El río Sogamoso nunca dejó de correr junto a la vereda Lisboa, en Lebrija. Durante siete meses el agua siguió su camino. Quien pareció detenerse fue un derecho que el Estado aseguraba haber respondido, pero que una madre campesina nunca pudo conocer.
Por: Elbert Vargas Cubides | En la despensa de Kellys Johana Villalobos López cada peso tiene un destino antes de gastarse. Antes de comprar cualquier cosa hay cuentas por hacer. El aceite para cocinar, el arroz, los cuadernos de los hijos, el transporte cuando resulta indispensable. Allí no existen los gastos pequeños. Cada moneda decide algo importante y cada decisión significa renunciar a otra necesidad.
Kellys es víctima del conflicto armado, reconocida mediante resolución de 2022. Es madre cabeza de familia y sostiene prácticamente sola el cuidado de sus hijos, algunos de ellos con discapacidad. Su vida transcurre entre los oficios de la casa, las preocupaciones propias del campo y la esperanza de que las instituciones respondan cuando se acude a ellas por un derecho.
En enero presentó un derecho de petición buscando conocer el estado de un proceso que para cualquier familia representa mucho más que un trámite. Detrás de esa solicitud había incertidumbre, necesidades económicas y la expectativa de recibir una respuesta clara después de años de espera.
Pasaron las semanas. Llegó febrero. Luego marzo, abril, mayo, junio y julio.
Desde las oficinas, el sistema registraba que la respuesta había sido enviada. En la vereda, Kellys seguía esperando.
Solo faltaba un detalle: ella no podía leer esa respuesta.
No era un problema de desinterés. Tampoco de negligencia. El obstáculo apareció cuando la comunicación llegó mediante plataformas y formatos incompatibles con los equipos disponibles y, sobre todo, con la realidad cotidiana de una familia campesina.
La tecnología puede ser una de las herramientas más valiosas para acercar el Estado a los ciudadanos cuando se utiliza pensando en las personas. Un PDF sencillo puede abrirse desde la mayoría de teléfonos o computadores sin mayores dificultades. El problema comienza cuando las respuestas oficiales dependen de plataformas especializadas, archivos incompatibles, procedimientos complejos o aplicaciones que muchas personas nunca han utilizado.
Para intentar abrir esa comunicación ya no bastaba con revisar el celular. Había que conseguir dinero para viajar hasta el pueblo, encontrar un café internet abierto, esperar turno y pedirle a un desconocido que intentara abrir un correo electrónico que contenía información reservada. Lo que debía ser una comunicación directa entre una entidad y una ciudadana terminó dependiendo de terceros.
La escena resulta difícil de olvidar. Una madre entregando su correo personal y esperando que otra persona pudiera acceder a información que solo le pertenecía a ella. No era únicamente una dificultad tecnológica. También era una renuncia involuntaria a la privacidad con la que deberían protegerse los datos de cualquier ciudadano.
Después de varios intentos llegó otra frustración.
– Ese archivo no se puede abrir.
La respuesta seguía existiendo para el sistema. Seguía sin existir para quien más la necesitaba.
El problema aparece cuando se diseñan procedimientos pensando en quien tiene internet estable, equipos actualizados y conocimientos digitales. Muy lejos de esas oficinas viven miles de colombianos cuya realidad es distinta. Personas para quienes la señal desaparece con la lluvia, cuyos teléfonos apenas cumplen las funciones básicas y para quienes desplazarse hasta un casco urbano implica tiempo, dinero y sacrificios que pocas veces alcanzan a imaginarse desde un escritorio.
Las oficinas celebran que el sistema confirme “respuesta enviada”. En la vereda, una madre sigue esperando.
Una respuesta que no puede leerse termina pareciéndose demasiado a una respuesta que nunca llegó.
La brecha entre el Estado y el campo ya no siempre está hecha de kilómetros. A veces está hecha de procedimientos que olvidaron cómo vive la gente. No porque la tecnología sea el problema, sino porque deja de cumplir su propósito cuando se diseña sin mirar el territorio ni escuchar a quienes más la necesitan.
Mientras tanto, la vida continúa.
La comida sigue haciendo falta. Los hijos siguen necesitando cuidados. Las cuentas siguen llegando. El río Sogamoso continúa avanzando junto a la vereda Lisboa como lo ha hecho siempre, indiferente a los códigos de radicación, a las plataformas y a los certificados electrónicos.
El río nunca dejó de correr durante esos siete meses.
Quien se detuvo fue el derecho.
Quizá la pregunta no corresponda únicamente al caso de Kellys Johana Villalobos López. Tal vez también deba hacerse cada institución pública que celebra haber enviado una respuesta.
¿Puede el Estado afirmar que garantizó un derecho cuando la persona nunca tuvo una posibilidad real de acceder a la respuesta?
—
*Presidente Asociación Nacional Raíces de Dignidad y Desarrollo Sostenible (RADDES), periodista comunitario – Voz con Dignidad.
Facebook: Vargas Cubides Elbert
Instagram: Elbert Vargas Cubides
TikTok: Vargas Cubides Elbe
YouTube: Elbert Vargas – Escritor
Correo: info.raddes@gmail.com
Esta columna encierra el pensamiento del autor, en ningún caso es la posición de Río Grande.
—
Nota: Este texto nació del acompañamiento al caso de Kellys Johana Villalobos López, vereda Lisboa, Lebrija. Caso real, 2026.
