Colombia enfrenta una paradoja educativa que el mercado laboral hace visible: mientras crece el acceso a la educación superior, siete de cada diez personas que integran la fuerza laboral no superaron el bachillerato. El dato revela una brecha histórica entre escolaridad, empleo, género y oportunidades económicas para millones de colombianos.
Los datos más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, muestran una realidad que suele quedar escondida detrás de los indicadores generales de cobertura educativa: la estructura educativa de la fuerza laboral colombiana continúa concentrada en los niveles previos a la educación superior.
De acuerdo con el boletín técnico “Fuerza laboral y educación 2025”, actualizado por el DANE el 15 de septiembre de 2026, el 37,1% de quienes integran la fuerza laboral alcanzó la educación media, es decir, llegó al nivel de bachillerato. Es el grupo educativo más numeroso.
El dato adquiere otra dimensión cuando se agregan los demás niveles inferiores. El 17,9% llegó hasta educación básica primaria; el 10,4 % no registra ningún nivel educativo aprobado y otro 4,6% alcanzó la educación básica secundaria, pero no completó el bachillerato.
La suma es exactamente 70%. En otras palabras, siete de cada diez personas que trabajan o buscan activamente empleo en Colombia no alcanzaron un título de educación superior.
El resultado obliga a mirar el mercado laboral más allá de la simple cifra de desempleo. El problema no consiste únicamente en cuántas personas están trabajando, sino también en cuál es el capital educativo con el que llegan al mercado y qué tipo de oportunidades encuentran.
El propio DANE explica que este boletín relaciona los principales indicadores laborales con variables educativas como la asistencia a instituciones y el título alcanzado, y presenta resultados anuales para el total nacional.
La distribución restante también permite observar la distancia frente a la educación superior. El 13% de la fuerza laboral tiene formación técnica o tecnológica; el 12,1% alcanzó un título universitario y apenas el 5% llegó al nivel de posgrado.
Así, mientras el discurso público suele concentrarse en el crecimiento de la matrícula universitaria, la fotografía del mercado laboral muestra que la mayoría de los trabajadores colombianos todavía no tiene una credencial de educación superior.
Esto no significa que quienes no tienen educación superior carezcan de capacidades, experiencia o conocimientos. Tampoco significa que un título garantice automáticamente empleo. Lo que evidencia el dato es una estructura de oportunidades en la que la educación superior todavía está lejos de constituir la experiencia educativa predominante entre quienes participan en el mercado laboral.
El contraste resulta particularmente relevante porque Colombia ha ampliado el acceso al sistema de educación superior. El Ministerio de Educación reportó que la cobertura bruta pasó de 54% en 2022 a 57,53% en 2024 y que el tránsito inmediato de la educación media a la superior aumentó de 39,1% a 45,9% en ese mismo periodo.
El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, registra para 2025 una tasa de cobertura bruta de 56,55% y una tasa de tránsito inmediato de 47,91%.
Hay, por tanto, una transición en marcha. Más jóvenes están llegando a la educación superior, pero esa transformación todavía convive con una fuerza laboral construida mayoritariamente sobre trayectorias educativas que terminan en el colegio o incluso antes.
El desempleo también tiene un rostro educativo
La segunda señal que entrega el boletín aparece cuando se compara la composición de ocupados y desocupados.
Entre las personas ocupadas durante 2025, el 36,5% tenía como máximo la educación media. Entre quienes estaban desocupados, pero buscaban activamente trabajo, ese porcentaje ascendió a 43,5%.
La diferencia no es menor. El bachillerato representa el mayor grupo tanto entre quienes tienen empleo como entre quienes buscan conseguirlo, pero su peso relativo es mayor dentro de la población desocupada.
Esto permite formular una pregunta central: ¿qué ocurre cuando el bachillerato deja de ser una etapa de transición hacia la educación superior y se convierte en el máximo nivel educativo alcanzado?
La respuesta no puede reducirse a una relación automática entre título y desempleo. Existen múltiples factores que intervienen: edad, experiencia, territorio, actividad económica, género, redes laborales, condiciones del mercado y características de los puestos disponibles.
Pero la concentración estadística sí revela una vulnerabilidad.
También aparece un comportamiento significativo entre quienes poseen formación técnica o tecnológica. Este grupo representa el 12,7% de los ocupados y el 15,5% de los desocupados. La formación posterior al colegio, por tanto, tampoco elimina por sí misma el riesgo de desempleo.
En contraste, las personas con posgrado representan 5,2% de los ocupados y 2,5% de los desocupados. Entre quienes cuentan con título universitario, las proporciones son 11,9% y 13,5%, respectivamente.
El dato debe leerse con cuidado. No permite afirmar que estudiar un posgrado produzca automáticamente empleo ni que la universidad proteja de manera absoluta frente al desempleo. Sí muestra diferencias en la composición educativa de quienes están ocupados y de quienes están buscando trabajo.
Y existe otro punto fundamental: asalariado no significa necesariamente formal.
El boletín muestra que, a medida que aumenta el nivel educativo, crece la proporción de personas clasificadas como asalariadas. Entre quienes no tienen ningún nivel educativo aprobado, el 66,9% aparece como trabajador independiente y el 30,3% como asalariado. Entre quienes tienen título universitario o posgrado, el 68,1% es asalariado y el 31,5% independiente.
La tendencia es clara: la posición ocupacional cambia con el nivel educativo. Sin embargo, sería metodológicamente incorrecto convertir automáticamente la categoría “asalariado” en sinónimo de empleo formal.
Lo que sí puede afirmarse es que existe una asociación entre mayor nivel educativo y una mayor presencia en relaciones laborales asalariadas. La discusión sobre formalidad requiere otros indicadores, como afiliación a seguridad social, cotización a pensión y condiciones contractuales.
Esta precisión es importante porque una investigación periodística rigurosa debe evitar convertir una correlación estadística en una causalidad que el dato no demuestra.
Mujeres enfrentan una brecha que atraviesa casi todos los niveles
El capítulo más contundente aparece al incorporar la variable de género.
El DANE reportó que en 2025 las mujeres presentaron mayores tasas de desocupación que los hombres en seis de los siete niveles educativos analizados. La mayor diferencia se registró entre quienes alcanzaron la educación media: 13,5% para las mujeres frente a 8,1% para los hombres.
Son 5,4 puntos porcentuales de diferencia.
La brecha también aparece entre quienes tienen formación técnica o tecnológica: 13% para las mujeres y 7,9% para los hombres. Entre quienes no completaron la educación básica secundaria, las tasas fueron 12,9% y 7,8%, respectivamente.
Incluso entre quienes poseen título universitario persiste la diferencia: 11,2% de desempleo femenino frente a 8,6% masculino.
La distancia aparece también en primaria y entre quienes no tienen ningún nivel educativo aprobado.
La única excepción está en el posgrado. Allí la tasa masculina fue de 4,6%, ligeramente superior al 4,4% registrado entre las mujeres.
El patrón merece atención porque demuestra que aumentar el nivel educativo no elimina automáticamente la brecha de género en el acceso al empleo.
De hecho, el problema adquiere una dimensión adicional: las mujeres pueden alcanzar niveles educativos superiores y, aun así, enfrentar mayores tasas de desocupación que los hombres en prácticamente toda la estructura educativa.
El fenómeno tampoco es completamente nuevo. En 2024, por ejemplo, el DANE registró mayores tasas de desempleo femenino en seis de los siete niveles educativos, con diferencias particularmente amplias en educación básica secundaria, educación media y formación técnica y tecnológica.
Esto sugiere que la brecha no corresponde exclusivamente a una coyuntura de 2025.
La educación, entonces, aparece como una condición relevante, pero insuficiente para explicar por sí sola las diferencias de acceso al mercado laboral entre hombres y mujeres.
Colombia enfrenta el desafío de convertir educación en movilidad laboral
El principal hallazgo de este análisis no está solamente en que siete de cada diez integrantes de la fuerza laboral no hayan llegado a la educación superior. Está en la coexistencia de tres realidades.
La primera es una población laboral cuya principal credencial educativa continúa siendo el bachillerato.
La segunda es un sistema de educación superior que ha ampliado cobertura y tránsito inmediato, pero cuyos avances todavía deben convivir durante años con generaciones que ingresaron al mercado laboral bajo estructuras educativas anteriores.
La tercera es una brecha de género que permanece incluso cuando aumenta la escolaridad.
Colombia no parte de cero. El sistema de educación superior ha registrado avances recientes. En 2024 hubo 2.553.560 estudiantes matriculados en educación superior, según el Ministerio de Educación, y la tasa de tránsito inmediato alcanzó 45,94%.
El desafío consiste ahora en observar qué ocurre después de la matrícula: cuántos estudiantes terminan, qué calidad y pertinencia tienen sus programas, cuánto tardan en incorporarse al mercado laboral y bajo qué condiciones lo hacen.
La pregunta también debe llevarse a los territorios.
El mercado laboral colombiano no es homogéneo. En 2025, por ejemplo, el DANE reportó tasas de desocupación de 12,8% en Chocó, 12,3% en La Guajira y 11,3% en Norte de Santander, mientras Nariño, Cauca y Huila registraron las tasas más bajas entre los departamentos incluidos en esa medición.
Por eso, una política educativa nacional no puede analizarse únicamente desde los promedios nacionales. El lugar donde nace una persona, la oferta disponible después del colegio, la conectividad, los ingresos familiares, el transporte, la necesidad de trabajar y la estructura productiva regional pueden determinar si un bachiller continúa estudiando o entra directamente al mercado laboral.
El caso de Santander resulta ilustrativo. El Ministerio de Educación reportó que el departamento alcanzó una cobertura de educación superior de 62,85% en 2024 y un tránsito inmediato de 52,22%, por encima de los promedios nacionales reportados para ese año.
Pero incluso regiones con indicadores educativos superiores al promedio nacional forman parte de un país cuya fuerza laboral todavía está mayoritariamente compuesta por personas que no alcanzaron la educación superior.
El dato del DANE, por tanto, no debería leerse únicamente como una radiografía del pasado. También funciona como una advertencia sobre el futuro.
Si la educación superior continúa ampliándose, la estructura educativa de la fuerza laboral debería cambiar gradualmente. Pero ese proceso tomará tiempo y dependerá de que más jóvenes puedan ingresar, permanecer y graduarse.
Mientras tanto, millones de trabajadores seguirán llegando al mercado con el bachillerato como máximo nivel educativo.
El reto no es solamente aumentar los cupos universitarios. También implica preguntarse qué oportunidades laborales existen para quienes no continúan estudiando, cómo se fortalece la formación técnica y tecnológica, qué ocurre con las mujeres que enfrentan mayores tasas de desempleo y cómo se transforma la educación en mejores trayectorias laborales.
