El pasado 28 de noviembre, la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, fue denunciada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
La denuncia, presentada por el ciudadano Santiago Suárez, se basa en la liberación de varios disidentes de las Farc que fueron capturados mientras se desplazaban en vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), sin contar con asignación formal para dichos esquemas.
Los hechos ocurrieron el 23 de julio de 2024, cuando en un retén militar se interceptaron varias camionetas de alta gama. Entre los detenidos estaba Erlinson Echavarría Escobar, alias Ramiro, líder de la estructura 18 de las disidencias de las Farc, quien fue sorprendido portando armas y municiones.
Aunque se trataba de una captura en flagrancia, la Fiscalía dejó en libertad a cuatro de los detenidos, justificando su decisión en el marco del proceso de paz que el Gobierno nacional lleva a cabo con el Estado Mayor Central (EMC) de las Farc.
La denuncia presentada por Suárez señala que la actuación de la fiscal general habría transgredido principios legales fundamentales, como el de imparcialidad y respeto a la ley, consagrados en la Constitución Política.
Según el denunciante, la liberación de los capturados contraviene el artículo 250 de la Constitución, que regula el ejercicio de la función fiscal. Suárez argumenta que, si bien las negociaciones con grupos armados ilegales son una estrategia de paz, estas deben realizarse bajo el marco legal establecido y sin comprometer las políticas de seguridad del Estado.
Además, se cuestiona la suspensión de órdenes de captura contra otros grupos armados, como los Comuneros del Sur, una disidencia del ELN.
La Fiscalía, bajo solicitud del alto comisionado para la paz, adoptó la Resolución 502 de 2024, que suspende temporalmente estas órdenes para facilitar la participación de sus cabecillas en la mesa de diálogos con el Gobierno.
Aunque se argumentó que la decisión cumplía con requisitos legales esenciales y jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha generado controversia por el historial delictivo de esta organización.
La liberación de los disidentes de las Farc y las medidas adoptadas para facilitar las negociaciones con grupos armados han abierto un debate nacional sobre el equilibrio entre la búsqueda de la paz y el respeto a la legalidad.
Mientras tanto, la denuncia contra la fiscal Camargo será evaluada por la Comisión de Acusaciones, que decidirá si sus acciones constituyen una falta grave en el ejercicio de sus funciones.
