La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro trae cambios significativos para los trabajadores colombianos vinculados mediante contratos por prestación de servicios. Actualmente, estos trabajadores deben asumir la totalidad del pago de su seguridad social, según lo establecido por la Ley 100 de 1993. Sin embargo, de aprobarse la reforma, parte de esta carga económica será transferida a los empleadores.
El articulado establece que los contratistas ya no cubrirán el 100% de los aportes a seguridad social. Según la propuesta, los empleadores asumirán el 60% de las cotizaciones, mientras que el trabajador aportará el 40% restante. Esto representa un alivio para quienes cotizan sobre un salario mínimo, quienes actualmente destinan $377.300 mensuales al pago de salud (12,5%) y pensión (16%).
Con la reforma, el empleador cubriría $226.380 de este monto, dejando al trabajador con un aporte mensual de $150.920.
Además de redistribuir el pago de seguridad social, la reforma busca regular los contratos por obra o labor, una modalidad usada frecuentemente para evitar el pago de prestaciones sociales. La intención es garantizar derechos laborales básicos y reducir la precariedad en las condiciones laborales de miles de colombianos.
La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Representantes y está a la espera de su discusión en el Senado de la República, donde se definirá su destino final. De aprobarse, representará un cambio significativo en la relación entre contratistas y empleadores, con impactos tanto en los derechos laborales como en los costos para las empresas.
La reforma ha generado opiniones divididas. Por un lado, los trabajadores por prestación de servicios celebran la posibilidad de reducir su carga económica y recibir mayor protección. Por otro, algunos empresarios expresan preocupación por el impacto financiero que podrían enfrentar, especialmente las pequeñas y medianas empresas.
El debate en el Senado será crucial para definir el futuro de esta propuesta, que busca equilibrar las cargas entre empleadores y trabajadores en el marco de una economía más equitativa.
