El anuncio del Gobierno del presidente electo Abelardo De la Espriella sobre reglamentar el trabajo por horas desde el 7 de agosto reactivó el debate entre empresarios, sindicatos y académicos, quienes analizan sus posibles efectos sobre la formalización del empleo, la productividad, la estabilidad laboral y la seguridad social.
La posibilidad de implementar el trabajo por horas en Colombia volvió a ocupar el centro de la discusión nacional. El anuncio realizado por el equipo del presidente electo, Abelardo De la Espriella, sobre la expedición de un decreto que reglamentaría esta modalidad laboral desde el próximo 7 de agosto ha generado expectativas y, al mismo tiempo, fuertes cuestionamientos jurídicos, económicos y sociales.
Aunque la propuesta ha sido presentada como un mecanismo para ampliar las oportunidades de empleo formal, especialmente en actividades de tiempo parcial, el decreto todavía no ha sido expedido. En consecuencia, no existe un texto oficial que permita conocer los requisitos, límites, obligaciones o garantías que regirán esta modalidad.
Desde el Gobierno entrante se sostiene que la reglamentación se apoyará en disposiciones incorporadas en la reforma laboral aprobada en 2025, particularmente en aspectos relacionados con cotizaciones proporcionales a la seguridad social para determinados tipos de contratación.
Sin embargo, el actual ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha manifestado públicamente que el trabajo por horas no quedó expresamente aprobado dentro de la reforma laboral y que un decreto podría enfrentar cuestionamientos por exceder la potestad reglamentaria del Ejecutivo.
Así, antes incluso de conocerse su contenido, la iniciativa ya abrió un intenso debate político, jurídico y económico.
Flexibilidad frente a estabilidad laboral
Los defensores del trabajo por horas argumentan que Colombia necesita mecanismos que permitan adaptar las relaciones laborales a nuevas dinámicas económicas.
Charles Chapman, integrante del Comité Jurídico de ACRIP Región Central y miembro del equipo de empalme del presidente electo en asuntos laborales, aseguró que “solamente es hacer unos nuevos decretos” para permitir la cotización por horas mediante contratos especiales, al considerar que el marco legal ya ofrece herramientas suficientes para ello.
Quienes respaldan la iniciativa sostienen que miles de pequeños comercios, restaurantes, hoteles, cafeterías, empresas de logística, plataformas digitales y emprendimientos requieren trabajadores únicamente durante ciertas horas del día o algunos días de la semana. Bajo esta lógica, contratar jornadas completas termina siendo financieramente inviable para muchos empleadores, lo que incentiva la informalidad.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que Colombia continúa enfrentando elevados niveles de informalidad laboral y recomienda avanzar en mecanismos que faciliten la formalización, siempre acompañados de protección social efectiva y supervisión estatal.
No obstante, sindicatos y organizaciones de trabajadores advierten que una flexibilidad mal diseñada podría convertirse en una puerta para sustituir empleos estables por contratos fragmentados, reduciendo ingresos y debilitando la estabilidad laboral.
La experiencia internacional deja lecciones
El trabajo por horas no es una figura nueva en el mundo. En países como Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Canadá y Australia existen modalidades de empleo parcial reguladas mediante legislación específica.
En Alemania, por ejemplo, funcionan los denominados “minijobs”, empleos de baja intensidad horaria con aportes diferenciados a la seguridad social y límites de ingresos.
En los Países Bajos, cerca de la mitad de la población ocupada trabaja bajo esquemas de tiempo parcial, especialmente mujeres, estudiantes y adultos mayores, sin que ello implique pérdida automática de derechos laborales.
En Reino Unido existen los llamados “zero-hour contracts”, contratos sin garantía mínima de horas, que ofrecen alta flexibilidad para empleadores, pero también han sido objeto de fuertes críticas por generar incertidumbre económica para los trabajadores.
España también permite jornadas parciales, aunque exige contratos escritos, límites claros de horas y reconocimiento proporcional de vacaciones, prestaciones y cotizaciones.
Los especialistas coinciden en que la diferencia entre un modelo exitoso y uno problemático depende menos del número de horas trabajadas que de la calidad de la regulación, la inspección laboral y las garantías efectivas para los empleados.
Para el profesor universitario Juvenal Bolívar Vega, especialista en comunicación organizacional y análisis de políticas públicas, el debate no debe reducirse a estar a favor o en contra del trabajo por horas.
“La discusión debe concentrarse en cómo evitar que la flexibilidad se convierta en precarización. Si el trabajo por horas garantiza seguridad social proporcional, protección de derechos y mecanismos eficaces de inspección, puede convertirse en una herramienta para formalizar empleo. Pero si termina reemplazando contratos estables únicamente para reducir costos laborales, el impacto social podría ser negativo“, afirma Bolívar.
El académico considera igualmente que el éxito dependerá de la reglamentación. “La confianza empresarial requiere reglas claras, pero los trabajadores también necesitan certezas sobre ingresos, pensión, salud, vacaciones y estabilidad. La clave será encontrar un equilibrio entre competitividad y protección laboral“, señala.
En una línea similar, diversos economistas han advertido que la productividad empresarial depende de múltiples factores —tecnología, capacitación, innovación y organización del trabajo— y no exclusivamente del tipo de contrato utilizado.
Pros y contras de una reforma que apenas comienza
Entre las principales ventajas señaladas por quienes apoyan el trabajo por horas aparecen:
- Mayor facilidad para contratar trabajadores en actividades temporales.
- Reducción de la informalidad laboral.
- Posibilidad de formalizar estudiantes, madres cabeza de hogar, pensionados activos y trabajadores independientes.
- Cotización proporcional al tiempo efectivamente trabajado.
- Mayor flexibilidad para pequeñas y medianas empresas.
Pero también existen riesgos ampliamente identificados por especialistas:
- Fragmentación del empleo formal.
- Disminución de ingresos mensuales de algunos trabajadores.
- Mayor rotación laboral.
- Dificultades para completar semanas de cotización pensional.
- Posibles abusos mediante sustitución de contratos tradicionales.
El contexto resulta especialmente sensible porque la reforma laboral ya viene implementando importantes modificaciones. Desde julio de 2026 entró en vigor el aumento del recargo dominical al 90%, mientras la jornada máxima semanal se reduce definitivamente a 42 horas desde el 15 de julio, sin disminución salarial. Estos cambios incrementan los costos laborales para las empresas y hacen aún más relevante el debate sobre nuevas modalidades de contratación.
En los próximos días se conocerá el contenido definitivo del decreto anunciado por el Gobierno entrante. Solo entonces será posible determinar si la reglamentación encuentra un equilibrio entre flexibilidad empresarial y protección de los derechos laborales o si, por el contrario, abre un nuevo capítulo de controversias jurídicas y políticas en torno al mercado laboral colombiano.
