Nadie sabe aún cómo responderá el Estado a la primera gran protesta de este gobierno, pero la historia no deja espacio a la ingenuidad. De Dilan Cruz a Lucas Villa, cada vez que los gobernantes han decidido qué es orden y qué es desorden, la fuerza ha caído sobre quienes marchan pacíficamente.
Por: Darwin Eduardo Flórez Angarita | En el momento de escribir esta columna aún no han iniciado las protestas o manifestaciones sociales. Al ser las primeras que se realizan durante el gobierno del nuevo presidente, los ojos están puestos en la forma o posición que tomará el Estado en su manejo con la fuerza pública. Comienza la gran prueba, el “crisol”, para dar una metáfora religiosa de la que tanto gustan a sus adeptos.
Consecuentemente ha salido el borrador de decreto a firmar, donde en palabras del Ministro del Interior “ni un derecho menos para la protesta, ni un espacio más para quien destruye”. Respuesta ambigua, similar a quien afirma: “yo respeto tus diferencias, pero” e inmediatamente viene toda la carga estructural de represión y discriminación.
Las propuestas son claras: no se pueden arrojar objetos, no se deben agredir personas, no se deben usar niños en las manifestaciones. Si lo vemos desde el lado del protestante, es totalmente loable la labor, puesto que protege y garantiza el acto de manifestarse: ¿de dónde viene el problema? De la manera en que se puede interpretar el ejercicio del “orden” en el país.
En manifestaciones he visto cómo de manera pacífica estudiantes en 2019, con las manos levantadas para demostrar que no tenían ningún tipo de artefacto violento, fueron atacados con bombas aturdidoras y gases lacrimógenos por parte del ESMAD de la época. ¿Entonces hay unos actos violentos correctos y otros incorrectos? ¿Realizar ataques por parte de la fuerza pública es aprobado y si los demás lo realizan, sí es considerado “terrorismo vandálico”?
Sin caer en vaticinios trágicos, es evidente que las fuerzas armadas iniciarán algún tipo de provocación, para que los manifestantes se abalancen hacia ellos y justifiquen el tipo de violencia que puedan ejercer. Con esto justifican el acto de represión hacia la protesta pública que se inicia.
Ustedes se preguntarán: ¿de dónde surge este imaginario tan catastrófico en el que se ataca con el poder del Estado a los manifestantes? Hace unos días circulaba un video por redes sociales, donde el colectivo estudiantil de la UIS realizó un plantón pacífico en la universidad y dejó algunos carteles alusivos a su protesta. Quienes debían saber si se dejaban o quitaban los carteles eran los directivos de la universidad, puesto que hace parte de su administración interna, en lugar de ello, en la que ya no es la “ciudad bonita” sino “ciudad godita”, enviaron soldados a quitar todos los carteles alusivos a la manifestación. ¿Qué lectura se puede hacer de esto?
Se actúa con todo el poder del Estado contra estudiantes, pero frente a la delincuencia solo se huye, solo basta ver lo que sucedió en Santa Marta hace algunas semanas. La muerte de alias “Cholo”, uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada generó como represalia la toma de la ciudad por parte de este grupo armado, lo que trajo una reacción incipiente y circense del Estado, sacando las tropas a la calle con total improvisación. ¿Qué consecuencias trajo esta situación? Una caída del turismo en plena temporada alta, porque ¿quién quiere viajar a una zona con problemas de violencia tan radicales? Esa es la idea que ha vendido el gobierno actual y esa es la respuesta de la población frente a tales eventos.
Con esto vemos cómo el Estado actúa de forma diferente, siendo flexible y laxo con quienes debe actuar con valentía; pero siendo fuerte y radical contra un grupo de estudiantes sin armas que realiza una protesta social válida por la defensa de sus derechos.
Ahora bien, si Uribe afirmaba que los jóvenes no iban a “recolectar café” y luego se evidenció que eran acusaciones falsas, con los estudiantes ha sucedido algo similar. Las protestas formalizadas por colectivos estudiantiles han traído víctimas que fueron atacadas por el Estado y asesinadas por la fuerza pública en su heroica función de imponer orden. Dilan Cruz, un estudiante de bachillerato de 18 años de una institución pública de Bogotá, murió por causa de un impacto de proyectil por parte del ESMAD en el año 2019. Lucas Villa, estudiante y líder universitario de 37 años de la UTP, fue asesinado en el año 2021. La policía ya fue condenada por el crimen de Dilan Cruz por el uso desproporcionado de la fuerza.
Soy colombiano y solo espero como ciudadano dos cosas: que al país le vaya mejor de como que estábamos y que se garantice la protesta social a quienes pensamos diferente, sin volvernos víctimas por medio de acusaciones que terminan en perfilamientos y enfrentamientos a la fuerza pública. Con los recientes cambios en el gabinete y los nuevos discursos oficiales se está preparando el terreno para repetir los falsos positivos, esta vez con “estilo De La Espriella”, y los estudiantes y manifestantes del próximo miércoles podrían ser los primeros en pagar las consecuencias.
Espero que el próximo desfile de bolsas blancas no sea con cuerpos de quienes salimos a manifestar pacíficamente por nuestros derechos, porque ser diverso y pensar diferente es estar condenado, y el único milagro es la garantía de Derechos Humanos por el Estado, sin importar raza, género, orientación sexual o perfil socioeconómico. Al final solo serán pobres asesinando pobres, policías atacando manifestantes convertidos en las nuevas víctimas de crímenes extrajudiciales (falsos positivos). No pedimos milagros, pedimos algo más sencillo: volver a casa vivos.
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*Licenciado en Filosofía, Pensamiento Político y Económico. Teólogo. Especialista en Pedagogía de los DDHH. Magister en Educación Inclusiva e Intercultural. Estudiante de Doctorado en Ciencias de la Educación
X:@darwinflrez
