La Fiscalía General negó la petición de la Procuraduría de aplazar la indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, prevista para el 24 de julio, dentro de una investigación por presuntos vínculos con estructuras paramilitares y delitos de lesa humanidad.
La decisión de la Fiscalía General de la Nación de mantener en firme la diligencia de indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez reactivó uno de los expedientes judiciales más sensibles de la historia reciente de Colombia. El proceso, que gira en torno a presuntos vínculos con estructuras paramilitares en Antioquia y graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en la década de los noventa, vuelve a poner bajo escrutinio la gestión del exmandatario y su papel como entonces gobernador del departamento.
La audiencia, fijada para el próximo 24 de julio, fue ratificada luego de que la Fiscalía negara una solicitud de la Procuraduría General que buscaba aplazar la diligencia argumentando que aún faltaban pruebas esenciales por practicar. Sin embargo, el ente acusador sostuvo que cuenta con suficientes elementos materiales para continuar con la actuación judicial y determinar si Uribe tuvo alguna responsabilidad o conocimiento en los hechos investigados.
El caso se concentra en tres episodios emblemáticos de violencia paramilitar: las masacres de La Granja y El Aro, ambas ocurridas en el municipio de Ituango, Antioquia, y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
Estos hechos, considerados por organismos nacionales e internacionales como graves violaciones a los derechos humanos, han sido objeto de investigaciones durante más de dos décadas. La relevancia del expediente radica no solo en la magnitud de los crímenes, sino en las declaraciones y testimonios que han apuntado hacia posibles omisiones o presuntas complicidades de sectores institucionales.
Tras conocerse la decisión, Uribe reaccionó con dureza a través de sus redes sociales. “En la respuesta, la Fiscalía aduce que tiene elementos suficientes para inferir que yo puedo ser autor o partícipe de los delitos de lesa humanidad. Detrás de esto está el compromiso de la Fiscalía con Iván Velásquez, con la JEP, con Cepeda y con Petro, a quien quieren entregar el trofeo de dejarme preso y llevarme a la cárcel por el resto de mi vida”, afirmó el exmandatario.
La declaración eleva la tensión política alrededor de un caso que históricamente ha dividido al país entre quienes consideran que existe una persecución judicial y quienes sostienen que se trata de una deuda histórica con las víctimas.
La Granja y El Aro en la memoria judicial
La masacre de La Granja ocurrió el 11 de junio de 1996, cuando un grupo de más de 20 paramilitares, bajo órdenes de alias “Doble Cero” y de los hermanos Fidel y Vicente Castaño, irrumpieron en ese corregimiento de Ituango y asesinaron a cuatro campesinos: William Villa García, Graciela Arboleda Rodríguez, Héctor Hernán García y Jairo de Jesús Sepúlveda Arias.
Según la investigación, la operación habría sido financiada desde una estructura económica paramilitar en Medellín conocida como el Parqueadero Padilla. Este caso avanzó en 2023 con el llamado a juicio de Jacinto Soto Toro, alias “Lucas”, señalado como administrador financiero de la organización criminal.
Un año después, entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, ocurrió la masacre de El Aro. Cerca de 200 hombres armados, bajo el mando de Carlos Castaño, ingresaron al corregimiento, asesinaron a 15 personas, incendiaron 40 viviendas y forzaron el desplazamiento de decenas de familias.
Salvatore Mancuso ha señalado ante la justicia que la operación tuvo respaldo logístico y que existió tolerancia de autoridades locales. Estas afirmaciones han sido fundamentales para mantener abiertas líneas de investigación sobre responsabilidades estatales y políticas.
Uribe insiste en que no existen pruebas concluyentes en su contra y asegura que el proceso vulnera sus garantías. “El fallo de tutela, a diferencia de la explicación de la Fiscalía, solamente ordenaba informar sobre el avance de la investigación, no era un apremio para llevarme a indagatoria. La ley dice que la indagatoria es un medio de defensa, pero sin la práctica de las pruebas no tendré manera de defenderme”, sostuvo.
El asesinato de Jesús María Valle y el peso político
El tercer hecho investigado es el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, reconocido defensor de derechos humanos y presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia. Valle había denunciado públicamente la expansión paramilitar en Ituango y cuestionado la inacción de la fuerza pública frente a las masacres.
Fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en su oficina en Medellín, en un crimen que conmocionó al país y que años después fue catalogado como un ataque directo contra la defensa de los derechos humanos.
Su caso se convirtió en símbolo de la violencia política y del silenciamiento de voces críticas en medio del conflicto armado.
La decisión de la Fiscalía de mantener la indagatoria se da en un momento de alta polarización política y a pocos meses de nuevos reacomodos en el escenario institucional del país. Analistas consideran que esta diligencia podría marcar un punto de inflexión en la relación entre justicia y poder político en Colombia.
Mientras los sectores cercanos a Uribe insisten en que se trata de una persecución, organizaciones de víctimas han reiterado que la comparecencia es una oportunidad para esclarecer responsabilidades y avanzar en la verdad judicial.
El 24 de julio será, así, una fecha determinante. Más allá del impacto jurídico, el proceso reabre viejas heridas del conflicto y revive preguntas aún sin respuesta sobre uno de los capítulos más oscuros de la violencia en Antioquia.
