El presidente Gustavo Petro intensifica su apuesta política en el año electoral con medidas económicas controvertidas y la promoción de una constituyente, lo que alimenta acusaciones de populismo y polariza a la sociedad colombiana mientras la oposición y analistas advierten sobre riesgos económicos e institucionales.
En los últimos siete meses de su mandato, el presidente Gustavo Petro ha dado pasos audaces que, a juicio de analistas y críticos, reflejan una estrategia orientada a influenciar las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Sus decisiones más polémicas —como el incremento del salario mínimo en 23,7% y la iniciativa de convocar una asamblea nacional constituyente— han sido interpretadas por algunos sectores como piezas clave de una campaña encubierta que busca consolidar apoyo electoral.
Aunque Petro insiste en que no busca la reelección en su nombre, sus acciones políticas han sido percibidas como apoyo implícito a figuras de su movimiento, especialmente al líder de la izquierda Iván Cepeda, quien encabeza las intenciones de voto según sondeos recientes. El alineamiento entre políticas públicas y discurso político ha generado fuertes críticas de la oposición, que califican estas tácticas como populistas y electorales.
El aumento del salario mínimo —presentado por el Gobierno como un avance social— ha sido objeto de aguda controversia. Economistas y gremios advierten que una subida de esta magnitud podría alimentar la inflación, presionar al Banco de la República para elevar las tasas de interés e impactar negativamente a las pequeñas y medianas empresas. Para sectores críticos, la decisión parece más una jugada política que una medida técnica de política económica.
El economista Salomón Kalmanovitz fue particularmente tajante al afirmar que dicho aumento “descojona la economía”, una metáfora crítica que subraya los riesgos de presionar la demanda interna sin el respaldo productivo suficiente.
Además del salario mínimo, otras decisiones como el decreto de emergencia económica —que busca tapar un hueco fiscal de unos $16 billones— y la promesa de eliminar la prima especial de servicios a congresistas, han servido para reforzar la idea de un gobierno que mezcla agenda social con objetivos políticos.
Polarización y debates institucionales
La polarización política en Colombia ha aumentado, con una oposición que ve en las políticas de Petro un uso de recursos del Estado para influir en la opinión pública de cara a las elecciones. Para algunos críticos, la búsqueda de antagonistas —“enemigos del pueblo”— es una forma de consolidar apoyo a través de la confrontación ideológica, donde cualquier crítica técnica se interpreta como un ataque al progreso social.
Este clima se extiende también al ámbito judicial. El choque entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional ha sido una constante en las últimas semanas, con decisiones pendientes sobre la reforma pensional —que podría beneficiar a 2,5 millones de adultos mayores— y el decreto de emergencia económica. La Corte ha sido sometida a presiones tanto desde el Gobierno como desde sectores opositores, cada uno defendiendo su visión de constitucionalidad y de prioridades para el país.
El Gobierno, por su parte, resalta logros en indicadores macroeconómicos como la caída del desempleo a 7% en noviembre, la generación de más de 350,000 empleos y la implementación de cambios en la legislación laboral. Estas cifras, según sus defensores, demuestran que la economía no se ha “venezolanizado”, en referencia a acusaciones de la oposición sobre tendencias negativas en la gestión.
No obstante, los resultados aún están bajo escrutinio. Analistas alertan que si las medidas, especialmente el aumento salarial, generan mayor informalidad o pérdida de empleos, el beneficio político podría revertirse en las urnas.
Mientras la izquierda busca consolidar su narrativa de cambio y justicia social, la oposición recalcula sus estrategias y retoma discursos polarizadores como el del “castrochavismo”, usado en campañas anteriores. Sin embargo, expertos señalan que esta narrativa podría no resonar con el electorado actual, que enfrenta preocupaciones económicas concretas y busca soluciones más allá de etiquetas ideológicas tradicionales.
Los próximos desafíos
El debate sobre el enfoque político de Petro se intensifica a medida que se acercan las elecciones legislativas en marzo y las presidenciales en mayo de 2026. La división política no solo está marcada por diferencias programáticas, sino también por la forma en que se percibe la gestión del Ejecutivo: ¿es una administración que responde a necesidades auténticas de la población o una que instrumentaliza políticas públicas con fines electorales?
Desde las filas del Gobierno, figuras oficiales y ministros defienden la coherencia entre discurso y acción como una manera legítima de promover bienestar social. En contraste, la oposición advierte que esta estrategia puede socavar la confianza en las instituciones democráticas y exacerbar la polarización en una sociedad ya fragmentada.
Las consecuencias de esta “doble apuesta” de Petro —entre consolidar su legado y moldear el escenario electoral— seguirán manifestándose en indicadores políticos y sociales en los próximos meses, mientras los colombianos observan con atención el rumbo que tomará el país en un momento clave de su historia democrática.
