La decisión del Ministerio de Ambiente de revocar la protección sobre 1.499 hectáreas de la microcuenca La Baja, en California (Santander), reabrió una disputa que durante años ha enfrentado defensa del agua, minería y comunidades locales, mientras el Gobierno anuncia un nuevo proceso técnico, jurídico y participativo.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible revocó la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, mediante la cual el Gobierno de Gustavo Petro había declarado una Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo sobre 1.499,28 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en jurisdicción de California (Santander).
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto y fue anunciada públicamente el 19 de agosto por el ministro de Ambiente, Fabio Arjona. El episodio vuelve a poner a Santurbán en el centro de una discusión nacional que combina protección ambiental, minería, derechos de las comunidades y decisiones administrativas adoptadas durante los últimos días de un gobierno.
La medida anterior había sido presentada como una herramienta para proteger procesos de recarga, infiltración, almacenamiento, circulación y descarga del agua, además de preservar la conectividad del sistema hídrico superficial y subterráneo asociado al Macizo de Santurbán. Dentro de la reserva no podían otorgarse nuevas concesiones, licencias o permisos para actividades de mediana y gran minería.
Sin embargo, existe una precisión fundamental para entender el alcance del conflicto: las 1.499 hectáreas de La Baja no corresponden necesariamente al área jurídicamente delimitada como páramo. Se trata de una zona ubicada en el entorno del complejo y considerada estratégica para su protección hídrica. Esa diferencia técnica resulta determinante porque la prohibición constitucional y legal de minería opera directamente sobre las áreas delimitadas como páramo, mientras que en zonas externas pueden existir otros instrumentos de conservación y ordenamiento.
La Resolución 0994 buscaba precisamente utilizar una figura ambiental distinta para ampliar la protección sobre un territorio considerado relevante para el funcionamiento del sistema natural. Por ello, su revocatoria no significa que la minería haya sido autorizada automáticamente en las 1.499 hectáreas, pero sí elimina, por ahora, las restricciones específicas que había establecido ese acto administrativo.
El Ministerio sostiene que el proceso deberá comenzar nuevamente. La cartera anunció una evaluación técnica y jurídica integral y aseguró que la revocatoria no constituye un pronunciamiento contra los fundamentos científicos o ambientales que habían sustentado la iniciativa de protección.
Santurbán enfrenta nuevas decisiones que tensionan protección ambiental y minería.
La tutela y las dudas sobre el procedimiento
El argumento central del Gobierno de De la Espriella está relacionado con el trámite que condujo a la expedición de la Resolución 0994. Según el Ministerio, un fallo del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga ordenó reiniciar el proceso después de advertir una posible vulneración de derechos fundamentales de habitantes del sector.
Fabio Arjona explicó que la decisión no pretende eliminar la protección ambiental de La Baja, sino devolver el procedimiento al momento en que, según el Gobierno, dejó de garantizarse una participación efectiva de los actores involucrados.
“Ojo, lo que estamos haciendo no elimina la necesidad de proteger La Baja, sino que retrotrae el proceso al punto en el que dejó de garantizarse la participación efectiva de todos los actores, como lo dicta la orden judicial”, afirmó el ministro.
La controversia está precisamente en la interpretación de esa orden judicial. El Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán sostiene una posición contraria a la del Ministerio. “El fallo judicial ordenaba rehacer la consulta, no revocar la reserva ambiental definitiva. Y lo más grave: ni siquiera apelaron la decisión”, cuestionó la organización.
La discusión no es menor. Desde 2017, la Corte Constitucional estableció que los procesos relacionados con la delimitación de Santurbán deben incorporar una participación amplia, informada, eficaz, deliberativa y con capacidad real de incidencia. La Sentencia T-361 de 2017 dejó sin efectos la delimitación contenida en la Resolución 2090 de 2014 precisamente por deficiencias en la participación ciudadana.
Ese antecedente convierte cualquier decisión administrativa sobre el complejo en un asunto particularmente sensible. No basta, jurídicamente, con producir estudios técnicos: el procedimiento debe garantizar espacios efectivos para que comunidades, organizaciones ambientales, mineros, autoridades territoriales y demás actores puedan intervenir.
El Ministerio también cuestionó el momento en que se expidió la Resolución 0994. El acto fue firmado el 6 de agosto, a menos de 24 horas del cambio de administración presidencial. De acuerdo con la explicación oficial, para entonces existía una tutela admitida y estaba pendiente una recusación contra la ministra encargada. Para la nueva administración, esas circunstancias tenían efectos sobre la actuación administrativa.
La coincidencia temporal alimentó además las críticas políticas. Para las organizaciones defensoras del agua, la cercanía entre la expedición de la reserva y el final del Gobierno Petro genera interrogantes sobre la solidez del procedimiento. Para las comunidades mineras de Soto Norte, en cambio, la revisión representa una oportunidad para corregir posibles irregularidades y garantizar que quienes viven y trabajan en el territorio sean escuchados.
El punto de choque con la minería de Soto Norte
La controversia adquiere una dimensión económica porque la zona de influencia de La Baja está relacionada con territorios donde existe actividad minera y con proyectos de gran escala que han generado una fuerte discusión regional.
El Comité Santurbán ha advertido que la reserva revocada tenía particular importancia porque comprendía un espacio relacionado con intereses mineros, entre ellos los de la multinacional Aris Mining. La organización cuestionó al ministro Arjona por haber presentado anteriormente a esa empresa como un referente de minería que podría replicarse en Santurbán.
“La resolución que usted tumbó no es la de delimitación progresiva. Es la que prohibía la minería en cerca de 1.500 hectáreas en Santurbán, casualmente justo donde está el título de la multinacional Aris Mining, la misma empresa que usted ha puesto en medios como ejemplo de minería para replicar en Santurbán”, señaló el Comité.
El señalamiento plantea una pregunta que deberá resolverse con documentos técnicos y jurídicos, no solamente mediante declaraciones políticas: cuál será el tratamiento que el nuevo proceso dará a los títulos mineros existentes y qué condiciones ambientales tendrán que cumplir los proyectos ubicados en el área de influencia.
Arjona ha sostenido que cualquier proyecto minero deberá someterse a estudios ambientales y a la evaluación de las autoridades competentes. También ha insistido en que la minería está prohibida dentro del páramo delimitado, pero ha diferenciado esa situación de determinados títulos existentes en zonas distintas.
El ministro ha cuestionado además la forma tradicional en que se ha planteado el debate. Ha calificado como una “tremenda mentira” reducir la discusión a “oro o agua” y ha hablado de una “hidrología política” utilizada durante períodos electorales. Su posición apunta a una estrategia de formalización de pequeños mineros como mecanismo para enfrentar la minería ilegal.
La disputa, por tanto, no se reduce a una confrontación entre ambientalistas y empresas. En el territorio existen pequeños mineros, familias que dependen de la actividad extractiva, organizaciones ambientales, autoridades locales, empresas de mayor escala y habitantes de ciudades que consideran el agua de Santurbán un asunto estratégico.
La revocatoria generó posiciones enfrentadas: mientras el Comité de Defensa del Agua cuestionó la decisión, comunidades de Soto Norte consideraron que permite corregir irregularidades y garantizar una participación más amplia.
Ese contraste explica por qué cualquier nuevo procedimiento tendrá que enfrentar una dificultad que lleva años sin resolverse: proteger ecosistemas estratégicos sin ignorar las realidades sociales y económicas de las comunidades que habitan sus alrededores.
El río Suratá surte el agua al área metropolinata, sin embargo ha tenido afectaciones por mercurio producro de la minería ilegal.
Santurbán vuelve al laberinto jurídico
La historia reciente de Santurbán demuestra que el problema no comenzó con la Resolución 0994 ni terminará con la Resolución 1037.
La Resolución 2090 de 2014 delimitó el complejo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín, pero la Corte Constitucional la dejó sin efectos mediante la Sentencia T-361 de 2017. El tribunal encontró deficiencias en la participación y ordenó desarrollar un nuevo procedimiento amplio, participativo, eficaz y deliberativo.
Paralelamente, la Sentencia C-035 de 2016 consolidó un marco especialmente estricto para la protección de los páramos. La Corte examinó las reglas sobre minería e hidrocarburos y estableció que las áreas delimitadas como páramo están sometidas a una prohibición de explotación de recursos naturales no renovables. También sostuvo que la existencia de contratos o autorizaciones previas no impide al Estado adoptar medidas para proteger bienes ambientales de especial importancia.
El asunto es particularmente relevante para Santurbán porque la delimitación determina dónde opera directamente la prohibición minera y dónde pueden aplicarse instrumentos complementarios de protección ambiental.
De hecho, el propio Ministerio mantiene abierto un proceso para la delimitación progresiva del Complejo de Páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín en cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017. En julio de 2026 publicó observaciones al proyecto de acto administrativo destinado a avanzar en esa delimitación y sustituir parcialmente la Resolución 2090 de 2014.
Así, la revocatoria de La Baja ocurre mientras continúa otro proceso de mayor alcance sobre el futuro jurídico del complejo. Son procedimientos relacionados, pero no equivalentes. Confundirlos puede llevar a concluir erróneamente que la decisión del 13 de agosto elimina toda la protección ambiental de Santurbán. No lo hace.
Lo que desaparece es la reserva definitiva establecida por la Resolución 0994 sobre La Baja. El Gobierno deberá ahora definir qué instrumento utilizará para proteger esa zona, con qué soporte científico, bajo qué procedimiento y después de escuchar a los actores que cuestionaron o respaldaron la decisión anterior.
Ese nuevo camino tendrá que superar además la desconfianza acumulada durante más de una década. Para los defensores del agua, el temor es que una nueva evaluación termine debilitando la protección y facilite actividades mineras de mayor escala. Para los habitantes de Soto Norte, el riesgo contrario es que decisiones tomadas desde Bogotá desconozcan sus condiciones económicas, sus tradiciones mineras y su derecho a participar en la definición del futuro territorial.
La nueva administración ha insistido en que quiere seguridad jurídica, transparencia y participación. El reto será demostrarlo en el procedimiento.
Comunidades ambientales y mineras mantienen posiciones enfrentadas sobre Santurbán nuevamente.
Por ahora, Santurbán queda nuevamente en un punto de transición: la reserva que Petro dejó firmada ya no existe, la prohibición constitucional de minería dentro de las áreas formalmente delimitadas como páramo permanece y la delimitación progresiva continúa bajo el mandato de la Corte Constitucional.
La verdadera disputa comenzará cuando el Ministerio tenga que convertir esas tres realidades en una decisión concreta sobre La Baja. Allí se comprobará si la revocatoria fue solamente una corrección procedimental, como sostiene el Gobierno, o el primer paso hacia una nueva orientación de la política minera y ambiental en uno de los territorios más sensibles de Santander.
