Hablar de desarrollo territorial también es hablar de servicios públicos. En el Magdalena Medio y la provincia de Vélez, su calidad y continuidad hacen parte de las condiciones necesarias para trabajar, estudiar y construir futuro.
Por: Luis Fernando Sanabria | La reciente discusión sobre la prestación del servicio de energía en municipios del sur de Bolívar vuelve a poner sobre la mesa una realidad que merece atención. Las autoridades de esa región han planteado la necesidad de buscar alternativas frente a las dificultades que afectan a comunidades de municipios como Simití y Santa Rosa del Sur, incluso solicitando que la operación pueda ser asumida por la Electrificadora de Santander, ESSA.
Más allá de quién opere un servicio, existe una pregunta que debería estar en el centro de cualquier decisión pública: ¿qué tan cerca está el Estado de las necesidades reales de sus ciudadanos?
Desde el Derecho Administrativo sabemos que los servicios públicos no son simplemente una actividad empresarial. Están relacionados con fines esenciales del Estado y con la garantía de condiciones adecuadas para que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida. Por eso, cuando existen dificultades persistentes en su prestación, la discusión no debería reducirse a quién tiene la responsabilidad contractual o empresarial. También debe preguntarse qué está haciendo la institucionalidad para garantizar soluciones efectivas.
En las zonas rurales esta discusión adquiere una dimensión todavía mayor. Un corte de energía no representa lo mismo para una familia que vive en un centro urbano que para una comunidad apartada donde las distancias son largas, las vías presentan dificultades y las alternativas de atención son limitadas. Allí la falta de continuidad puede afectar la educación, la conservación de alimentos, el comercio, la productividad agropecuaria, las comunicaciones y hasta la prestación de otros servicios esenciales.
El territorio no puede convertirse en una excusa para explicar las dificultades. Por el contrario, debería ser la razón para diseñar soluciones diferentes y adecuadas a cada realidad.
Durante mis recorridos por municipios de nuestra región he aprendido que las comunidades no siempre están pidiendo privilegios. Muchas veces están pidiendo algo mucho más sencillo: que las instituciones funcionen y que sus necesidades sean escuchadas. El campesino que trabaja desde temprano, el comerciante que depende de una nevera para conservar sus productos, el pequeño productor que necesita energía para desarrollar su actividad o el estudiante que requiere conectividad para estudiar no están formulando una exigencia extraordinaria. Están reclamando condiciones básicas para vivir y progresar.
La Constitución Política reconoce la dignidad humana, la solidaridad y la prevalencia del interés general como principios fundamentales del Estado colombiano. Esos principios deben sentirse también en los territorios más apartados. La descentralización no puede significar que las comunidades alejadas reciban menos Estado. Debe permitir que las decisiones públicas respondan con mayor precisión a las necesidades particulares de cada región.
También es importante reconocer que la prestación de servicios públicos implica responsabilidades compartidas. Empresas prestadoras, autoridades territoriales, entidades reguladoras, organismos de control y ciudadanía cumplen diferentes funciones dentro de un sistema que debe orientarse hacia la continuidad, calidad, eficiencia y protección de los usuarios. Cuando aparecen problemas estructurales, la solución difícilmente llegará de una sola institución.
Por eso, las discusiones sobre los servicios públicos deberían superar la lógica de la confrontación política. Un problema de energía no debería convertirse en una disputa entre administraciones, partidos o gobiernos de turno. Debe convertirse en una oportunidad para encontrar soluciones técnicas, jurídicas y financieras que permitan mejorar realmente la vida de las personas.
La situación planteada en municipios como Simití y Santa Rosa del Sur demuestra que existe una preocupación territorial que merece ser escuchada. La respuesta institucional, sin embargo, debería ir más allá de determinar quién operará el servicio. También debería analizar las condiciones de infraestructura, las necesidades de las comunidades, la sostenibilidad financiera y las garantías de calidad y continuidad que deben recibir los usuarios.
Este debate tiene una enseñanza que puede extenderse a muchos municipios del Magdalena Medio, la provincia de Vélez y otras regiones de Santander: el desarrollo no puede medirse únicamente por las obras visibles.
Una carretera puede conectar dos municipios, pero un servicio público confiable permite que una familia conserve sus alimentos, que un estudiante estudie en la noche, que un comerciante mantenga su negocio abierto y que un productor pueda desarrollar su actividad. Son realidades cotidianas que pocas veces aparecen en los discursos sobre grandes proyectos, pero que determinan la calidad de vida de miles de personas.
Por eso, hablar de bienestar territorial significa también hablar de servicios públicos.
Significa preguntarnos si una familia que vive en una vereda cuenta con condiciones adecuadas para desarrollar su proyecto de vida. Significa reconocer que la distancia geográfica no puede convertirse en distancia institucional. Significa entender que el Estado debe tener capacidad para llegar donde las necesidades son mayores y donde las comunidades tienen menos posibilidades de resolver por sí mismas problemas estructurales.
Desde el Magdalena Medio hasta la provincia de Vélez, las comunidades necesitan instituciones capaces de permanecer, planificar, escuchar, invertir y evaluar resultados, no solamente presencia durante las campañas electorales o cuando aparece una emergencia.
La buena administración pública no consiste únicamente en ejecutar presupuestos. Consiste en transformar esos recursos en bienestar y en garantizar que las decisiones públicas tengan un impacto real sobre la vida de las personas.
El reto, entonces, no es solamente llevar energía, agua, conectividad, vías o educación hasta los territorios. El verdadero reto es garantizar que esos servicios tengan calidad, continuidad y sostenibilidad.
Porque el bienestar también se mide cuando encendemos una luz.
Se mide cuando una familia puede trabajar sin temor a que una falla constante afecte su esfuerzo.
Se mide cuando un niño de una vereda tiene condiciones dignas para estudiar.
Se mide cuando una comunidad rural siente que el Estado no la mira desde lejos, sino que responde a sus necesidades.
Los servicios públicos también son territorio. Cuando funcionan adecuadamente, no solamente iluminan una casa, conectan una finca o mueven una economía local. También amplían las posibilidades de futuro de quienes decidieron permanecer y construir su vida en el lugar donde nacieron.
El desarrollo será verdaderamente territorial cuando ninguna persona tenga que aceptar condiciones deficientes simplemente por haber nacido lejos de una capital.
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*Abogado, especialista en Derecho Administrativo y servidor público comprometido con el desarrollo territorial.
