Un segundo panfleto en pocos días no representa una simple repetición de amenazas; por el contrario, confirma una escalada contra quienes defienden los derechos humanos y obliga al Estado a responder con acciones coordinadas antes de que el miedo termine reemplazando la presencia efectiva de las instituciones.
Por: José Luis Moreno Álvarez | Hace apenas unos días escribía en este mismo espacio que el terror seguía escribiendo nombres; hoy, lamentablemente, debo escribir que el miedo ya no persigue únicamente personas, porque ahora también apunta contra organizaciones que durante años han acompañado víctimas, comunidades y procesos sociales en el Magdalena Medio.
El nuevo panfleto atribuido a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia amplía la lista de personas amenazadas e incorpora organizaciones como CORPOVIMADH, CORPODSMAG y la Plataforma Internacional de Derechos Humanos, Territorio y Paz, entre otras, circunstancia que demuestra que la intimidación dejó de ser individual para convertirse en una ofensiva dirigida contra el trabajo colectivo de defensa de los derechos humanos.
No se trata únicamente de un documento difundido por redes sociales ni de un mensaje destinado a generar temor momentáneo, porque cada palabra allí escrita busca afectar la confianza de las comunidades, debilitar procesos organizativos y convencer a quienes reclaman derechos de que el silencio sigue siendo la única alternativa para conservar la vida.
La experiencia de esta región demuestra que los panfletos nunca deben interpretarse como simples expresiones propagandísticas, pues históricamente han sido utilizados para estigmatizar, aislar liderazgos comunitarios, restringir la participación ciudadana y abrir el camino hacia hechos de violencia que, en demasiadas ocasiones, pudieron evitarse mediante respuestas oportunas del Estado.
Resulta especialmente preocupante que las amenazas vuelvan a extenderse a familiares, lugares de residencia, espacios de trabajo, desplazamientos y esquemas de protección, porque ese tipo de referencias pretende demostrar una capacidad de seguimiento que incrementa la sensación de vulnerabilidad y convierte el miedo en un mecanismo permanente de control territorial.
Quienes nunca han recibido una amenaza probablemente observen estos panfletos como una imagen más compartida por aplicaciones de mensajería; quienes habitamos el Magdalena Medio sabemos que detrás de cada documento aparecen reuniones suspendidas, recorridos cancelados, proyectos comunitarios aplazados y familias enteras modificando su cotidianidad para reducir riesgos que jamás deberían existir.
Como defensor de derechos humanos y beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, observo con profunda preocupación que estas nuevas amenazas surjan pese a que el riesgo ha sido reconocido por el Sistema Interamericano, circunstancia que debería traducirse en una respuesta institucional mucho más rápida, articulada y efectiva.
Sin embargo, la experiencia demuestra que las actuaciones continúan desarrollándose de manera fragmentada, mientras la Fiscalía adelanta investigaciones, la Unidad Nacional de Protección evalúa medidas, la Defensoría del Pueblo realiza seguimiento y otras entidades cumplen funciones específicas, aunque esa suma de esfuerzos todavía no logra responder con la velocidad que exige una amenaza colectiva.
Precisamente allí encontramos uno de los mayores desafíos, porque los grupos armados ilegales actúan con coordinación, comparten información, difunden mensajes simultáneamente y buscan producir un efecto regional, mientras las instituciones suelen intervenir desde escenarios separados que dificultan una respuesta integral frente a hechos que afectan a varias organizaciones al mismo tiempo.
Por esa razón considero indispensable convocar, con carácter urgente, una Mesa Interinstitucional Permanente para la Protección de Defensores de Derechos Humanos del Magdalena Medio, integrada por la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior, la Fuerza Pública, las gobernaciones, las alcaldías con incidencia en la región, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.
Esa mesa no debería convertirse en otro escenario de reuniones protocolarias ni en un espacio para repetir diagnósticos ampliamente conocidos, sino en un mecanismo permanente de reacción inmediata donde la información pueda compartirse oportunamente, las decisiones se adopten de manera conjunta, las responsabilidades queden claramente definidas y cada compromiso tenga seguimiento verificable.
También resulta indispensable que las organizaciones amenazadas participen activamente en ese espacio, porque nadie conoce mejor la realidad del territorio que quienes diariamente acompañan comunidades, representan víctimas del conflicto armado y documentan las afectaciones que persisten en distintas zonas del Magdalena Medio pese a los esfuerzos institucionales desarrollados durante los últimos años.
Cuando un grupo armado amenaza a CORPOVIMADH, a CORPODSMAG, a la Plataforma Internacional de Derechos Humanos, Territorio y Paz, y a otras organizaciones sociales, no está intimidando únicamente a sus directivos; está intentando silenciar el acompañamiento jurídico, humanitario y social que esas instituciones brindan a campesinos, mujeres, jóvenes, líderes comunitarios y víctimas del conflicto armado.
Por ello, el verdadero impacto de estas amenazas supera ampliamente a quienes aparecen mencionados en el panfleto, porque cada organización que reduce su presencia en el territorio representa menos acompañamiento para las comunidades, menos acceso a la justicia para las víctimas y menos posibilidades de que muchas personas ejerzan derechos que la Constitución reconoce y el Estado está obligado a garantizar.
No deberíamos esperar a que un nuevo hecho de violencia confirme lo que estos panfletos ya anuncian, pues la historia reciente de Colombia ha demostrado, con demasiada frecuencia, que la estigmatización suele anteceder consecuencias irreparables, razón por la cual la prevención debe convertirse en la principal herramienta institucional y no en una reacción tardía frente a tragedias consumadas.
El Magdalena Medio merece que la presencia del Estado se traduzca en protección efectiva y no únicamente en respuestas posteriores a cada amenaza, porque ninguna democracia puede consolidarse mientras quienes defienden derechos humanos continúen preguntándose si el próximo panfleto volverá a llevar sus nombres o los de las organizaciones que representan.
Ojalá esta sea la última vez que una columna de opinión deba escribirse para denunciar un panfleto y reclamar acciones urgentes, aunque ese propósito solo será posible cuando las instituciones comprendan que proteger a los defensores de derechos humanos y a las organizaciones que representan no constituye un acto de solidaridad, sino una obligación constitucional, legal e internacional cuyo cumplimiento ya no admite más aplazamientos.
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*Representante Legal y Presidente – Plataforma Internacional de Derechos Humanos, Territorio y Paz
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