La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) emitió una alerta, añadiendo que cuatro miembros de la entidad fueron amenazados. No es la primera ocasión en que reportan estos ataques.
A través de sus redes sociales, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) denunció los recientes ataques a quienes han sido víctimas como defensores en el Magdalena Medio. De acuerdo con la entidad, el 1 de enero en horas de la mañana recibieron un mensaje de texto que los catalogaba como “objetivo militar”, junto con otros líderes sociales y víctimas de la zona. Según la denuncia, el mensaje no solo apuntaba a la entidad, sino también a cuatro integrantes del grupo de derechos humanos y líderes sociales en Barrancabermeja.
En su denuncia pública, Credhos indica que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también denominadas Clan del Golfo y autodenominadas Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), estarían a cargo de los hostigamientos. En un video, Iván Madero, líder de Credhos, sostiene que estas amenazas forman parte de un “plan criminal” y que el culpable sería Dylan Mauricio Benjumea, también conocido como Gamba o Katín.
“La constante amenaza que experimenta la corporación Credhos y sus miembros forma parte de un plan criminal
Y añadió: “El 2024 concluyó con la muerte de siete líderes y líderesas sociales (cuatro de ellos en un atentado terrorista). Asimismo, la situación en Barrancabermeja concluye con 161 homicidios. Esta circunstancia que atraviesa Barrancabermeja es un ejemplo de esta acción delictiva de los grupos armados que operan y dominan la zona.
Madero exhortó a las autoridades gubernamentales y nacionales a implementar acciones para salvaguardar a la población civil, así como a los abogados de los derechos humanos. Madero se mostró enérgico al solicitar que el Ministerio del Interior “aplique rápidamente y de forma eficiente” la política pública de desmantelamiento de grupos paramilitares.
cobarde que maneja Gamba o Katín desde el frente Edgar Madrid Benjumea de las AGC, que tiene operaciones en el sur de Bolívar”, indicó Madero.
“Esperamos que la política pública de desmantelamiento disminuya los índices de delincuencia y produzca una agenda que asegure la vida a los líderes del Magdalena Medio”, expresó Madero en el audio.
Esa estrategia, aprobada en septiembre de 2023 y implementada en mayo de 2024. Intenta abordar las raíces del fenómeno delictivo, incluyendo a las conocidas estructuras de sucesión del paramilitarismo y sus redes de respaldo. En este aspecto, el Gobierno no ha logrado significativos progresos.
En el anuncio, emitido el 2 de enero pasado, la corporación añade que la expansión paramilitar ha provocado una crisis humanitaria en esa zona del país, impactando a la población civil, el liderazgo social y la protección de los derechos humanos.
“Las amenazas surgen en medio del aumento de los actos violentos contra la población civil realizados por distintos grupos armados, además del control territorial en el plan paramilitar de las AGC en el Magdalena Medio”, señala el informe.
“Hemos hecho un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y locales para que intensifiquen la estrategia de salvaguarda de las comunidades, sus líderes y organizaciones”, especifica la denuncia.
La entidad ya había emitido una acción urgente en diciembre del año anterior, solicitando a la Fiscalía la protección y seguridad de los miembros del grupo después de las amenazas continuas, agresiones y traslados obligados de las semanas recientes.
En agosto pasado, el Gobierno anunció una mesa de diálogo con el Clan del Golfo, pero todavía no ha establecido una mesa.
