El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que cuatro personas secuestradas en Arauca fueron sometidas a “juicios revolucionarios”, imponiéndoles condenas de entre 32 y 60 meses de “prisión revolucionaria”. Entre ellos hay dos funcionarios del CTI y dos policías. La guerrilla también planteó un posible canje humanitario, generando rechazo nacional e internacional.
El anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre la imposición de “juicios revolucionarios” a cuatro secuestrados en Arauca ha encendido las alarmas en Colombia. Según un comunicado difundido por el Frente de Guerra Oriental, los funcionarios del CTI Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada fueron condenados a 60 y 55 meses de “prisión revolucionaria”, respectivamente. Por su parte, los policías Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza recibieron condenas de 36 y 32 meses.
La guerrilla argumentó que estas medidas se basan en su propia “justicia insurgente”, acusando a los retenidos de espionaje y de pertenecer a organismos estatales responsables de supuestos crímenes de lesa humanidad. Aunque aclaró que no aplicó la “pena capital”, el anuncio fue interpretado como una forma de justificar la prolongación del secuestro.
El cabecilla alias Cendales, identificado como William Ernesto Cruz López, estaría detrás de estas decisiones. Se trata de uno de los líderes más buscados del ELN, con una recompensa de hasta 1.600 millones de pesos por información sobre su paradero.
La reacción institucional fue inmediata. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, calificó la medida como “cobarde” y recordó que el ELN no tiene legitimidad para ejercer funciones judiciales. La Fiscalía General de la Nación exigió la liberación inmediata de los secuestrados, mientras la Defensoría del Pueblo insistió en que “la libertad es el verdadero gesto de paz”.
El anuncio también incluyó la posibilidad de un “canje humanitario”, figura que el ELN ha planteado en otras ocasiones y que consiste en el intercambio de personas privadas de la libertad entre el Estado y la guerrilla. Sin embargo, el Gobierno descartó esa alternativa, señalando que equivaldría a reconocer legitimidad a un grupo armado ilegal.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos rechazó el anuncio y recordó que se trata de una “privación arbitraria de la libertad” que constituye graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Organizaciones como la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) advirtieron que estas prácticas son una suplantación de la justicia estatal y representan un riesgo para la vida de los retenidos.
El caso revive la memoria de prácticas similares utilizadas por las antiguas FARC y otros grupos insurgentes, que en el pasado recurrieron a “juicios revolucionarios” y canjes humanitarios para presionar negociaciones. Hoy, el anuncio del ELN pone en evidencia los desafíos que enfrenta la política de paz total y la urgencia de garantizar la liberación de los secuestrados sin condiciones.
