Donald Trump afirmó que Estados Unidos “está al mando en Venezuela” tras la captura del presidente Nicolás Maduro, descartó elecciones a corto plazo y detalló cómo su Administración supervisará la reconstrucción política y económica del país sudamericano, generando críticas internacionales y dudas sobre la legitimidad de la acción.
En una entrevista con la cadena NBC, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Washington ejercerá un papel directo en Venezuela después de una operación militar que terminó con la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales. La declaración de Trump marcó un nuevo capítulo en la crisis política venezolana y ha abierto un debate global sobre la legitimidad de la intervención estadounidense.
Trump fue claro al señalar que no habrá elecciones en Venezuela en el corto plazo. “Tenemos que arreglar el país primero. No se pueden celebrar elecciones… Ni siquiera hay manera de que la gente pueda votar”, indicó, subrayando que el proceso de reconstrucción llevará tiempo y que Estados Unidos supervisará esa fase.
El mandatario republicano rechazó poner a la líder opositora María Corina Machado, ganadora de las elecciones de 2024 según algunos sectores, al frente del gobierno venezolano. Trump negó que la premiación de Machado con el Nobel de la Paz en 2025 influyera en esa decisión, afirmando que ello “no tuvo nada que ver con mi decisión”.
Trump insistió en que él y su Administración serán responsables de la gestión de Venezuela tras la caída de Maduro. Para ello, nombró un grupo de altos funcionarios de confianza —incluidos el secretario de Estado Marco Rubio, el jefe del Pentágono Pete Hegseth, el vicepresidente J.D. Vance y el asesor Stephen Miller— quienes coordinarán las políticas durante la fase de transición, estimada en hasta 18 meses.
Un elemento central de la estrategia estadounidense es la reconstrucción del sector petrolero, considerado clave para la recuperación económica de Venezuela. Trump afirmó que se necesitarán inversiones por miles de millones de dólares y que las grandes empresas petroleras de Estados Unidos jugarán un papel dominante en la revitalización de la infraestructura energética del país. Washington incluso contempla subsidiar parte de las inversiones, aunque espera que los ingresos del petróleo eventualmente compensen los costos.
Aunque la administración Trump ha descrito su presencia en Venezuela como una operación orientada a restablecer el orden y combatir la corrupción y el narcotráfico, la realidad sobre el terreno y la legalidad de la intervención siguen siendo objeto de debate. Trump ha sostenido que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, sino “con quienes trafican drogas y socavan la seguridad de nuestra nación”.
La afirmación de Trump de que Estados Unidos “está al mando” en Venezuela generó una oleada de críticas tanto en la región como en el plano internacional. Varios países denunciaron la intervención como una violación del derecho internacional y de la soberanía venezolana, argumentando que la captura de Maduro y la supervisión de la política venezolana por parte de Washington constituyen un precedente peligroso.
En el seno de la Organización de Naciones Unidas, reuniones de emergencia destacaron la preocupación por lo que muchos estados calificaron de “crimen de agresión”. Naciones como Brasil, China, Rusia, Cuba y Sudáfrica acusaron a Estados Unidos de atentar contra la Carta de las Naciones Unidas y exigieron el respeto a la autodeterminación de Venezuela, aunque el Consejo de Seguridad no logró consensuar una respuesta efectiva debido al probable veto estadounidense.
Mientras tanto, en la propia Venezuela, la situación es compleja. Delcy Rodríguez, quien fue juramentada como presidenta interina tras la captura de Maduro, ha adoptado un tono contradictorio: aunque en algunos momentos ha expresado disposición a cooperar con Washington, también ha denunciado la intervención como una “barbarie” y ha insistido en que Maduro sigue siendo el presidente legítimo.
La intervención estadounidense también ha reconfigurado las prioridades diplomáticas en América Latina. Países vecinos han manifestado cautela ante la posibilidad de que similares mecanismos de presión o acción militar se extiendan a otras naciones, con preocupaciones centradas en la estabilidad regional, la soberanía y el respeto a procesos democráticos internos.
La declaración de Trump de que no habrá elecciones en Venezuela próximamente y su afirmación de mando absoluto plantean interrogantes sobre el futuro político del país y la forma en que se gestionará la transición. La postura de Estados Unidos, enfocada en la reconstrucción petrolera y en la reconfiguración de las instituciones venezolanas, choca con la percepción de muchos gobiernos y organismos internacionales que demandan un retorno rápido a la soberanía democrática venezolana.
Además, la situación podría repercutir en otros países del continente si la Casa Blanca decide ampliar su enfoque de “seguridad” y “lucha contra el narcotráfico” hacia naciones como Colombia o Cuba, como ha sugerido Trump en declaraciones recientes. Esta perspectiva ha generado incertidumbre sobre las prioridades de la política exterior estadounidense en la región y las posibles consecuencias a largo plazo.
