El Gobierno Nacional congeló los precios de la gasolina y el ACPM durante septiembre de 2026 para aliviar a los afectados por el terremoto del 10 de agosto. La decisión busca frenar la inflación en insumos básicos y contrarrestar supuestas omisiones fiscales de la administración saliente.
En una jugada que entrelaza la atención a la emergencia humanitaria con un agudo ajuste de cuentas fiscal, el Gobierno Nacional, a través de los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, anunció la congelación de los precios de referencia de la gasolina corriente y el ACPM a partir del 29 de agosto y durante todo el mes de septiembre de 2026.
La medida busca amortiguar el impacto económico tras el devastador terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto. Con este congelamiento tarifario, el Ejecutivo pretende contener la cadena de costos logísticos en la movilización de alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad, al tiempo que garantiza el despliegue sin sobrecostos de los equipos de socorro hacia las zonas en desastre.
Sin embargo, detrás del discurso oficial de solidaridad institucional y alivio al bolsillo de los hogares colombianos, subyace un meticuloso cálculo técnico y político que revela serias discrepancias con la gestión macroeconómica previa.
Según la resolución suscrita por la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, la decisión no se fundamenta en un subsidio directo o un gasto improvisado, sino en una congelación táctica permitida por las dinámicas del mercado internacional y la actualización técnica de los indicadores de precios.
La fórmula aplicada contempla la estabilización de los componentes clave de la estructura de precios: los costos de los biocombustibles y el ajuste de la Tasa Representativa del Mercado (TRM). Bajo estas variables, las proyecciones oficiales estiman que el Estado logrará un ahorro fiscal proyectado de $152.600 millones de pesos al cierre de 2026.
No obstante, el anuncio ministerial incluyó un dardo directo a la administración saliente. El informe oficial señala que entre mayo y agosto de 2026, el “gobierno pasado” omitió la actualización de dichos indicadores de mercado. De acuerdo con el análisis técnico del Ministerio de Hacienda, esa falta de ajuste impidió que la Nación generara un ahorro cercano a los $58.000 millones de pesos en dicho cuatrimestre, dejando al descubierto lo que las autoridades actuales califican como una ineficiencia en el manejo de la tarifa de los combustibles.
Impacto en los centros urbanos y la logística regional
De acuerdo con el tabulado técnico oficial de precios al público (PVP) fijados con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), las principales capitales del país mantendrán tarifas sin variaciones significativas durante todo septiembre.
- Bogotá D.C.: Mantiene la gasolina en $16.331 por galón y el Diésel B10 en $11.616.
- Medellín: Registra precios de $16.251 para gasolina y $11.641 para diésel.
- Cali: Mantiene sus promedios en $16.339 (gasolina) y $11.763 (diésel).
- Zonas de frontera y emergencia: Ciudades estratégicas para el abastecimiento y la logística humanitaria como Villavicencio ($16.431 gasolina / $11.716 diésel), Bucaramanga ($16.089 / $11.364) y Pasto ($13.920 / $10.529) mantendrán sus esquemas estables. Destaca el caso de Cúcuta, que registró una leve reducción de 4 pesos en la gasolina corriente, pasando de $14.285 a $14.281 por galón.
A nivel nacional, el promedio ponderado de la gasolina corriente en las 13 principales ciudades se fija en $15.886 por galón, mientras que el ACPM se sostiene de manera uniforme en $11.320.
El aspecto más crítico de este decreto recae sobre la cadena final de distribución. Los precios emitidos por los ministerios corresponden a valores de referencia base. El precio final en el surtidor varía según los márgenes de distribución, fletes locales e impuestos municipales de cada jurisdicción.
Conscientes de que la especulación suele proliferar tras los desastres naturales, el Ministerio de Minas y el Ministerio de Hacienda han trasladado la presión operativa a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y a los alcaldes y gobernadores. Se ha solicitado activar operativos inmediatos de inspección, vigilancia y control en todas las estaciones de servicio del país.
El objetivo primordial es verificar que las estaciones no trasladen sobrecostos injustificados al consumidor final ni acaparen combustible con el pretexto de la crisis. Las autoridades locales enfrentan ahora el desafío de garantizar que el alivio financiero decretado en el papel se traduzca de forma efectiva en las bombas de gasolina de cada municipio del país.
