Colombia vuelve a contar muertos mientras la confrontación armada se intensifica. Soldados, guerrilleros, policías, campesinos y familias enteras comienzan a sentir las consecuencias. El Estado debe defender a sus ciudadanos, pero vale preguntarnos si después de tantas décadas todavía creemos que acumulando cadáveres encontraremos finalmente la paz.
Por: Diego Armando Pérez Mayorga | Desde el 7 de agosto Colombia entró en una nueva etapa de su conflicto armado. En pocos días regresaron con fuerza palabras demasiado conocidas: operaciones militares, bombardeos, guerrilleros abatidos, soldados muertos y heridos, ataques contra estaciones y bases, drones cargados con explosivos, campesinos afectados y comunidades atrapadas entre quienes disparan desde diferentes lados.
El Gobierno ha dejado clara su decisión de utilizar la capacidad del Estado contra las organizaciones armadas ilegales. Y es necesario decirlo sin ambigüedades: Colombia no puede permitir que grupos armados secuestren, extorsionen, recluten menores, desplacen campesinos, controlen territorios o ataquen a nuestros soldados y policías. El Estado tiene el deber constitucional de proteger a la población y ejercer autoridad en cada rincón del país.
Mi preocupación comienza cuando confundimos ese deber con la idea de que intensificar la guerra necesariamente nos acercará a la paz.
Durante estos primeros días hemos visto operaciones contra el ELN y las disidencias, capturas, incautaciones, campamentos destruidos y combatientes muertos. Pero también hemos visto la respuesta de esas organizaciones: explosivos, hostigamientos y drones utilizados para atacar a la Fuerza Pública. Nuevamente aparece esa macabra contabilidad que Colombia conoce desde hace décadas: cuántos murieron de un lado y cuántos del otro.
Entonces debemos hacernos una pregunta incómoda: ¿cuántos muertos necesitamos para considerar que estamos ganando?
Cuando un comunicado informa que murió un soldado, para el resto del país puede convertirse rápidamente en una cifra. Para su familia no. Allí murió un hijo, quizás un esposo, un padre o un hermano. Detrás de ese uniforme había alguien que tenía una familia esperando una llamada, unas vacaciones o simplemente el día de regresar a casa.
Y existe otra verdad mucho más difícil de decir: cuando muere un guerrillero también muere un colombiano.
Reconocerlo no significa justificar absolutamente nada. Quien secuestra, asesina, extorsiona, desplaza comunidades, recluta niños o ataca a la población debe responder ante la justicia. Tampoco pretendo colocar en el mismo plano jurídico o moral al soldado que representa legítimamente al Estado y al integrante de una organización ilegal.
Pero debajo de ambos uniformes existen seres humanos.
Ese hombre que terminó siendo conocido por un alias alguna vez tuvo un nombre, fue niño y tuvo una familia. Probablemente nació en alguno de esos territorios colombianos donde la pobreza, las economías ilegales, la falta de oportunidades y la presencia histórica de actores armados han determinado el destino de generaciones enteras.
Ahí está una de nuestras mayores tragedias: Colombia continúa enfrentando hijos del mismo pueblo.
Un joven puede ingresar al Ejército buscando servir al país y construir un futuro. Otro puede terminar reclutado, convencido o vinculado a una organización ilegal. Algún día pueden encontrarse en una montaña, apuntarse con un fusil y disparar. Uno caerá y dependiendo de quién cuente la historia alguien hablará de victoria.
Pero en algún lugar habrá una madre llorando.
Y todavía falta alguien en esta historia: el campesino.
Él no declaró ninguna guerra. No decidió dónde instalar un campamento guerrillero ni dónde desarrollar una operación militar. Simplemente vive allí porque allí están su casa, sus animales, sus cultivos, sus vecinos y la escuela de sus hijos. Sin embargo, cuando comienza el enfrentamiento, es él quien termina abandonando todo.
El Catatumbo volvió a mostrarnos esa realidad durante las primeras operaciones aéreas del nuevo Gobierno. Mientras se informaba sobre integrantes del ELN muertos y material explosivo encontrado, también aparecieron reportes de campesinos heridos, viviendas afectadas y familias desplazadas.
Porque la guerra nunca ocurre sobre un mapa vacío. Cerca de los campamentos hay veredas; alrededor de estaciones de Policía hay viviendas; por las carreteras donde colocan explosivos transitan trabajadores y familias. Debajo de los drones hay personas.
Precisamente los drones representan uno de los cambios más inquietantes de esta nueva confrontación. Los grupos ilegales están utilizando aparatos relativamente económicos para transportar y lanzar explosivos contra posiciones militares y policiales. La tecnología avanza y, lamentablemente, también avanza nuestra capacidad para hacernos daño.
Pero incluso si el Estado logra superioridad militar, queda pendiente la pregunta más importante: ¿qué viene después?
Supongamos que dentro de algunos meses se anuncian cientos de integrantes de organizaciones ilegales muertos o capturados. Antes de hablar de victoria deberíamos preguntar: ¿disminuyeron las extorsiones?, ¿dejaron de reclutar menores?, ¿regresaron los campesinos?, ¿murieron menos soldados y policías?, ¿las comunidades recuperaron la libertad?, ¿las carreteras volvieron a ser seguras?, ¿el Estado recuperó realmente esos territorios?
Porque podemos ganar combates y continuar perdiendo el país.
Mientras permanezcan intactos el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y las demás economías que financian las armas, seguirá existiendo dinero para reclutar jóvenes y reemplazar combatientes. Podemos destruir un campamento, pero si permanece el negocio construirán otro. Podemos capturar un cabecilla, pero si permanece la estructura aparecerá otro.
Y podemos recuperar militarmente una vereda, pero si detrás del soldado no llegan el maestro, el médico, la carretera, la justicia, el empleo y las instituciones, alguien armado terminará intentando ocupar nuevamente ese vacío.
Por eso me niego a celebrar cadáveres.
Quiero que nuestros soldados regresen vivos. Quiero que nuestros policías puedan cumplir su labor sin convertirse en objetivos. Quiero que los campesinos permanezcan en sus tierras y que los niños estén dentro de un colegio, no cargando un fusil. Y también prefiero que quien hoy pertenece a una organización armada entregue su arma, responda por sus delitos, repare a sus víctimas y pague ante la justicia, antes que verlo convertido en otro cadáver colombiano.
La victoria que deberíamos exigir no puede medirse solamente en bajas. Tendrá que verse en soldados regresando a sus familias, campesinos trabajando sin miedo, comerciantes que no paguen extorsiones, niños que no sean reclutados y pueblos donde la autoridad sea el Estado y no el hombre que tenga el fusil más grande.
Desde el 7 de agosto apenas comienza esta nueva etapa. Es demasiado temprano para proclamar victorias o fracasos. Pero nunca es demasiado temprano para preguntarnos cuánto estamos dispuestos a pagar.
Porque podemos llamarlos soldado, policía, campesino, civil o guerrillero. Podemos separarlos en estadísticas y ubicarlos en lados diferentes del conflicto. Pero cuando llega el ataúd a una casa, una madre no recibe una estadística.
Recibe a su hijo.
Después de tantas décadas quizás Colombia debería dejar de preguntarse cuántos enemigos necesita derrotar y comenzar a preguntarse por qué seguimos convirtiendo a nuestros propios hijos en enemigos.
Una nación no alcanza la paz cuando aprende a matar mejor. La alcanza cuando consigue que sus hijos dejen de matarse entre ellos.
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Vicepresidente junta directiva nacional Asociación Sindical de la Industria del Petróleo y Gas (Asopetrogas)
