La Fiscalía General de la Nación halló indicios de que las 26 personas encontradas muertas en Guaviare fueron asesinadas con tiros de gracia, descartando un enfrentamiento armado entre disidencias de las FARC; el caso reaviva alarmas sobre violencia, reclutamiento de menores y control territorial de economías ilícitas en la región amazónica.
El hallazgo de 26 cuerpos sin vida el pasado 16 de enero en una carretera rural del municipio de El Retorno, departamento de Guaviare, encendió las alertas sobre un posible episodio de violencia extrema en el conflicto armado interno colombiano. Inicialmente, autoridades habían informado que se trataba de un enfrentamiento entre facciones disidentes de las antiguas FARC, pero recientes avances en la investigación de la Fiscalía General de la Nación sugieren que las víctimas fueron asesinadas en estado de indefensión con disparos a corta distancia, descartando la hipótesis de combate armado.
La Fiscalía basa su conclusión en los informes forenses de Medicina Legal y las inspecciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la SIJIN de la Policía Nacional, que encontraron impactos de bala, muchos en la cabeza, compatibles con ejecuciones y no con fuego cruzado típico de un combate. Además, no se hallaron residuos de pólvora en las manos de los fallecidos, lo que refuerza la conclusión de que estaban desarmados al momento de ser asesinados.
Las víctimas —identificadas como integrantes del grupo disidente conocido como Estado Mayor Central (EMC), liderado por alias Iván Mordisco— incluyen cuatro menores de edad (tres niñas y un niño), lo cual profundiza la preocupación por la presencia de niños, niñas y adolescentes en zonas de conflicto.
Este evento violento se enmarca en una disputa armada interna entre el EMC y otra facción disidente, el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), bajo el mando de Calarcá Córdoba. Ambas estructuras surgieron de la ruptura de la antigua guerrilla de las FARC que no aceptaron completamente el proceso de paz de 2016 y, desde entonces, compiten por el control territorial y de economías ilegales, incluyendo rutas de narcotráfico y extorsiones en el sur de Colombia.
En días posteriores al hallazgo de los cuerpos, autoridades y medios manejaron la versión de que los fallecidos habían muerto en un enfrentamiento armado entre disidencias del EMC y la estructura de Calarcá. Esta versión fue respaldada inicialmente por el Ejército, que comunicó la recuperación de 26 cadáveres tras combates en la zona.
Sin embargo, los análisis forenses realizados por Medicina Legal y la Fiscalía no coinciden con un escenario de combate, sino con ejecuciones sistemáticas, lo que ha llevado a las autoridades a investigar los hechos como posibles asesinatos. Las mediciones técnicas de trayectoria de los disparos y la ausencia de signos de defensa personal en los cuerpos han sido claves para este giro en la investigación.
Además, la Fiscalía no descarta que el uso de sustancias tóxicas o envenenamiento haya podido jugar un papel en cómo las víctimas quedaron vulnerables antes de ser ejecutadas, y ordenó estudios toxicológicos complementarios.
Impacto humanitario y alertas oficiales
Organizaciones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo habían emitido alertas tempranas sobre el riesgo de violencia en el Guaviare, señalando no solo enfrentamientos entre grupos armados, sino también el reclutamiento forzado de menores y la expansión de economías ilegales que ponen en riesgo a las comunidades locales.
El caso de los cuatro menores incluidos entre las víctimas ha intensificado las críticas sobre la falta de garantías para proteger a la población civil en zonas donde operan estas estructuras. Líderes comunitarios y ONG han señalado que los niños son a menudo presionados o forzados a integrarse en grupos armados, lo cual agrava la crisis de derechos humanos en la región.
Además de la violencia directa, el conflicto ha generado desplazamientos forzados, confinamientos y un clima de temor entre pobladores rurales que ya padecen las consecuencias de años de abandono estatal y presencia de economías ilícitas.
La Fiscalía ha solicitado que se revocque el estatus de “gestores de paz” conferido a líderes del EMBF, como Calarcá Córdoba, con el fin de reactivar órdenes de captura que estaban suspendidas y avanzar en la justicia por estos hechos. El estatus de gestor de paz, que otorga ciertos beneficios procesales, ha sido objeto de debate y crítica ante hechos de violencia como los recientes en Guaviare.
El esclarecimiento de los hechos es observado de cerca por sectores políticos y de seguridad, dado que 2026 es un año electoral clave en Colombia y la seguridad ciudadana y el manejo del conflicto armado son temas centrales en el debate público. Expertos en seguridad advierten que estas dinámicas violentas y la fragmentación de las disidencias complican los esfuerzos de paz y afectan la percepción de estabilidad en las regiones afectadas.
Un conflicto con múltiples dimensiones
La disputa en Guaviare es solo uno de varios focos de violencia que Colombia enfrenta en 2026. Regiones como Catatumbo y el Catatumbo también muestran niveles elevados de confrontación armada y altos índices de desplazamientos, lo cual evidencia que la paz total sigue siendo un objetivo lejano.
En esesentido, la investigación de la Fiscalía sobre la muerte de 26 personas en Guaviare está en curso y presenta indicios contundentes de asesinatos ejecutados con tiros de gracia, más allá del relato inicial de un combate entre disidentes. Los hechos subrayan no solo la persistencia del conflicto armado en Colombia, sino también la urgente necesidad de reforzar mecanismos de protección para civiles, especialmente menores, atrapados en el fuego cruzado de estructuras armadas que luchan por control territorial y económico.
