El traslado de 17 internos de alto perfil al complejo penitenciario de Palogordo (Girón) abrió una nueva preocupación entre los funcionarios del Inpec. Aunque la institución asegura tener capacidad operativa para recibirlos, los sindicatos reclaman refuerzo de la Fuerza Pública y garantías para ejercer su labor.
El traslado de 117 personas privadas de la libertad ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella en su primer día de gobierno puso nuevamente el sistema penitenciario en el centro del debate nacional. La decisión, ejecutada el 7 de agosto, incluyó el movimiento de internos considerados de alto perfil hacia diferentes establecimientos de máxima seguridad del país.
De ese grupo, 17 fueron enviados al Complejo Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón, conocido como Palogordo, en Santander. La llegada de estos internos activó una alerta entre organizaciones sindicales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que reconocen la capacidad del establecimiento para recibirlos, pero advierten que una operación de esta naturaleza exige condiciones adicionales de seguridad.
A través de un pronunciamiento difundido en video, voceros de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) solicitaron acompañamiento de las autoridades departamentales y de la Fuerza Pública. El reclamo no está relacionado con la oposición al traslado como tal, sino con las condiciones en las que los guardianes deberán asumir la custodia de internos con capacidad de influencia sobre estructuras criminales.
La preocupación tiene antecedentes. En noviembre de 2024 se conocieron amenazas contra funcionarios de Palogordo atribuidas a integrantes de la estructura delincuencial conocida como Los Satanás. En aquella oportunidad circuló un panfleto en el que se amenazaba al personal penitenciario y se exigían cambios relacionados con internos recluidos en el establecimiento.
Ese antecedente resulta relevante porque muestra que la seguridad de los funcionarios de Palogordo ya había sido objeto de alertas antes de la llegada de los nuevos internos. En el mismo periodo se registraron ataques contra trabajadores del Inpec en Santander, incluido el caso de un dragoneante que fue atacado a tiros cuando se desplazaba hacia su lugar de trabajo. El hecho fue reportado por medios nacionales y regionales como parte de una serie de agresiones contra integrantes del instituto.
La discusión, por tanto, supera el simple traslado físico de un grupo de presos. Implica determinar si el Estado cuenta con los recursos humanos, logísticos y de inteligencia necesarios para evitar que el movimiento de internos de alto perfil genere nuevas amenazas dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios.
Una política de seguridad que empieza en las cárceles
La decisión del nuevo Gobierno tiene además un componente político evidente. Los 117 internos trasladados estaban relacionados, en buena parte, con procesos de diálogo adelantados durante la política de Paz Total del Gobierno anterior. El traslado fue presentado por De la Espriella como una señal de endurecimiento frente a las estructuras criminales y como el comienzo de una política de mayor control penitenciario.
El mandatario ha planteado una estrategia de seguridad caracterizada por el fortalecimiento de la capacidad carcelaria y por una postura más severa frente a los grupos armados y organizaciones delincuenciales. En ese contexto, los establecimientos penitenciarios dejan de ser únicamente lugares de reclusión y adquieren un papel estratégico en la lucha contra las estructuras que continúan operando desde las cárceles.
Precisamente ahí aparece una de las principales preocupaciones de los funcionarios: si aumenta el número de internos de alto perfil, también aumenta la presión sobre quienes tienen la responsabilidad directa de vigilarlos.
La situación no es nueva. En junio pasado, la UTP ya había cuestionado propuestas del entonces candidato De la Espriella relacionadas con una eventual transformación del sistema penitenciario. El sindicato manifestó preocupación por la estabilidad laboral de los funcionarios y por el impacto que determinadas decisiones podrían tener sobre una institución que, según sus representantes, necesita fortalecimiento antes que improvisación.
En abril de 2026, además, la Cámara de Representantes informó sobre la aprobación en plenaria de un proyecto que reconoce condiciones especiales para los funcionarios del Inpec, bajo la consideración de que se trata de una actividad de alto riesgo. El presidente de la UTP, Óscar Robayo, destacó entonces las condiciones particulares que enfrentan los trabajadores penitenciarios y los efectos de ese entorno sobre su expectativa de vida saludable.
Girón, un establecimiento estratégico
Palogordo no es un penal cualquiera dentro del sistema. Su ubicación en Santander y sus características de seguridad lo convierten en uno de los establecimientos utilizados para albergar internos que requieren condiciones especiales de custodia.
La Corte Constitucional ha mencionado al establecimiento de Girón dentro de sus decisiones de seguimiento a la crisis penitenciaria. En uno de sus autos de 2026 registró, entre otros datos, la incorporación de 486 cupos del establecimiento penitenciario de mediana seguridad de Girón al sistema de capacidad instalada.
Sin embargo, la capacidad física no necesariamente equivale a capacidad operativa. Recibir más internos implica incrementar turnos, controles, requisas, desplazamientos internos, vigilancia perimetral, protocolos de seguridad y coordinación con autoridades externas.
Ese es precisamente el punto planteado por los trabajadores: pueden cumplir con la misión institucional, pero necesitan que las demás entidades del Estado acompañen el esfuerzo.
La Corte Constitucional también ha advertido durante 2026 que persisten problemas estructurales en el sistema penitenciario colombiano, incluidos obstáculos administrativos para realizar traslados y dificultades para garantizar una adecuada distribución de la población privada de la libertad. En sus decisiones ha insistido en la necesidad de coordinación entre las instituciones responsables del sistema.
Por eso, el traslado de los 17 internos hacia Girón debe analizarse dentro de una problemática mucho más amplia. No se trata solamente de disponer dónde estarán recluidos determinados cabecillas o internos considerados peligrosos. También está en juego quién los custodiará, con qué recursos, bajo qué protocolos y con qué respaldo ante eventuales retaliaciones.
El riesgo para los guardianes
Los antecedentes registrados en Santander explican la insistencia de los sindicatos. En 2024, las amenazas contra los guardianes de Palogordo llevaron a la UTP a reclamar mayores medidas de protección. En ese momento, el sindicato sostuvo que los trabajadores estaban expuestos a intimidaciones y ataques derivados de las disputas y exigencias de organizaciones criminales recluidas en el establecimiento.
La experiencia demuestra que las cárceles pueden convertirse en escenarios desde los cuales las organizaciones delincuenciales intentan mantener capacidad de presión. Por eso, la presencia de internos de alto perfil exige controles sobre comunicaciones, visitas, desplazamientos y relaciones con otros internos.
Pero también obliga a proteger a los funcionarios que trabajan dentro del penal y a quienes participan en los traslados.
El debate adquiere mayor dimensión porque la nueva administración ha convertido la seguridad en uno de sus principales ejes políticos. La decisión de mover a 117 internos fue presentada como el primer mensaje de autoridad del Gobierno frente a quienes, según el Ejecutivo, utilizaban las cárceles como centros de operación criminal. Se conoció la advertencia del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sobre posibles retaliaciones derivadas de estos movimientos.
En consecuencia, la petición de los funcionarios del Inpec plantea una pregunta que el Gobierno tendrá que responder: ¿está preparado el Estado para aplicar una política carcelaria de mayor endurecimiento sin aumentar proporcionalmente los riesgos para quienes custodian las prisiones?
En Girón, la respuesta comenzará a medirse desde ahora. Los 17 internos ya fueron trasladados. Lo que queda por establecer es si el refuerzo institucional solicitado por los guardianes llegará antes de que aparezcan nuevas amenazas.
