La investigación anunciada en Ocaña sobre una posible filtración de información relacionada con defensores y líderes sociales vuelve a poner una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿quién protege a quienes protegen derechos? En el Catatumbo, donde denunciar y acompañar comunidades puede costar la vida, la respuesta institucional no puede esperar.
Por: José Luis Moreno Álvarez | La noticia de Ocaña no puede mirarse como un episodio aislado. Más allá de determinar responsabilidades individuales, el país debe preguntarse qué ocurre cuando la información sobre quienes defienden derechos humanos termina convertida en herramienta de intimidación. La protección de líderes sociales exige confianza institucional, reserva, prevención efectiva y respuestas oportunas.
En Colombia, defender derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha advertido que persisten patrones graves de violencia contra personas defensoras, mientras la CIDH ha señalado la necesidad de fortalecer las garantías para que desarrollen su labor. Esto revela un problema estructural.
Por eso, lo ocurrido en Ocaña merece atención especial. La Fiscalía investiga una denuncia según la cual información relacionada con la actividad de un defensor habría coincidido con datos utilizados posteriormente en una amenaza atribuida al ELN. No corresponde anticipar culpables, pero sí establecer con rigor cómo se obtuvo esa información y quién tuvo acceso.
La pregunta es sencilla, aunque profundamente delicada: ¿qué sucede cuando una persona defensora entrega información a las instituciones buscando protección y esa misma información podría terminar exponiéndola? La respuesta debe ser contundente, porque la confianza entre ciudadanía y Estado constituye una herramienta esencial de prevención, especialmente en territorios donde los actores armados ejercen control sobre comunidades.
En el Catatumbo esta discusión adquiere una dimensión todavía mayor. La Defensoría ha advertido recientemente sobre nuevas afectaciones a la población civil y riesgos para quienes defienden derechos humanos, mientras la propia entidad ha documentado amenazas y mensajes estigmatizantes contra personeros de la región. La violencia territorial, entonces, también amenaza la capacidad comunitaria de denunciar.
Y aquí aparece un punto que no puede perderse de vista: los defensores no son enemigos de nadie por cumplir su función. Pueden tener posiciones políticas, religiosas o sociales diferentes, pueden cuestionar al Gobierno o respaldarlo, pueden ubicarse ideológicamente en la derecha, la izquierda o el centro, y aun así conservan exactamente los mismos derechos fundamentales.
En el caso de organizaciones como CORPOVIMADH, esa discusión resulta especialmente pertinente. La Corporación ha desarrollado una posición institucional propia, vinculada con la defensa de la democracia, el Estado de Derecho, las libertades y la seguridad de las comunidades, y no comparte determinadas corrientes políticas de izquierda; sin embargo, esa diferencia jamás puede convertirse en argumento para deslegitimar su labor.
La democracia justamente se prueba cuando protege a quienes piensan diferente. Si solamente merecen garantías quienes coinciden con la mayoría política del momento, entonces no estamos hablando de derechos humanos, sino de privilegios condicionados. Una persona defensora no pierde sus derechos por sus ideas, del mismo modo que una comunidad no deja de merecer protección porque piense distinto.
Además, la experiencia de CORPOVIMADH muestra que el riesgo no siempre aparece mediante una amenaza explícita. También puede expresarse a través del seguimiento, la vigilancia, la identificación de familiares, la exposición de lugares de residencia o el conocimiento detallado de actividades. Cuando esos elementos se repiten, la obligación institucional debe ser prevenir antes de que ocurra una agresión irreversible.
Desde 2025, CORPOVIMADH ha presentado denuncias y comunicaciones relacionadas con amenazas en Norte de Santander, Santander y Magdalena Medio. También ha remitido informes sobre Catatumbo y otras zonas afectadas por el conflicto, procurando advertir a las autoridades sobre las condiciones territoriales. Esos antecedentes permiten entender que la preocupación actual no nació con la noticia de Ocaña.
De hecho, existen comunicaciones dirigidas específicamente a autoridades de Ocaña en las que la Corporación informó sobre su presencia territorial, sus actividades y hechos de amenaza contra integrantes. Ese antecedente adquiere especial relevancia hoy, no porque permita afirmar una filtración, sino porque demuestra que existía un canal institucional previo que la Fiscalía puede valorar dentro del contexto general.
Lo prudente, entonces, no es construir acusaciones desde las coincidencias, sino investigar las coincidencias. Si determinada información era pública, deberá establecerse; si era conocida únicamente por algunas personas o instituciones, también deberá determinarse; y si existen elementos comunes entre diferentes amenazas, corresponde a las autoridades identificarlos mediante procedimientos legales, respetando siempre el debido proceso.
Esta discusión también alcanza a las medidas de protección. No basta con reaccionar cuando una amenaza se vuelve mediática. Las personas defensoras necesitan evaluaciones de riesgo actualizadas, protección proporcional y seguimiento permanente, porque las dinámicas territoriales cambian rápidamente y una medida adecuada ayer puede resultar insuficiente mañana, especialmente cuando el riesgo alcanza a familiares o compañeros de organización.
La protección, además, debe entenderse de manera colectiva. Una organización que trabaja en territorios afectados por grupos armados no puede ser analizada únicamente a partir de la situación individual de su representante legal. El riesgo puede trasladarse entre integrantes, equipos, familias y comunidades, por lo que las instituciones deben observar la actividad conjunta y los patrones que puedan surgir.
El Estado también tiene una responsabilidad frente a la estigmatización. Una crítica política no constituye una amenaza y una diferencia ideológica no equivale a persecución, pero cuando el discurso público comienza a señalar a defensores como enemigos, colaboradores o adversarios por su trabajo, aumenta la vulnerabilidad. Por eso, la defensa de la democracia requiere proteger también el disenso.
En este punto, el papel de la Fiscalía es fundamental. Investigar no significa confirmar una sospecha, sino someterla a prueba. Significa comparar denuncias, identificar patrones, verificar fuentes, proteger evidencia y establecer responsabilidades individuales solamente cuando existan elementos suficientes. Esa metodología puede evitar tanto la impunidad como las acusaciones injustas que terminan debilitando la confianza pública.
También resulta necesario que las instituciones compartan información de protección con criterios de seguridad y reserva. La coordinación entre Fiscalía, Defensoría, Unidad Nacional de Protección y autoridades territoriales debe servir para reducir riesgos, no para ampliar innecesariamente la exposición de quienes ya se encuentran amenazados. La información sensible sobre defensores debe manejarse con especial diligencia.
Lo que ocurre en Catatumbo tiene además una dimensión democrática. Cuando un líder campesino, un personero, una organización social o un defensor deja de denunciar por miedo, la violencia consigue algo más que silenciar una voz: modifica la vida pública del territorio. Las comunidades comienzan a autocensurarse, las instituciones pierden interlocutores y el miedo ocupa espacios que deberían pertenecer a la ciudadanía.
Por eso la pregunta sobre la seguridad de los defensores no puede reducirse a cuántos escoltas tiene una persona. Debemos preguntarnos si puede movilizarse, reunirse con comunidades, elaborar informes, denunciar hechos y expresar sus convicciones sin convertirse en objetivo. La protección efectiva significa garantizar el ejercicio de la labor, no simplemente reaccionar frente al último incidente.
La investigación de Ocaña debería servir, entonces, para mirar más allá del caso concreto. Si existió una filtración, deberá establecerse con pruebas y responsabilidades individuales; si no existió, también debe esclarecerse cómo llegó la información a quienes amenazaron. En ambos escenarios, la prioridad debe ser proteger a las personas defensoras y recuperar la confianza institucional.
Colombia necesita entender que defender derechos humanos no es una concesión política ni una actividad reservada para una determinada ideología. Quien defiende a una comunidad puede pensar diferente del Gobierno, de la oposición, de una organización social o incluso de otros defensores, y precisamente por eso la democracia debe garantizarle libertad, seguridad y dignidad.
En tiempos de polarización, proteger al que piensa distinto es una prueba de madurez democrática. El Estado debe investigar las amenazas contra todos, sin importar si sus víctimas son de derecha, izquierda o ninguna de las dos; debe proteger a líderes y defensores sin exigirles coincidencias políticas. Solo así la defensa de los derechos humanos será verdaderamente universal.
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*Representante Legal y Presidente – Plataforma Internacional de Derechos Humanos, Territorio y Paz
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