El uso de vapeadores en espacios cerrados quedó sometido a un control más estricto en Colombia. La legislación amplió las prohibiciones, endureció las sanciones para consumidores y establecimientos, y priorizó la protección de la salud pública ante la creciente evidencia sobre los riesgos de los aerosoles inhalados.
El consumo de cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo en espacios cerrados dejó de ser una práctica con escaso control para convertirse en una conducta sujeta a sanciones económicas y correctivas en Colombia. La regulación, fortalecida con la Ley 2354 de 2024, equiparó estos dispositivos con los productos de tabaco tradicionales y extendió las medidas de protección de los espacios libres de humo a los aerosoles emitidos por los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y otros dispositivos similares.
La norma responde a una preocupación creciente de las autoridades sanitarias y de la comunidad científica por el aumento del consumo de vapeadores, especialmente entre adolescentes y jóvenes. El objetivo es reducir la exposición involuntaria de terceros a las sustancias liberadas por estos dispositivos y prevenir la normalización de un hábito cuyos efectos a largo plazo continúan siendo objeto de investigación.
La Ley 2354 modificó la Ley 1335 de 2009 para incorporar expresamente los cigarrillos electrónicos, los productos de tabaco calentado, los sistemas similares sin nicotina y otros sucedáneos dentro de las mismas restricciones que rigen para el cigarrillo convencional. Además, estableció que la expresión “libre de humo” debe entenderse como “libre de humo y aerosoles”.
En consecuencia, quedó prohibido vapear en medios de transporte público, instituciones educativas, oficinas públicas y privadas, hospitales, bares, discotecas, restaurantes, centros comerciales y demás espacios cerrados de acceso al público. La restricción también alcanza a los lugares de trabajo y a cualquier establecimiento donde la legislación ya impedía fumar cigarrillos convencionales.
Quienes incumplan estas disposiciones pueden ser objeto de medidas correctivas previstas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Las sanciones económicas pueden variar dependiendo del procedimiento aplicado por las autoridades y de la conducta específica. Asimismo, los propietarios o administradores de establecimientos que permitan el consumo de vapeadores en áreas donde está prohibido también pueden enfrentar sanciones administrativas por incumplir la normativa vigente.
El énfasis de la regulación está puesto en la protección de la salud. Aunque los vapeadores no producen humo por combustión, sí generan aerosoles que contienen nicotina, partículas ultrafinas, metales pesados y diversos compuestos químicos. Estos pueden ser inhalados tanto por el usuario como por las personas que permanecen cerca del dispositivo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que los cigarrillos electrónicos “son perjudiciales para la salud” y que no existe un nivel seguro de exposición a sus emisiones. La entidad también ha alertado que la nicotina provoca una fuerte dependencia y puede afectar el desarrollo cerebral de niños y adolescentes, además de incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias.
En Colombia, el Ministerio de Salud ha respaldado la ampliación de las restricciones al considerar que los aerosoles representan un riesgo para la población no fumadora y que el incremento del consumo entre menores de edad exige mayores controles preventivos. La legislación también ordena al Gobierno desarrollar campañas de educación y prevención dirigidas especialmente a niños, adolescentes y jóvenes sobre los riesgos asociados al uso de estos productos.
Durante el trámite legislativo, la senadora Norma Hurtado, una de las autoras de la iniciativa, afirmó que el propósito era “cerrar un vacío normativo que permitía el consumo de estos dispositivos en lugares donde estaba prohibido fumar”. Por su parte, organizaciones como Red Papaz y la Fundación Anaás respaldaron la reforma al advertir que la publicidad y la creciente popularidad de los vapeadores estaban favoreciendo el inicio temprano del consumo de nicotina entre menores de edad.
Más allá de las multas, especialistas consideran que el mayor impacto de la nueva regulación será cultural. La intención es evitar que el vapeo sea percibido como una práctica inocua o socialmente aceptable en espacios compartidos. Con ello, Colombia se suma a la tendencia internacional de fortalecer las políticas de control sobre estos dispositivos, privilegiando el derecho colectivo a respirar aire libre de humo y aerosoles potencialmente nocivos.
