Colombia enfrenta una reconstrucción estimada inicialmente en 30 billones de pesos tras el terremoto del 10 de agosto. La emergencia económica abrió mecanismos para financiarla, pero también plantea interrogantes sobre deuda, impuestos, coordinación, ejecución, controles y capacidad estatal para transformar rápidamente recursos en soluciones concretas.
Treinta billones de pesos. Esa es la cifra preliminar que resume el enorme desafío económico que enfrenta Colombia después del terremoto del 10 de agosto. No se trata solamente de reparar viviendas, levantar puentes o reconstruir colegios. Detrás de esa suma existe una operación financiera, administrativa y territorial de dimensiones extraordinarias que pondrá a prueba la capacidad del Estado para responder a una emergencia que, según el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, alcanzó 16 departamentos y 481 municipios.
El saldo conocido hasta ahora es contundente: 329 muertos, 4.600 heridos, 314.751 personas afectadas, 31.445 viviendas destruidas y otras 163.884 averiadas. A esto se suma el impacto sobre carreteras, hospitales, acueductos, puentes, colegios, empresas, empleos y cadenas de abastecimiento. Las regiones afectadas representan más del 14 por ciento de la economía nacional, lo que convierte la reconstrucción en un problema social, fiscal y productivo.
El primer interrogante es evidente: ¿de dónde saldrán los 30 billones de pesos?
La pregunta adquiere mayor dimensión cuando se compara esa cifra con los recursos disponibles para atender desastres. La principal subcuenta pública destinada actualmente a esa tarea dispone de apenas 47.266 millones de pesos, una suma que resulta mínima frente a una factura que podría alcanzar 30 billones, equivalentes aproximadamente al 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto.
La diferencia entre ambas cantidades muestra que Colombia no enfrenta únicamente una emergencia humanitaria. También enfrenta una emergencia financiera.
Una caja de herramientas todavía sin presupuesto definido
El Gobierno ya tiene dos instrumentos fundamentales: la declaratoria de desastre nacional y el estado de emergencia económica. El Decreto 1261 del 19 de agosto habilitó diferentes mecanismos para reorganizar recursos públicos, flexibilizar el uso de regalías, acudir temporalmente a fondos especiales, utilizar activos administrados por el Estado, contratar crédito y acelerar determinadas inversiones.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre habilitar mecanismos y disponer efectivamente del dinero.
El decreto no establece todavía cuánto saldrá de cada fuente. La arquitectura financiera de la reconstrucción deberá definirse mediante nuevos decretos legislativos y dependerá, además, del diagnóstico definitivo de los daños. En otras palabras, los 30 billones no constituyen todavía un presupuesto aprobado, sino una primera estimación de lo que podría costar recuperar el país después de la tragedia.
El Gobierno podrá realizar adiciones y traslados presupuestales, revisar partidas y reorganizar recursos aprobados para 2026. También podrá flexibilizar el Sistema General de Regalías, incluidos recursos asignados a los territorios afectados.
Otra alternativa está relacionada con el Fondo de Ahorro y Estabilización, FAE, mediante préstamos que posteriormente deberán ser restituidos. A esto se agregan saldos de fondos especiales, recursos con destinación específica y partidas de proyectos que no hayan comenzado o que, como consecuencia de la emergencia, hayan perdido viabilidad.
Incluso los activos administrados por la Sociedad de Activos Especiales y el Frisco podrían entrar en la estrategia. Algunos inmuebles provenientes de procesos de extinción de dominio podrían utilizarse para albergues o reasentamientos, mientras determinados activos podrían monetizarse para conseguir liquidez.
La pregunta, sin embargo, permanece: ¿cuánto puede obtener realmente el Gobierno de estas fuentes?
La respuesta todavía no está sobre la mesa.
El presupuesto también tendrá que cambiar
Para el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, la discusión no debería limitarse al presupuesto de 2026. Su propuesta apunta hacia 2027, mediante una combinación entre el presupuesto ordinario, medidas de austeridad y un componente específico para la reconstrucción.
La lógica es sencilla: antes de buscar nuevos ingresos, el Estado debería revisar qué gastos puede reducir y qué prioridades pueden ser modificadas. Entre las posibilidades mencionadas aparecen la revisión de la nómina estatal, los contratos de prestación de servicios e incluso la eliminación de fondos o entidades que ya no resulten prioritarios.
La propuesta introduce una discusión política inevitable. Reconstruir tendrá un costo que competirá con otras necesidades del Estado. Cada peso destinado a reparar una carretera destruida será un peso que deberá salir de alguna fuente: de una partida presupuestal, de una reasignación, de un crédito, de un impuesto, de una donación o de una combinación de todas ellas.
Por ahora, el Ejecutivo espera no tener que recurrir a nuevos tributos. Pero la puerta no está completamente cerrada.
Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda durante el terremoto del Eje Cafetero y uno de los arquitectos del Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, Forec, considera que, si finalmente fueran necesarios nuevos ingresos tributarios, sería preferible utilizar las facultades extraordinarias de la emergencia para crear impuestos temporales destinados exclusivamente a la reconstrucción, en lugar de impulsar una reforma tributaria general.
Su propuesta toma como referencia la experiencia de 1999. Según Restrepo, entre 80 y 85 por ciento de los recursos utilizados para reconstruir el Eje Cafetero salió del Presupuesto Nacional y cerca del 15 por ciento provino de organismos multilaterales. Para la emergencia actual plantea una combinación de reducción de gastos no prioritarios, eventuales ajustes tributarios y alternativas relacionadas con la deuda.
La deuda también será parte de la reconstrucción
Colombia ya comenzó a buscar recursos internacionales. El Banco Mundial desembolsó 200 millones de dólares y posteriormente el Ministerio de Hacienda tramitó una solicitud para ampliar ese cupo en otros 250 millones.
El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, también aporta 300 millones de dólares mediante financiamiento contingente para emergencias. A esto se suman donaciones y cooperación anunciadas por organismos multilaterales, gobiernos y diferentes actores internacionales.
Pero aquí aparece otra diferencia que será fundamental para las cuentas nacionales: no todo recurso recibido es una donación.
Una parte corresponde a créditos que tendrán que ser pagados por el Estado. Otra corresponde a cooperación o aportes no reembolsables. Por eso, la contabilidad de la reconstrucción tendrá que separar cuidadosamente cuánto dinero se obtiene como ayuda y cuánto termina incrementando las obligaciones financieras del país.
También será necesario distinguir entre los recursos destinados a atender inmediatamente a las víctimas y aquellos que podrán invertirse posteriormente en obras de reconstrucción.
El tiempo será otro factor determinante.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, estima que Colombia podría estar reconstruyendo durante tres o cuatro años. Por eso advierte que el esfuerzo fiscal no debe concentrarse en una sola vigencia. “Hay que hacer el ejercicio no solo de saber cuánta plata se necesita, sino cuánta plata se necesita en cada una de las vigencias”, señala.
La reconstrucción, entonces, será una carrera de largo aliento y no un desembolso único.
El dinero privado también entra en escena
Mientras el Gobierno busca ordenar las fuentes públicas, el sector privado comenzó a levantar su propia bolsa de recursos.
La colecta impulsada por la Andi se acerca a 250.000 millones de pesos, de acuerdo con Mac Master. Paralelamente, algunas de las principales familias empresarias del país han anunciado aportes con cargo a sus patrimonios que rondan los 900.000 millones de pesos. También existen contribuciones directas de empresas y donaciones en especie.
Pero, nuevamente, el problema no es únicamente conseguir el dinero.
Los recursos privados están distribuidos entre fundaciones, compañías y diferentes vehículos. No existe una sola bolsa que concentre automáticamente todo ese esfuerzo. Por eso, la coordinación será tan importante como la cantidad recaudada.
Mac Master advierte que uno de los grandes desafíos será “llegar al territorio”. La preocupación tiene fundamento: mientras varias organizaciones podrían concentrarse en las zonas de mayor visibilidad, otras comunidades podrían quedar sin atención.
La Andi trabaja con fundaciones empresariales y organizaciones regionales para focalizar esfuerzos por grandes zonas afectadas. Esa estrategia tendrá que articularse con el Gobierno Nacional, las administraciones territoriales y el denominado ‘Fondo Milagro’.
El riesgo de la duplicación es real. Varias organizaciones podrían terminar reconstruyendo la misma infraestructura, mientras una comunidad ubicada en otro municipio espera soluciones.
Por eso Mac Master plantea una especie de “torre de control” que permita establecer quién está haciendo qué, dónde se están ejecutando los recursos y qué necesidades continúan sin respuesta.
Reconstruir rápido, pero reconstruir bien
Conseguir los 30 billones es solamente la primera mitad del problema.
La segunda será ejecutarlos.
La emergencia económica permitirá flexibilizar algunos límites de contratación estatal, intervenir infraestructura territorial cuando las autoridades locales no tengan capacidad suficiente y simplificar trámites. También contempla ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos hacia municipios afectados, con el propósito de vincular recursos y capacidad empresarial a los proyectos de reconstrucción.
El Gobierno también contempla compensaciones de tasas, garantías y periodos de gracia, líneas especiales para microempresas y productores rurales, medidas para preservar empleos y mayor flexibilidad en subsidios y soluciones de vivienda. Pero, por ahora, buena parte de estos instrumentos está pendiente de reglamentación y de la definición de recursos, beneficiarios y condiciones.
Ahí aparece uno de los principales riesgos de la emergencia: la velocidad.
Una reconstrucción lenta puede profundizar la crisis económica de los territorios afectados. Pero una reconstrucción apresurada, sin controles suficientes, puede convertir la urgencia en terreno fértil para sobrecostos, contratos deficientes, obras innecesarias o recursos que no lleguen a quienes realmente los necesitan.
María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, resume esa preocupación con una expresión contundente: habrá que “poner la casa en orden”. Las medidas, sostiene, deben ser ágiles, focalizadas y transparentes, pero también deben tener trazabilidad y control sobre cada peso.
El fantasma del Eje Cafetero
La experiencia del terremoto de 1999 vuelve a aparecer como referente.
El Forec se convirtió entonces en una estructura destinada a organizar una reconstrucción que requería velocidad, coordinación y descentralización. Restrepo lo describe como un “gran cerebro central planeador”, acompañado de una ejecución descentralizada y de participación de organizaciones sociales y privadas.
El modelo separaba la planeación de la ejecución. Los recursos eran manejados mediante una fiducia y el trabajo territorial se apoyaba en gerencias zonales con participación de organizaciones sociales, universidades y sector privado.
La experiencia es relevante porque buscaba responder a una pregunta que Colombia vuelve a enfrentar ahora: ¿cómo administrar enormes cantidades de dinero sin convertir la centralización en un cuello de botella?
El esquema fue reconocido por el Banco Mundial por su eficacia y hoy inspira el llamado ‘Fondo Milagro’. Su gerente, Jaime Uribe, trabaja en el diagnóstico de necesidades y en la estructuración jurídica de la entidad, que deberá determinar qué debe repararse, qué debe reconstruirse, qué daños cuentan con seguros y dónde deberá concentrarse la intervención pública.
Pero existe una diferencia determinante frente a 1999.
La tragedia actual está mucho más dispersa territorialmente.
No se trata de reconstruir una región relativamente concentrada, sino de intervenir cientos de municipios distribuidos en 16 departamentos. Esa dispersión multiplica las dificultades logísticas, administrativas y de control.
El verdadero examen será en los territorios
La cifra de 30 billones puede resultar impresionante, pero por sí sola no reconstruirá una vivienda ni reabrirá un colegio.
El dinero deberá transformarse en contratos, materiales, diseños, obras, subsidios, créditos, empleos y soluciones concretas. Y cada una de esas etapas tendrá que ser vigilada.
La reconstrucción también tendrá que responder a las particularidades de cada territorio. No será lo mismo recuperar una carretera estratégica para el transporte de alimentos que reconstruir una vivienda rural, rehabilitar un hospital o recuperar una pequeña empresa.
La emergencia económica ofrece al Gobierno herramientas excepcionales. Pero las facultades extraordinarias no sustituyen la planeación.
La experiencia demuestra que la urgencia puede acelerar decisiones necesarias, pero también puede reducir los tiempos de evaluación y control. Por eso, la transparencia tendrá que avanzar al mismo ritmo que la ejecución.
El desafío consiste en impedir que los 30 billones se conviertan simplemente en una gigantesca bolsa de recursos. Deberán convertirse en un sistema verificable de reconstrucción, con prioridades claras, responsables identificables, cronogramas públicos y resultados medibles.
La advertencia de Mac Master resulta especialmente relevante: “Necesitamos entender qué va a hacer el Gobierno para no hacer exactamente lo mismo”.
En esa frase se concentra uno de los mayores riesgos de la reconstrucción: que diferentes actores dispongan de recursos, pero ninguno tenga una visión completa del territorio.
Colombia tiene ahora la posibilidad de demostrar que una emergencia puede convertirse en una oportunidad para reconstruir mejor, fortalecer infraestructura y recuperar economías locales. Pero también enfrenta el riesgo contrario: que la velocidad, la dispersión institucional y la magnitud de los recursos dificulten el control.
Los 30 billones son, por ahora, una estimación preliminar. El costo final todavía puede cambiar porque la evaluación de daños continúa. Lo que ya está definido es la magnitud del reto.
La reconstrucción no terminará cuando se entreguen las primeras ayudas ni cuando se anuncien los primeros contratos. Será exitosa únicamente cuando las comunidades recuperen sus viviendas, los niños regresen a las aulas, los pacientes vuelvan a los hospitales, las carreteras recuperen su función, las empresas vuelvan a producir y los empleos reaparezcan.
