Colombia enfrenta una doble emergencia: un terremoto que golpeó con fuerza al occidente y unas finanzas públicas sometidas a elevada presión. La Contraloría advierte que el Gobierno recibe un margen de endeudamiento prácticamente agotado, una deuda interna cercana a $900 billones y vencimientos concentrados.
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente colombiano el 10 de agosto modificó las prioridades inmediatas del nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella. Mientras las autoridades atienden una emergencia que, al último balance conocido, deja 188 muertos y 1.677 heridos, la administración debe enfrentar simultáneamente una situación fiscal que limita su capacidad de respuesta.
El problema no comenzó con el sismo. El desastre natural llega cuando las cuentas de la Nación ya muestran señales de tensión. El más reciente corte técnico de la Contraloría sobre las finanzas públicas advierte un escenario caracterizado por presión sobre la sostenibilidad fiscal, elevado uso del endeudamiento y una ejecución presupuestal que presenta una brecha considerable entre los recursos comprometidos y aquellos que realmente se convierten en obligaciones y pagos.
La fotografía que recibe el nuevo Ejecutivo resulta particularmente compleja porque la emergencia obliga a disponer recursos para atención humanitaria, reconstrucción de infraestructura, vivienda, salud, vías y recuperación económica, justamente cuando el espacio fiscal disponible es reducido.
El terremoto, por tanto, no crea el problema fiscal, pero sí puede profundizarlo.
Uno de los datos más sensibles del informe de la Contraloría es el nivel de utilización del cupo de endeudamiento correspondiente a 2026. Según el balance, el 97 por ciento ya fue utilizado, dejando apenas un 3 por ciento de margen para nuevas operaciones.
En términos políticos y financieros, esa cifra constituye una señal de alerta. Un Gobierno que inicia su administración con una emergencia nacional de grandes dimensiones necesita capacidad para reaccionar. Sin embargo, la herramienta tradicional de acudir a más deuda encuentra un espacio considerablemente reducido.
La situación adquiere mayor relevancia porque una parte importante de los ingresos registrados durante el primer semestre provino precisamente de operaciones de financiamiento.
Al cierre de junio, los ingresos netos en efectivo alcanzaron $285,78 billones, equivalentes al 51,9 por ciento del aforo previsto para todo 2026. Pero los ingresos tributarios llegaron a $153,17 billones, apenas el 47,6 por ciento de lo presupuestado.
La diferencia resulta significativa: mientras el recaudo tributario avanza por debajo de la mitad de la meta anual, los recursos de capital aumentaron con fuerza.
Estos alcanzaron $104,49 billones, con un crecimiento nominal de 23,6 por ciento. Dentro de ellos, las colocaciones de TES B aportaron $60,63 billones.
En otras palabras, una porción relevante de los recursos que ingresaron al Estado durante el primer semestre no corresponde a nuevos impuestos recaudados, sino a financiación obtenida mediante endeudamiento.
Ese detalle es fundamental para entender la fotografía fiscal. Un aumento de los recursos disponibles puede parecer positivo en términos de caja, pero cuando procede principalmente de deuda también incrementa las obligaciones futuras de la Nación.
La deuda interna se acerca a los $900 billones
La deuda bruta del Gobierno Nacional Central llegó a $1.167,22 billones en junio de 2026, equivalente al 60,3 por ciento del Producto Interno Bruto, según el reporte citado por la Contraloría.
Aunque el indicador representa una reducción frente al 64,37 por ciento registrado en diciembre de 2025, la evolución de los componentes de la deuda revela un cambio que merece especial atención.
Durante el primer semestre, la deuda externa disminuyó en $86,66 billones. Al mismo tiempo, la deuda interna aumentó $61,25 billones y alcanzó $899,80 billones.
La explicación está principalmente en una mayor colocación de TES B.
Este desplazamiento hacia el mercado interno tiene consecuencias. El Estado obtiene recursos en pesos y reduce determinadas exposiciones externas, pero al mismo tiempo aumenta la presión sobre el mercado financiero nacional y sobre las obligaciones que deberá atender en los próximos años.
La cifra de $899,80 billones convierte a la deuda interna en uno de los principales componentes de la estructura financiera del Gobierno. No se trata solamente del tamaño absoluto de la obligación, sino de su coexistencia con un cupo de endeudamiento casi agotado y con un calendario de vencimientos concentrado.
El calendario de vencimientos añade presión inmediata.
La Nación deberá atender $1,87 billones correspondientes a TES B de corto plazo que vencen el 25 de agosto. Al día siguiente tendrá que responder por otros $4,21 billones de deuda de largo plazo.
A estos compromisos se suman $42,03 billones en bonos con vencimientos durante 2027.
El servicio de la deuda también tendrá un peso considerable. Solo en intereses, el Estado deberá pagar $14,36 billones durante 2026 y $59,63 billones adicionales en marzo y noviembre de 2027, de acuerdo con el balance de la Contraloría.
La suma de obligaciones asociadas con deuda e intereses configura un escenario que el organismo de control califica como de riesgo fiscal elevado.
Para el Gobierno de De la Espriella, el desafío consiste entonces en atender las necesidades inmediatas sin deteriorar aún más las condiciones financieras de mediano plazo.
Y el terremoto introduce una variable que no estaba contemplada en el escenario fiscal previo.
La emergencia sísmica puede ampliar las necesidades presupuestales
El sismo del 10 de agosto tuvo epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, y alcanzó una magnitud de 7,4. Sus efectos se extendieron por diferentes departamentos del occidente y el Eje Cafetero.
La dimensión de la emergencia significa que el Estado deberá movilizar recursos adicionales para responder a necesidades que van mucho más allá de la atención de las primeras horas.
La reconstrucción de viviendas, hospitales, escuelas, carreteras, puentes, sistemas de servicios públicos y edificaciones oficiales puede convertirse en una obligación fiscal de varios años.
La magnitud definitiva de esa factura todavía no está establecida. Pero existe una tensión evidente: mientras las necesidades de gasto aumentan, el margen para financiar nuevas obligaciones mediante deuda se encuentra prácticamente agotado.
Ese es uno de los puntos que convierte el actual escenario en un problema de política económica y no solamente en una emergencia presupuestal.
La Contraloría identifica otro frente de preocupación: el Estado puede comprometer recursos sin convertirlos oportunamente en obras, bienes, servicios y pagos efectivos.
A la fecha de corte, el 68,9 por ciento de los recursos de inversión estaba comprometido, pero apenas el 36,4 por ciento se había convertido en obligaciones.
La diferencia de 32,5 puntos porcentuales revela una brecha entre lo anunciado o contratado y aquello que efectivamente avanza dentro del ciclo presupuestal.
El caso de la Presidencia resulta especialmente llamativo. El 94 por ciento de su presupuesto de inversión estaba comprometido, pero solamente el 15,2 por ciento había sido obligado.
En Transporte, uno de los sectores con mayor presupuesto de inversión, se habían comprometido $15,57 billones. Sin embargo, solo el 14,4 por ciento estaba obligado, pese a que el nivel de compromisos alcanzaba el 67,5 por ciento.
La situación también se refleja en sectores estratégicos como Defensa y Policía, con 7,5 por ciento obligado; Rama Judicial, con 9 por ciento, y Fiscalía, con 11,4 por ciento.
El asunto adquiere relevancia porque en una situación de emergencia nacional no basta con disponer de recursos. El Gobierno necesita ejecutarlos con rapidez, transparencia y eficacia.
Vigencias futuras dejan compromisos para las próximas décadas
Otra pieza del rompecabezas fiscal está en las vigencias futuras.
Durante 2025 fueron autorizados $117,6 billones con efectos entre 2026 y 2051. De ese monto, el 80 por ciento fue comprometido.
El mecanismo permite financiar proyectos de largo plazo, pero también reduce el margen de maniobra de administraciones futuras, porque compromete anticipadamente una parte de los presupuestos de los próximos años.
El informe señala, además, que de los $41,3 billones en vigencias futuras que debían comprometerse durante 2025, cerca del 31 por ciento, unos $12,8 billones, expiró sin compromiso.
Entre los recursos afectados aparecen partidas relacionadas con proyectos como las líneas 1 y 2 del Metro de Bogotá.
El dato plantea una paradoja: el Estado puede tener presupuestos comprometidos durante décadas y, al mismo tiempo, registrar recursos que pierden vigencia sin convertirse en proyectos ejecutados.
La conclusión de la Contraloría pone al Gobierno frente a una tarea más compleja que conseguir recursos.
El desafío consiste en ordenar las finanzas, mejorar el recaudo, controlar el crecimiento de las obligaciones, priorizar la inversión y acelerar la ejecución sin recurrir indiscriminadamente a nueva deuda.
La emergencia sísmica aumenta la dificultad. Colombia necesitará financiar la atención de las víctimas y, posteriormente, una reconstrucción que podría representar costos significativos. Pero la respuesta fiscal tendrá que construirse dentro de un escenario donde el 97 por ciento del cupo de endeudamiento ya fue utilizado y la deuda interna ronda los $900 billones.
La situación obliga, por tanto, a revisar prioridades.
