los hogares importa, pero no sustituye la obligación de los gobiernos de proteger las cuencas, mejorar las redes de distribución, garantizar saneamiento y vigilar los vertimientos. Tampoco exime a las empresas de medir su consumo y responder por los impactos de sus operaciones.
Necesitamos decisiones que produzcan resultados verificables: menos pérdidas en los acueductos, recuperación de ecosistemas, reutilización segura de aguas residuales y planificación frente a sequías. También necesitamos instituciones transparentes, presupuestos bien ejecutados y comunidades con capacidad de conocer y vigilar lo que ocurre con sus fuentes de abastecimiento.
No se trata de anunciar que inevitablemente estallará una guerra mundial por el agua ni de afirmar que unos pocos serán sus dueños absolutos. Se trata de reconocer que la escasez puede profundizar desigualdades, generar conflictos y aumentar la dependencia de quienes no tienen alternativas. Allí donde el agua segura se vuelve difícil de conseguir, la pobreza puede convertirse en una condena aún más severa.
El mundo todavía tiene herramientas para actuar. Lo que no puede permitirse es seguir tratando el agua como un asunto que merece atención únicamente cuando se vacía un embalse, se pierde una cosecha o una comunidad sale a protestar porque no recibe suministro.
La pregunta no es si algún día desaparecerá toda el agua del planeta. La pregunta es si tendremos la voluntad de proteger el agua dulce disponible antes de que millones de personas deban pagar un precio cada vez más alto por acceder a ella.
Porque una sociedad puede encontrar nuevas fuentes de energía, desarrollar tecnologías revolucionarias y acumular riqueza. Pero ninguna de esas conquistas reemplaza el agua que necesita para vivir.
Cuando la sed se convierte en una consecuencia de nuestras decisiones, el problema deja de ser solamente ambiental. Se convierte en una prueba de nuestra humanidad.
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*Ingeniero Electrónico, vicepresidente Junta directiva Nacional Asociación sindical de la industria del petróleo y gas (Asopetrogas)
