El senador Iván Cepeda anunció una denuncia penal contra Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, por señalarlo de pertenecer a organizaciones armadas ilegales. El opositor sostiene que las afirmaciones son falsas, agravan amenazas contra su vida y pueden tener consecuencias judiciales para el dirigente conservador.
El enfrentamiento entre los senadores Iván Cepeda y Efraín Cepeda escaló de la confrontación política a los estrados judiciales. El dirigente del Pacto Histórico anunció que acudirá ante la Fiscalía General de la Nación para denunciar penalmente al presidente del Partido Conservador, luego de unas declaraciones en las que lo vinculó públicamente con la guerrilla.
El anuncio fue hecho por Iván Cepeda a través de su cuenta de X, donde calificó las afirmaciones de su contradictor político como “calumniosa[s] y mendaz[es]”. Según el senador, Efraín Cepeda lo acusó de pertenecer a organizaciones armadas ilegales, una imputación que, a su juicio, trasciende los límites de la controversia política.
“Anuncio que interpondré denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, contra el señor Efraín Cepeda Sarabia”, escribió el senador, al explicar que emprenderá la acción por las declaraciones realizadas el pasado 7 de agosto.
El dirigente opositor agregó que las acusaciones no solo afectan su honra, sino que también podrían tener consecuencias sobre su seguridad. “Estas mentirosas acusaciones propician la violencia en mi contra y agravan las amenazas contra mi vida”, afirmó.
Cepeda pidió además que la Fiscalía, dirigida por Luz Adriana Camargo, llame a Efraín Cepeda a responder por sus afirmaciones ante la justicia. El caso, por ahora, corresponde a un anuncio de acción penal y no a una investigación judicial formalmente iniciada contra el dirigente conservador.
La frase que provocó la reacción
El origen de la disputa está en unas declaraciones de Efraín Cepeda realizadas en el contexto de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. En medio de la fuerte polarización que acompañó el cambio de Gobierno, el presidente conservador lanzó una acusación contra quien ahora encabeza la oposición parlamentaria.
Según reportaron medios como Caracol Radio, Infobae, Semana y Cambio, Efraín Cepeda afirmó que Iván Cepeda era “más guerrillero” que el expresidente Gustavo Petro. La declaración fue acompañada de críticas a la política de paz total implementada durante el Gobierno anterior.
El dirigente conservador sostuvo, además, que esa política había terminado favoreciendo a estructuras armadas ilegales y cuestionó la relación política entre el Gobierno de Petro y sectores de izquierda que respaldaron la candidatura presidencial de Iván Cepeda.
La diferencia entre una crítica política y la atribución de una conducta delictiva será uno de los elementos relevantes si el conflicto llega a una instancia judicial. Una cosa es cuestionar las posiciones ideológicas, las decisiones políticas o las estrategias de paz de un dirigente; otra es atribuirle pertenencia a una organización armada ilegal.
Ese matiz explica la reacción de Cepeda, quien considera que las declaraciones de su homónimo no constituyen simplemente una opinión política, sino una imputación que puede afectar su reputación y seguridad personal.
¿Qué podría discutir la justicia?
En Colombia, las conductas relacionadas con la afectación del honor están contempladas en el Código Penal. El artículo 220 regula la injuria, mientras que el artículo 221 establece la calumnia para quien atribuya falsamente a otra persona una conducta típica.
La diferencia jurídica resulta importante en este caso. Para que una afirmación pueda ser considerada calumniosa no basta necesariamente con que resulte ofensiva: debe tratarse de la atribución falsa de una conducta que constituya delito.
Además, la Fiscalía explica que las conductas de injuria y calumnia se encuentran entre aquellas que requieren querella de la persona afectada. La entidad señala también que este mecanismo tiene características distintas de una denuncia ordinaria y que, en estos casos, existen términos específicos para acudir ante las autoridades.
Por eso, el anuncio de Iván Cepeda deberá traducirse en la presentación formal de la acción correspondiente para que las autoridades determinen si existen elementos que permitan avanzar en el caso.
La Fiscalía establece que una denuncia debe contener una relación clara y detallada de los hechos, incluyendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar, además de los elementos que permitan establecer la posible existencia de una conducta delictiva.
Un enfrentamiento que trasciende los dos senadores
La controversia también tiene una dimensión política. Iván Cepeda acaba de asumir el liderazgo de la oposición frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella, después de una campaña presidencial que terminó con una diferencia inferior al uno por ciento entre ambos candidatos.
El Pacto Histórico se convirtió en la principal fuerza opositora del Congreso y ha anunciado que ejercerá control político sobre la nueva administración. En ese escenario, Cepeda busca consolidar una oposición que, según ha dicho, será pacífica, pero que no descarta mecanismos de movilización ciudadana y desobediencia civil.
Desde Barranquilla, el senador anunció además la creación de un denominado “gabinete por la vida”, integrado por exfuncionarios del Gobierno Petro, con el propósito de hacer seguimiento a las decisiones de la administración entrante.
La estrategia evidencia que la confrontación entre el nuevo Gobierno y el Pacto Histórico apenas comienza. El episodio protagonizado por los dos Cepeda muestra, además, cómo la disputa política colombiana continúa desplazándose hacia terrenos cada vez más personales.
El contexto también es relevante porque Iván Cepeda llega a esta nueva etapa después de haber sido candidato presidencial y de convertirse en el principal referente parlamentario de la izquierda. Medios internacionales han descrito el comienzo de su oposición como una etapa de resistencia política frente al nuevo Gobierno, aunque también han destacado su disposición declarada al diálogo.
El señalamiento de “guerrillero” tiene una carga particularmente sensible en Colombia por décadas de conflicto armado y por la utilización histórica de esa etiqueta como mecanismo de estigmatización política.
