La reforma pensional vuelve a quedar frente a un nuevo pulso institucional. Una ponencia atribuida a la magistrada Paola Andrea Meneses propondría devolverla nuevamente a la Cámara para corregir los vicios de trámite que, según la Corte, todavía no habrían sido subsanados.
La reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro enfrenta nuevamente un escenario decisivo en la Corte Constitucional. Según información conocida sobre la ponencia que estudiará la Sala Plena, la magistrada y presidenta del alto tribunal, Paola Andrea Meneses, propondría devolver por segunda vez la Ley 2381 de 2024 a la Cámara de Representantes.
La decisión, de concretarse, prolongaría un limbo jurídico que comenzó el 17 de junio de 2025, cuando la Corte suspendió la entrada en vigencia de la reforma y ordenó devolverla al Congreso para corregir un vicio de procedimiento. El tribunal consideró entonces que durante el trámite legislativo se había producido una elusión del debate en la plenaria de la Cámara.
El nuevo escenario resulta particularmente relevante porque el Congreso que tendría que revisar nuevamente la norma ya no es el mismo que la aprobó inicialmente. La composición política de la Cámara cambió después de las elecciones de 2026 y la reforma, que durante el gobierno Petro tuvo una mayoría oficialista decisiva, tendría ahora que enfrentar una correlación de fuerzas distinta.
El primer vicio que abrió la crisis
La Ley 2381 fue aprobada por el Congreso en 2024 y sancionada como una transformación estructural del sistema pensional colombiano. Su objetivo era reemplazar el modelo vigente por un esquema de pilares, con modificaciones profundas en la distribución de las cotizaciones y en la manera como los trabajadores construirían su futura pensión.
El punto más sensible del nuevo modelo está en el Pilar Contributivo. La ley establece que las cotizaciones correspondientes a ingresos entre uno y 2,3 salarios mínimos serían administradas dentro del componente de Prima Media, mientras que el excedente por encima de ese umbral iría al componente complementario de ahorro individual, administrado por una ACCAI escogida por el afiliado.
Pero antes de que ese nuevo sistema pudiera comenzar a operar, la Corte encontró un problema en la manera como la reforma fue tramitada en la Cámara. En el Auto 841 de 2025, el tribunal ordenó repetir la discusión y votación de una proposición sustitutiva relacionada con la incorporación del texto aprobado previamente por el Senado.
La Corte no consideró suficiente trasladar automáticamente a la Cámara el resultado deliberativo de otra corporación. Su razonamiento fue que los representantes debían tener la posibilidad efectiva de discutir el contenido, formular proposiciones y participar en una deliberación democrática antes de votar.
Por esa razón, el tribunal suspendió la entrada en vigencia de la Ley 2381, prevista originalmente para el 1 de julio de 2025. La suspensión quedó condicionada a la decisión definitiva de constitucionalidad.
El segundo trámite que ahora está en disputa
El Congreso intentó cumplir la orden judicial mediante sesiones extraordinarias convocadas a finales de junio de 2025. La Cámara volvió a discutir y aprobó la proposición relacionada con el texto pensional, con una votación de 104 representantes a favor y nueve en contra.
Sin embargo, el problema que ahora examinaría la Corte estaría precisamente en la forma en que se produjo esa nueva actuación legislativa.
La discusión habría vuelto a concentrarse en la aprobación de la proposición para acoger el texto del Senado, sin desarrollar el debate del articulado con la amplitud que, según la interpretación del Auto 841, exigía la subsanación del vicio original.
El propio auto había advertido que la aprobación de una proposición que sustituyera el articulado por un texto previamente aprobado en otra instancia no podía convertirse en una fórmula para evitar el debate.
Ahí estaría el núcleo de la nueva ponencia: no se trataría necesariamente de discutir todavía el contenido económico o social de la reforma, sino de establecer si el Congreso cumplió correctamente las reglas constitucionales para aprobarla.
En otras palabras, la controversia puede terminar siendo menos política que procedimental, aunque sus consecuencias sean profundamente políticas y económicas.
El expediente cambió de manos
El proceso también ha tenido un recorrido poco habitual dentro de la Corte Constitucional.
Inicialmente estuvo bajo la responsabilidad del magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Sin embargo, en febrero de 2026 la Sala Plena declaró fundado un impedimento presentado por el propio magistrado, por lo que quedó apartado del estudio del expediente D-15.989. El caso pasó entonces al despacho de la presidenta de la Corte, Paola Andrea Meneses.
Ese cambio es relevante porque Ibáñez había sostenido una posición más severa frente a los problemas de trámite. La discusión posterior abrió la posibilidad de una salida intermedia: en lugar de declarar inexequible toda la reforma, devolverla nuevamente al Congreso para que se corrigiera el procedimiento.
Una información publicada en mayo de 2026 ya señalaba que dentro de la Corte existían posiciones enfrentadas sobre el futuro de la ley y que una de las alternativas consideradas era precisamente devolverla nuevamente al Congreso.
Ahora, con la ponencia atribuida a Meneses, esa posibilidad vuelve al centro de la discusión.
Lo que está en juego para los ahorros
Aunque el debate jurídico gira alrededor del procedimiento legislativo, las consecuencias para los trabajadores serían enormes.
La reforma plantea que todos los afiliados coticen hasta 2,3 salarios mínimos dentro del componente administrado por Colpensiones y que los ingresos superiores a ese límite sean dirigidos al componente complementario de ahorro individual. La cotización total continuaría siendo del 16% del ingreso base de cotización.
Eso significa que la decisión de la Corte no es un asunto exclusivamente constitucional. Define también si el sistema pensional colombiano conservará las reglas de la Ley 100 de 1993 o avanzará hacia el modelo de pilares diseñado por el gobierno Petro.
Mientras la Ley 2381 permanezca suspendida, la transformación estructural no entra plenamente en funcionamiento. La propia Corte dejó establecido que la suspensión se mantendría hasta el día hábil siguiente a su decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la norma.
El debate también afecta la expectativa de millones de afiliados respecto de sus futuras cotizaciones, especialmente quienes tienen ingresos superiores a 2,3 salarios mínimos y quienes han construido durante años un ahorro en fondos privados.
Por eso, una eventual devolución a la Cámara no significaría que la reforma haya sido aprobada definitivamente ni que haya sido derrotada. Significaría que el Congreso tendría una nueva oportunidad —y una nueva obligación— de tramitarla conforme a las reglas constitucionales.
La eventual devolución tendría, además, una particularidad política: el Congreso que recibiría la reforma sería diferente al que protagonizó su aprobación inicial.
La Cámara tendría que volver a discutir un proyecto que ya provocó una fuerte confrontación entre el Ejecutivo, los partidos políticos, los fondos privados, organizaciones laborales y sectores de la oposición.
Y esta vez el resultado no estaría garantizado.
La Corte, en caso de adoptar la salida propuesta por la ponencia, no estaría resolviendo el debate de fondo sobre cuál modelo pensional es mejor para Colombia. Estaría exigiendo que esa decisión sea tomada mediante un procedimiento legislativo que respete plenamente la deliberación parlamentaria.
