En las últimas semanas se ha ventilado en las redes sociales la situación de miles de contratistas en todo el aparato estatal nacional, quienes son al parecer presionados para que “renuncien” a sus contratos de mutuo acuerdo, al parecer mencionándoles una norma que aplica al sector privado, más no al sector público.
Por: Alberto Cotes Acosta | Cientos de contratistas que terminaron sus contratos en julio de 2026, les tienen retenidas sus cuentas a pesar de que no solo cumplieron con sus obligaciones, derivadas del contrato, sino que, presentaron toda la documentación pertinente, tanto jurídica como administrativa. Al parecer todo ocurre porque el actual gobierno, su presidente en especial, ha de alguna forma “criminalizado” el ejercicio de los contratistas del anterior gobierno, al calificarlos como parásitos, ineficientes e incluso ladrones, secundado por supuesto por las hordas digitales que lo acompañan, que a cada comentario que denuncia esta situación en redes sociales, responden con frases como: “Por eso votamos, para que saquen a todos esos parásitos que no hacen nada”, o “Que bien, que saquen a todos esos ladrones”.
Es así como a través de la Directiva 04 del 7 de octubre de 2024, ordena a todos los Ministros, Directores de Departamento Administrativos y Representantes Legales del Sector Central y Descentralizado “verificar el cumplimiento contractual”, “revisar los contratos vigentes”, “exigir los Soportes Documentales de la Ejecución Contractual”, advertir de la “Responsabilidad en el ejercicio de la Supervisión” y amenazar a estos funcionarios (los supervisores), con la “Evaluación de las Oficinas de Control Interno”
Lo anterior, puede sonarles a muchos como normal, o como necesario, e incluso como justo para evitar que los recursos se “pierdan” en “contratistas corbatas”, o que la misión del estado no se cumpla por cuenta de contratos o contratistas ineficientes. Pero, lo que esta sucediendo es que profesionales eficientes, comprometidos con sus labores, que además cumplieron con sus obligaciones y entregaron los productos que le sirven al estado, están siendo no solo tratados como basura, si no que no les pagan, a muchos de ellos afectándoles su mínimo vital, pues no cuentan con otra entrada que el pago de sus honorarios.
Parece que el ilustre abogado que hoy tenemos como presidente de la República, cree que las prácticas que llevó a cabo en su ejercicio profesional defendiendo a cuanto delincuente se le acercaba, pueden ser las mismas que puede utilizar en el ejercicio de lo público, nada más alejado de la verdad, puesto que, aunque puede parecer que el estado tiene una posición dominante sobre los contratistas, la verdad es que estos cuentas con numerosas herramientas jurídicas para cobrar lo que trabajaron, y los que hoy tienen sus contratos vigentes, también tienen las herramientas jurídicas para demandar al Estado por su salida ilegal, a pesar de que le quieran dar visos de legalidad o que todo se hizo de mutuo acuerdo.
Así que la recomendación para los que ya cumplieron y tienen casi tres meses sin que les paguen sus honorarios, es que utilicen esas herramientas, ojalá en bloque; y a los que tienen sus contratos vigentes y los quieren sacar a garrotazos, que no firmen ese esperpento que le están presentando como “mutuo acuerdo” y que también utilicen las herramientas jurídicas para defender sus derechos.
Lastimosamente este es el talante de la tal “Patria Milagro”, que quiere arrasar con todo lo que viene de atrás, azuzado por una familia hoy en el poder, que quizás odia a toda la sociedad colombiana, porque siente que esta sociedad les falló al no exigir el esclarecimiento del asesinato de su familiar. Si, me refiero a la familia Gómez, hoy con un miembro como quizás el principal senador del gobierno, su hermano ministro de estado y el hijo de este, mano derecha del presidente en el Ejecutivo. Y aunque yo hasta le puedo darles la razón en que la sociedad no hizo lo suficiente no solo para esclarecer el atroz hecho, sino que, quizás anestesiada, no dimensionó el daño tremendo que hizo al país el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, lo que si no creo, es que hoy quieran “castigar” a esa sociedad mayoritariamente de gente humilde, pobre y trabajadora, aliados como están con los que (probado judicialmente) se confabularon para asesinarlo sectores políticos tradicionales y militares que ejecutaron el magnicidio.
Todo esto, además de las actuaciones que el gobierno actual está desarrollando para acabar con derechos de la mayoría de los colombianos, indefectiblemente terminarán en un estallido social igual o peor que el que ya vivimos en épocas recientes con un presidente menos pretencioso, menos pantallero (a pesar de su auto entrevista en inglés) y menos espantajopo.
Amanecerá y veremos, dijo el ciego.
“El Derecho consiste en tres reglas o principios básicos: vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo. Es el arte de lo bueno y lo equitativo”: Ulpiano
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*Arquitecto, especialista en evaluación y gerencia de proyectos, especialista en gerencia e interventoría de obras.
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