Una auditoría de la Contraloría de Santander revela hallazgos administrativos y disciplinarios en la gestión 2025 de Piedecuesta. A pesar de una opinión financiera limpia, persisten debilidades en la supervisión de contratos, falta de depuración contable y demoras en proyectos de infraestructura claves.
La administración municipal de Piedecuesta, bajo el mandato del alcalde Oscar Javier Santos Galvis, se encuentra en el ojo del huracán tras la publicación del “Informe Final de Auditoría Financiera de Gestión y Resultados No. 0006”, emitido por la Contraloría General de Santander (CGS) el 15 de mayo de 2026. Aunque el ente de control otorgó inicialmente una “Opinión Limpia o Sin Salvedad” sobre los estados financieros de la vigencia 2025, un análisis profundo de los hallazgos revela grietas profundas en la estructura administrativa y contable de la municipalidad que podrían comprometer la transparencia de los recursos públicos.
La investigación periodística de Corrillos sobre este documento de 105 páginas expone una realidad inquietante: mientras las cifras macroeconómicas parecen ajustarse a la norma, el manejo detallado de las cuentas bancarias y la supervisión contractual presentan fallas sistemáticas. Según el equipo auditor, liderado por Carmenza Ochoa Mancipe, se establecieron un total de “10 hallazgos administrativos”, de los cuales tres tienen “presunta incidencia disciplinaria”, lo que obliga al gobierno local a enfrentar no solo un plan de mejoramiento, sino posibles investigaciones ante la Procuraduría.
Uno de los puntos más críticos señalados en el informe es la incertidumbre financiera. El hallazgo administrativo No. 01 describe una situación de “incertidumbre en los valores que ingresan a cuentas bancarias de la entidad y que están pendientes de registrar en los libros contables”.
El equipo auditor identificó partidas por un valor total de $5.195.093.695 que se encuentran en diversas cuentas bancarias sin fuente ni origen claro. Esta “inexistencia de depuración y conciliación de las cifras”, según la Contraloría, imposibilita el cumplimiento de las necesidades básicas insatisfechas del municipio, ya que estos recursos no pueden ser presupuestados ni ejecutados legalmente. La respuesta de la administración, que intentó justificar estas diferencias como “partidas de ingresos pendientes por identificar”, fue calificada como insuficiente por la CGS, que convalidó el hallazgo ante el riesgo de incorrección material en los estados financieros.
Contratación bajo sospecha: actas fantasmas y supervisión deficiente
El capítulo contractual del informe es, quizás, el que más implicaciones directas tiene para los funcionarios de la alcaldía. El hallazgo No. 06, calificado con “presunta incidencia disciplinaria”, pone de manifiesto la “ausencia de acta de inicio del proceso contractual y reiteración de la conducta”. La auditoría analizó una muestra de 14 contratos y descubrió que la totalidad de ellos carecían de un acta de inicio formal en papel, limitándose únicamente a la aceptación en la plataforma SECOP II.
Para la Contraloría, esta práctica es “jurídicamente riesgosa”, especialmente en contratos de obra o interventoría donde el control técnico es vital. El informe es tajante al señalar que la falta de este documento genera “incertidumbre en la determinación de la fecha exacta de inicio del contrato”, lo que afecta directamente la trazabilidad de los pagos y el cumplimiento de los plazos legales. A pesar de que la administración municipal, a través de su oficina de contratación, defendió el uso de medios virtuales bajo el principio de “buena fe” y “autonomía de la voluntad”, el ente de control mantuvo el hallazgo, subrayando que ya se había advertido en auditorías anteriores sin que se implementaran acciones correctivas eficaces.
A esto se suma el hallazgo No. 05 sobre “falencias en el ejercicio de la supervisión”. En contratos como el CO1.PCCNTR.7383929, suscrito con la Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedecuesta por $2.500.000.000, se detectaron irregularidades en los informes de actividades y en las fechas de presentación de los procesos de pago, que se realizaron meses después de lo estipulado contractualmente. La CGS advierte que estas debilidades aumentan el “riesgo de uso inadecuado de los recursos” y vulneran el principio de anualidad presupuestal.
El elefante blanco de SITMO: el proyecto de $5.500 millones que no despega
La investigación también pone el foco en una denuncia de alto impacto: el caso de la Sociedad de Economía Mixta SITMO SAS. El informe detalla una “Denuncia por presunto detrimento patrimonial, gestión fiscal antieconómica e ineficaz” relacionada con la construcción de la sede operativa de esta entidad, proyecto que debió terminarse en octubre de 2024.
La cuantía estimada de la irregularidad supera los $5.500.000.000. Según la Contraloría, el municipio de Piedecuesta cumplió con su parte al aportar un terreno (identificado con matrícula inmobiliaria 314-1175), pero “a la fecha de la auditoría, la sede operativa no ha sido construida”. El problema radica en que el terreno aportado no ha sido objeto de “desenglobe”, un requisito legal que la Curaduría Urbana exige para expedir la licencia de construcción.
Esta situación configura el hallazgo No. 10, que señala un “incumplimiento en la planeación del proyecto”, derivando en una “inmovilización de recursos públicos”. La implicación para el gobierno de Piedecuesta es severa: el municipio perdió la titularidad directa del bien inmueble al aportarlo a la sociedad, pero no está recibiendo ningún beneficio económico ni social a cambio, ya que la infraestructura es inexistente. “Esta situación refleja que el recurso público invertido no se encuentra generando rentabilidad”, sentencia el informe auditor.
Incapacidades perdidas y multas sin ejecutar: el goteo de recursos
Otro hallazgo que golpea las finanzas municipales piedecuestanas es la “inefectividad en la gestión de cobro de las incapacidades” (Hallazgo No. 03). La auditoría reveló que la Secretaría de Educación presenta un saldo por cobrar de $209.324.796 por concepto de incapacidades médicas de docentes que no han sido debidamente tramitadas ante la Fiduprevisora. El riesgo aquí es la prescripción: si el municipio no reclama estos fondos en los términos legales, el dinero se perderá definitivamente, configurando una “posible pérdida de recursos” por inobservancia de la norma.
En el ámbito presupuestal, el hallazgo No. 04 destaca una paradoja en el recaudo de multas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Aunque el municipio recaudó el 106% de lo proyectado (más de $539 millones), solo ejecutó el 33% de esos recursos en proyectos de seguridad. Esta “subutilización significativa de los recursos disponibles” demuestra, según la CGS, una desarticulación entre el recaudo y la inversión en programas de convivencia, lo que deja a la ciudadanía desprotegida a pesar de contar con el capital para fortalecer su seguridad.
Repercusiones y el futuro inmediato del gobierno Santos Galvis
Las implicaciones de este informe son de carácter inmediato. La administración de Oscar Javier Santos Galvis dispone de tan solo “Cinco (05) días hábiles” tras el recibo del informe definitivo para diseñar y presentar un “plan de mejoramiento”. Este plan debe contener acciones correctivas claras, medibles y con plazos de ejecución que no superen los seis meses.
Sin embargo, el peso de los hallazgos disciplinarios sugiere que la solución no será solo administrativa. La persistencia de fallas que ya habían sido advertidas en vigencias anteriores (como la falta de actas de inicio y los problemas de cargue en la plataforma SIA OBSERVA) indica una “conducta reiterada y omisiva” que el ente de control no está dispuesto a pasar por alto.
Para el ciudadano de Piedecuesta, este informe es una radiografía de una gestión que, si bien muestra una ejecución global de gastos del 96% y un superávit presupuestal de $34.400.256.663, falla en la microgerencia y en el control de calidad de sus procesos internos. La “deficiente gestión de cobro de incapacidades”, las cuentas bancarias con saldos por depurar por más de $3.668 millones y el estancamiento del proyecto SITMO son señales de alerta sobre cómo se están administrando los recursos.
