La decisión provisional del Consejo de Estado sacude la política de paz total del Gobierno al suspender la resolución que permitía instalar diálogos con la Segunda Marquetalia. El alto tribunal concluyó que esa estructura debe ser tratada como organización criminal.
La política de “paz total” del Gobierno colombiano recibió uno de sus golpes más significativos luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente la resolución que autorizaba la instalación de una mesa de diálogos con la Segunda Marquetalia, una de las principales disidencias de las antiguas Farc.
La determinación del alto tribunal marca un precedente jurídico y político de enorme alcance, al establecer que esta estructura no reúne las condiciones legales para ser considerada un grupo armado organizado al margen de la ley con estatus político, sino que corresponde a una organización criminal de alto impacto.
El fallo se origina en una demanda contra la Resolución 064 de 2024, mediante la cual el Gobierno había dado luz verde a la apertura formal de conversaciones con esa estructura armada. El demandante argumentó que la decisión vulneraba la Ley 2272 de 2022, base normativa de la llamada “paz total”, al otorgarle a la Segunda Marquetalia un reconocimiento que, según su criterio, no le corresponde.
“La Resolución 064 de 2024 vulnera el ordenamiento jurídico, pues la autodenominada Segunda Marquetalia corresponde, según la definición de la Ley 2272 de 2022, a una estructura armada organizada de crimen de alto impacto”, señalaba la acción judicial que fue avalada por la corporación.
La línea divisoria entre negociación y sometimiento
El eje central de la discusión jurídica gira alrededor de la diferenciación que establece la Ley 2272 entre dos tipos de estructuras armadas: por un lado, los grupos armados organizados al margen de la ley, con los cuales el Estado puede adelantar negociaciones de carácter político; y por otro, las estructuras criminales de alto impacto, cuyo único camino es el sometimiento a la justicia.
El magistrado ponente, Carlos Fernando Mantilla, dejó claro en el auto que la Segunda Marquetalia se ubica en esta segunda categoría debido a que está integrada por excombatientes de las Farc que, tras firmar el Acuerdo Final de Paz de 2016, decidieron rearmarse y continuar actividades ilegales.
“De manera preliminar y sin anticipar la decisión de fondo, la Ley 2272 de 2022 establece que los exintegrantes de grupos armados que se desmovilizaron mediante acuerdos con el Estado y luego conforman una estructura criminal no pueden ser considerados parte de un grupo armado organizado al margen de la ley”, señala el documento judicial.
La interpretación del Consejo de Estado redefine, por ahora, el alcance de la política de paz del Ejecutivo. Según expertos consultados en distintos escenarios académicos y políticos, el pronunciamiento introduce límites más estrictos para la apertura de mesas con grupos compuestos por reincidentes.
En la práctica, esto significa que cualquier acercamiento con la Segunda Marquetalia deberá replantearse bajo un modelo de sometimiento y no de negociación política, lo que cambia sustancialmente las garantías, incentivos y alcances del proceso.
Las implicaciones políticas y jurídicas del fallo
Desde la Presidencia, la defensa de la resolución había sido contundente. El Gobierno argumentó que una interpretación restrictiva de la norma haría inviable gran parte de la estrategia de paz, dado que muchas estructuras armadas actuales tienen entre sus filas excombatientes desmovilizados que reincidieron.
La Casa de Nariño sostuvo que asumir que la sola presencia de esos integrantes convierte automáticamente a una organización en banda criminal “dejaría sin aplicación práctica la Ley de paz total”.
Sin embargo, el Consejo de Estado no acogió esa tesis y reafirmó que la legislación vigente establece límites precisos sobre quiénes pueden sentarse a negociar políticamente con el Estado.
El impacto de la decisión podría extenderse más allá de la Segunda Marquetalia. Analistas advierten que otras resoluciones expedidas por el Gobierno para abrir diálogos con estructuras armadas similares podrían ser revisadas bajo la misma lógica jurídica.
Además, el fallo reabre un debate de fondo sobre la naturaleza de las disidencias y el tratamiento que debe darles el Estado colombiano. Mientras sectores cercanos al Gobierno insisten en que la negociación es una vía necesaria para contener la violencia, sectores opositores consideran que otorgar estatus político a organizaciones conformadas por reincidentes debilita el Acuerdo de Paz de 2016.
Por ahora, la suspensión tiene carácter cautelar y permanecerá vigente mientras el Consejo de Estado estudia de fondo la legalidad de la resolución. Lo que está en juego no es solo el futuro de una mesa de diálogo, sino la arquitectura jurídica de la “paz total” y la capacidad del Gobierno para mantener abiertos canales de negociación con actores armados ilegales.
El desenlace de este proceso podría redefinir el mapa de las conversaciones de paz en Colombia y establecer nuevos parámetros sobre quiénes pueden aspirar a una salida política y quiénes deberán enfrentar únicamente el rigor de la justicia.
