Más de 20 audios, testimonios y documentos internos concentran dudas sobre una eventual influencia de Verónica Alcocer en Ecopetrol, mientras autoridades deberán establecer si las conversaciones describen hechos reales, gestiones indebidas, presiones sobre cargos o simples referencias sin respaldo probatorio dentro de la petrolera estatal.
Un dosier que reúne más de 20 grabaciones, testimonios y documentos internos vuelve a poner bajo escrutinio el papel que habría desempeñado Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia, en asuntos relacionados con Ecopetrol durante el Gobierno de Gustavo Petro. El material contiene referencias a contratos, nombramientos, proyectos empresariales y supuestas gestiones ante directivos de la compañía.
La información adquiere relevancia porque varias de las personas mencionadas tuvieron acceso al círculo de poder que rodeó al expresidente Petro y a la entonces primera dama. Entre ellas aparece Eva Ferrer, antigua asesora y persona cercana a Alcocer, cuyas grabaciones han sido divulgadas en los últimos días. Sin embargo, la existencia de los audios y su contenido no constituyen, por sí mismos, prueba de un delito. Su autenticidad, contexto y correspondencia con hechos verificables deberán ser establecidos por las autoridades.
El episodio se suma a una serie de controversias que durante el anterior Gobierno rodearon a Alcocer y a su entorno. En 2023, medios de comunicación ya habían documentado el peso político que se atribuía a la primera dama y la cercanía de Ferrer con la Casa de Nariño. Ferrer llegó a ocupar la Consejería Presidencial para la Reconciliación y posteriormente regresó al Gobierno como asesora del Dapre.
Según el material conocido, las grabaciones contienen conversaciones en las que se mencionan contratos relacionados con taladros, proyectos de energía solar, mecanismos de Obras por Impuestos, reuniones con empresarios, movimientos de funcionarios y eventuales contrataciones para servicios de casino.
Uno de los aspectos que más interés genera es la presunta intervención en decisiones relacionadas con cargos dentro de Ecopetrol y sus filiales. En las conversaciones aparecen referencias a personas que podrían haber sido consideradas para posiciones estratégicas, incluso en oficinas internacionales. La petrolera, de acuerdo con los reportes divulgados, ha negado algunos de esos movimientos.
La investigación deberá establecer una diferencia fundamental: una conversación sobre un nombramiento no significa necesariamente que ese nombramiento haya ocurrido por presión o recomendación irregular. Para demostrar una eventual injerencia se requeriría establecer quién tomó la decisión, qué comunicaciones existieron, qué capacidad real tenía cada interlocutor y si hubo contraprestaciones o beneficios particulares.
Ese punto resulta central porque Ecopetrol, además de ser una empresa de enorme importancia económica para Colombia, tiene una estructura corporativa y órganos formales para adoptar decisiones. Cualquier evidencia de intervención externa tendría que contrastarse con actas, correos, hojas de vida, contratos, registros de reuniones y comunicaciones oficiales.
El nombre de Eva Ferrer
Ferrer ocupa un lugar central en el nuevo capítulo. Su relación con Alcocer fue conocida públicamente desde los primeros meses del Gobierno Petro. La ruptura entre ambas también fue reportada por medios nacionales, que señalaron versiones sobre diferencias relacionadas con filtraciones, manejo de recursos y ejercicio del poder, aunque entonces no existía una conclusión judicial que acreditara esas acusaciones.
Las nuevas grabaciones atribuidas a Ferrer contienen señalamientos mucho más graves. En ellas se habla de supuestos testaferros, manejo de dinero, contratos y relaciones con empresarios. El País reportó que las grabaciones difundidas también hacen referencias a Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol y antiguo gerente de la campaña presidencial de Petro.
Ferrer, por su parte, ha cuestionado la divulgación de las conversaciones y ha señalado que fueron obtenidas y difundidas sin su autorización. Esa circunstancia también deberá ser considerada dentro de cualquier investigación, particularmente para determinar la cadena de custodia, integridad y contexto de los archivos.
El caso de Ricardo Roa
Otro elemento que aparece en el expediente es el testimonio de Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol. Según la versión conocida, Rojas habría sido contactado por el empresario catalán Manel Grau y citado a uno de los apartamentos utilizados por Ricardo Roa cuando estaba al frente de Ecopetrol.
En ese encuentro, según el relato, se habría hablado de la posibilidad de que Rojas permaneciera en su cargo y de un supuesto respaldo de Alcocer, mientras se le solicitaban hojas de vida. Se trata de un señalamiento que requiere una verificación documental y testimonial especialmente rigurosa.
La pregunta clave es si existió una instrucción concreta atribuible a Alcocer, si Roa recibió efectivamente alguna solicitud y si las decisiones posteriores dentro de Hocol o Ecopetrol guardaron relación con esa conversación.
La importancia de Rojas dentro del caso radica precisamente en que se trata de un testimonio que puede contrastarse con personas que estuvieron en las reuniones, registros de ingreso, comunicaciones y decisiones administrativas posteriores.
Contratos y proyectos bajo revisión
Entre los asuntos mencionados aparece el proyecto denominado ‘Colombia, más allá de la memoria’. De acuerdo con la información divulgada, Eva Ferrer habría enviado comunicaciones a Roa relacionadas con la posibilidad de obtener patrocinio de Ecopetrol para esa iniciativa.
El proyecto contemplaba publicaciones fotográficas y otros contenidos. Ferrer habría explicado que inicialmente se trataba de una iniciativa personal que posteriormente trasladó al Dapre cuando regresó al Gobierno y que finalmente no se concretó. Sin embargo, uno de los audios haría referencia a un supuesto compromiso para publicar 30.000 libros.
Aquí nuevamente la investigación tendrá que pasar de la conversación al documento: ¿existió una solicitud formal?, ¿hubo una propuesta económica?, ¿Ecopetrol la estudió?, ¿se emitieron conceptos jurídicos?, ¿existió apropiación presupuestal?, ¿hubo contrato o patrocinio?
El mismo criterio deberá aplicarse a las referencias sobre Colombia Solar y Obras por Impuestos. Colombia Solar es un programa público de transición energética dirigido, entre otros sectores, a hogares de estratos 1, 2 y 3, mientras Ecopetrol desarrolla también proyectos de generación y autogeneración solar.
Empresarios y conexiones internacionales
Otro capítulo apunta a empresarios extranjeros. Entre los nombres mencionados figura Fabio Mascialino, empresario italiano relacionado con Themac Colombia, firma que participó en un controvertido negocio de manejo de residuos en Medellín.
Themac estuvo vinculada a un contrato cercano a los $200.000 millones para un proyecto piloto de recolección de residuos y señaló la participación empresarial de Mascialino.
Mascialino ha negado irregularidades y ha sostenido que su negocio en Colombia se obtuvo mediante una licitación internacional. También ha reconocido conocer a Gustavo Petro y Verónica Alcocer desde la época en que Petro era alcalde de Bogotá, pero ha rechazado que esa relación implique actuaciones indebidas.
La investigación también menciona a un ciudadano identificado como ‘Enrico’ y una empresa china relacionada con paneles solares. En este punto, más que las referencias contenidas en las grabaciones, será determinante establecer identidades, sociedades, beneficiarios finales, movimientos empresariales y eventuales contratos con entidades públicas.
Las nuevas revelaciones llegan después de otras controversias relacionadas con el entorno contractual de Alcocer. En febrero de 2026 se conoció una investigación alrededor de contratos de RTVC por unos $23.000 millones que involucraban una cooperativa que posteriormente subcontrató servicios de fotografía y maquillaje. El Gobierno negó que esos contratos estuvieran destinados exclusivamente a atender a la entonces primera dama y defendió su finalidad institucional.
Ese antecedente resulta relevante no porque pruebe una conexión con Ecopetrol, sino porque muestra el nivel de escrutinio que existe sobre las relaciones entre contratistas, funcionarios y personas del círculo presidencial.
La discusión de fondo es, por tanto, institucional. Una primera dama no tiene por sí misma facultades para ordenar contrataciones o nombramientos en una empresa como Ecopetrol. Si se demostrara que una persona sin competencia formal intervino de manera determinante en decisiones administrativas, habría que establecer bajo qué mecanismo ocurrió y si produjo algún beneficio indebido.
