El presidente Abelardo de la Espriella ordenó revisar la legalidad de las fotomultas en Colombia y pidió frenar posibles abusos contra conductores. La decisión adquiere especial relevancia en Barrancabermeja, donde la autoridad de tránsito enfrenta una investigación de la Superintendencia por presuntas irregularidades en fotodetección.
La discusión sobre las fotomultas volvió al centro de la agenda nacional luego de que el presidente Abelardo de la Espriella le exigiera a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, revisar de manera integral el funcionamiento y la legalidad de los sistemas de fotodetección instalados en el país.
El mandatario fue directo: “Ya está bueno de tantos abusos. Le pido que revise a fondo el funcionamiento y la legalidad de todas las fotomultas en el territorio nacional”. La orden política llega cuando las autoridades de tránsito de distintas ciudades están bajo escrutinio por la forma en que autorizan, operan y utilizan estos mecanismos.
De la Espriella puso el énfasis en el propósito que debería orientar las cámaras. “Estos mecanismos deben servir para proteger la vida y mejorar la seguridad vial, no para convertirse en una trampa contra los ciudadanos ni en un negocio a costa de su bolsillo”, afirmó.
El planteamiento no cuestiona, en sí mismo, la existencia de la tecnología. El problema está en determinar si cada sistema cumple las condiciones legales, técnicas y administrativas necesarias y si las sanciones derivadas de las cámaras responden efectivamente a una política de seguridad vial o terminan funcionando como instrumentos de recaudo.
La preocupación presidencial encuentra un antecedente concreto en las investigaciones adelantadas durante 2026 por la Superintendencia de Transporte. En mayo, la entidad informó que había abierto investigaciones contra otros 12 organismos de tránsito, que se sumaron a 37 entidades que ya estaban bajo investigación por presuntos incumplimientos relacionados con los Sistemas Automáticos de Detección de Infracciones de Tránsito, SAST.
Entre los nuevos casos apareció Barrancabermeja. La Superintendencia señaló que la Inspección de Tránsito y Transporte del distrito sería investigada por presuntas irregularidades relacionadas con la operación del sistema, particularmente por posibles incumplimientos en autorizaciones exigidas para la fotodetección. El periodo revisado para Barrancabermeja comprende del 21 de noviembre de 2024 al 30 de mayo de 2025.
Barrancabermeja, el caso que pone cifras al debate
La situación de Barrancabermeja resulta particularmente sensible por el volumen de comparendos generados desde la entrada en funcionamiento de las cámaras.
Según cifras publicadas en 2025, durante los primeros 226 días de operación se habían impuesto 81.787 comparendos, equivalentes a un promedio de 362 sanciones diarias. Las cámaras comenzaron a operar en el segundo semestre de 2024 y fueron instaladas inicialmente en cuatro puntos semafóricos de alta circulación.
El dato permite dimensionar el impacto que puede tener una controversia jurídica sobre estos sistemas. La discusión deja de ser exclusivamente técnica cuando miles de conductores aparecen vinculados a procesos sancionatorios y cuando una eventual irregularidad en las autorizaciones puede abrir interrogantes sobre la validez de determinados procedimientos.
En los primeros meses de 2025, las infracciones más frecuentes estuvieron relacionadas con el incumplimiento del semáforo en rojo, el SOAT y la revisión técnico-mecánica. Solo las 13.614 sanciones por no detenerse ante un semáforo en rojo representaban un potencial económico superior a los 15.000 millones de pesos, tomando como referencia el valor individual de la infracción reportado entonces.
La propia Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja negó irregularidades y sostuvo que el distrito no había recibido una sanción en firme. También señaló que preparaba su defensa ante la Superintendencia y aclaró que el sistema no opera radares de velocidad.
Ese matiz es fundamental. Una investigación administrativa busca establecer si existieron incumplimientos; no constituye por sí sola una declaración de ilegalidad de todas las actuaciones realizadas por una entidad.
Entre seguridad vial y recaudo
Barrancabermeja también ofrece otro elemento para entender la discusión. La administración distrital ha defendido las cámaras como herramientas de prevención y seguridad vial. Antes de iniciar el cobro de comparendos, las autoridades realizaron una etapa pedagógica y reportaron 1.200 comparendos sin costo. Posteriormente comenzó el cobro en cuatro puntos autorizados.
La autoridad de tránsito sostuvo entonces que el propósito no era simplemente sancionar. El director de la entidad afirmó que “se han notado una disminución en el índice de siniestros viales y de accidentes en estos sectores, lo cual es positivo y de eso se trata, no de impartir solamente una fotodetección ni castigar con una multa”.
Además, la información oficial de la ITTB señala que los sistemas de fotodetección tienen como objetivo contribuir a la reducción de la siniestralidad y que las cámaras recopilan evidencias, pero no son por sí mismas las que imponen la multa.
El debate, por tanto, no puede reducirse a la pregunta de si las fotomultas son legales o ilegales. La Corte Constitucional ha reconocido la constitucionalidad de la fotodetección, aunque estableció reglas sobre la responsabilidad del propietario y el procedimiento sancionatorio. La propia ITTB reconoce que la Sentencia C-321 de 2022 mantiene vigente el sistema.
Lo que ahora está bajo escrutinio es si cada cámara está debidamente autorizada, si mantiene vigentes los permisos correspondientes, si fue instalada conforme a los criterios establecidos y si los procedimientos posteriores respetan las garantías de los ciudadanos.
Una revisión que puede tener efectos nacionales
La solicitud de De la Espriella coincide con una revisión institucional que ya está produciendo expedientes administrativos. En su pronunciamiento, el presidente pidió que allí donde se encuentren irregularidades se actúe con contundencia.
“Donde haya irregularidades, abusos o sistemas diseñados con fines meramente recaudatorios, hay que actuar con contundencia”, sostuvo.
Y agregó: “No podemos permitir más atropellos contra los colombianos. El Estado está para servir al ciudadano, no para abusar de él”.
El desafío para el Ministerio de Transporte será convertir esa declaración política en una revisión técnica verificable. El país necesita saber cuántas cámaras están autorizadas, cuáles tienen permisos vencidos, qué entidades presentan investigaciones abiertas y qué ocurrirá con los comparendos asociados a sistemas que eventualmente hayan incumplido las normas.
En Barrancabermeja, donde más de 80.000 comparendos fueron reportados en los primeros meses de funcionamiento, la respuesta tendrá una importancia particular. No solo está en juego el dinero de los conductores, sino la credibilidad de un modelo de control que fue presentado como herramienta para salvar vidas.
