El Gobierno de Gustavo Petro expidió una resolución que permite el traslado de 29 integrantes del Clan del Golfo, incluido su máximo jefe alias Chiquito Malo, hacia Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) el próximo 25 de junio. La medida suspende órdenes de captura y extradición, generando controversia en Colombia y Estados Unidos.
El proceso de paz total impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro dio un nuevo paso con la expedición de la Resolución 120 del 29 de abril de 2026, mediante la cual se aceptó oficialmente un listado de 29 integrantes del Clan del Golfo para su traslado a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Entre los nombres figura Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, máximo jefe de la organización tras la captura y extradición de alias Otoniel.
La decisión incluye la suspensión de órdenes de captura y extradición contra los integrantes del listado, con el fin de facilitar su concentración en tres ZUT previamente acordadas: Belén de Bajirá y Unguía, en el Chocó, y Tierralta, en Córdoba. Estos espacios están diseñados para que los miembros del grupo armado avancen en su tránsito hacia la desmovilización y el Estado de derecho.
El documento establece restricciones claras de movilidad: los beneficiados solo podrán desplazarse desde sus lugares de presencia hacia las zonas de ubicación y para actividades estrictamente necesarias relacionadas con el proceso. Cualquier incumplimiento podría derivar en la reactivación inmediata de las órdenes de captura.
La medida ha generado fuertes reacciones. Organizaciones sociales del Chocó han cuestionado la falta de consultas previas con las comunidades que habitan los territorios donde se ubicarán las ZUT. “No se puede decidir sobre nuestros territorios sin participación de quienes hemos sufrido la violencia”, señalaron líderes comunitarios.
En el plano internacional, la decisión ha despertado inquietudes en Estados Unidos, país que mantiene solicitudes de extradición contra varios de los integrantes del Clan del Golfo. Apenas en febrero, durante un encuentro en la Casa Blanca, el Gobierno colombiano había presentado a Chiquito Malo como uno de los principales objetivos de captura en coordinación con agencias internacionales. El giro en la estrategia ha sido interpretado como un cambio de rumbo en la política de seguridad y cooperación.
El Gobierno defiende la medida como parte de los compromisos de la política de paz total, que ya suma nueve mesas de negociación con distintos grupos armados. Según el comisionado de paz Otty Patiño, la suspensión de órdenes de captura es “funcional y limitada” al proceso de traslado y permanencia en las ZUT, y no constituye una habilitación general para los integrantes del grupo.
El traslado está previsto para el 25 de junio y se extenderá hasta diciembre de 2026, lo que implica que el compromiso trascenderá el actual mandato presidencial. La incertidumbre sobre cómo asumirá el próximo gobierno este acuerdo añade un elemento de tensión al proceso.
