El más reciente estudio sobre el estado de la nutrición global revela que la subalimentación crónica cayó al 4,8% en América Latina tras cinco años de mejoría continua. Mientras República Dominicana alcanzó la meta estadística de hambre cero, países como Colombia aún enfrentan retos estructurales con un 4,1% de su población subalimentada.
El mapa de la nutrición en América Latina y el Caribe atraviesa un momento de inflexión histórica. Tras superar uno de los periodos más severos para las familias vulnerables durante la crisis sanitaria global, la región ha logrado reducir de forma sostenida la subalimentación crónica por quinto año consecutivo. Esta tendencia positiva se debe principalmente a la recuperación de las actividades económicas regionales y a la articulación sostenida de programas de protección social. Así lo refleja el informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026”, publicado a fines de julio por agencias de las Naciones Unidas. Los datos indican que la prevalencia del hambre en la región bajó al 4,8% de la población, lo que sitúa la cifra total de personas que padecen hambre en poco más de 30 millones.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define el hambre, o subalimentación crónica, como el consumo insuficiente de calorías durante al menos un año continuo. Para su medición rigurosa, el organismo utiliza la Prevalencia de la Subalimentación (PoU, por sus siglas en inglés). Bajo este parámetro técnico, el informe de 2026 destaca un hito particular: República Dominicana se convirtió en la nación más reciente de la región en alcanzar el estatus de “hambre cero”, una clasificación estadística reservada para los países donde menos del 2,5% de los habitantes sufre esta condición.
Con este logro, son seis los países latinoamericanos y caribeños que han conseguido salir formalmente del mapa mundial del hambre:
- Brasil: alcanzado en 2012
- Costa Rica: alcanzado en 2013
- Uruguay: alcanzado en 2015
- Chile: alcanzado en 2021
- Guyana: alcanzado en 2021
- República Dominicana: alcanzado en 2026
Al analizar la trayectoria de estas naciones, el economista jefe de la FAO, Máximo Torero, precisa que las medidas adoptadas muestran una clara constancia. “El hambre disminuye cuando las políticas agrícolas, económicas y sociales se refuerzan mutuamente”, explica Torero. El especialista recalca que la clave no reside en diseñar fórmulas inéditas, sino en combinar transferencias de protección social dirigidas a los sectores más desprotegidos con proyectos de desarrollo agrícola sostenibles en el tiempo.
El panorama regional y la radiografía de los países rezagados
A pesar de los avances cuantitativos de la región, el informe anual de la FAO —que compila datos desde 2004 hasta 2025— muestra que la velocidad de la recuperación es heterogénea. Mientras algunas economías avanzan hacia el umbral del 2,5 %, otras continúan atrapadas en niveles elevados de subalimentación debido a crisis políticas, fragilidad institucional o tensiones macroeconómicas.
Excluyendo a las seis naciones que ya consolidaron la meta de hambre cero, la distribución del hambre medida como porcentaje de la población en América Latina se desglosa de la siguiente manera (los países de Nicaragua y Cuba no disponen de datos verificables en el reporte):
|
País |
Prevalencia de la Subalimentación (% de población) |
| Argentina |
2,8 % |
| México |
3,1 % |
| Colombia |
4,1 % |
| Paraguay |
4,1 % |
| Panamá |
4,7 % |
| Venezuela |
5,3 % |
| El Salvador |
5,3 % |
| Perú |
5,7 % |
| Ecuador |
10,8 % |
| Guatemala |
12,7 % |
| Honduras |
14,3 % |
| Bolivia |
19,5 % |
Argentina se sitúa a la cabeza de las naciones más cercanas a erradicar el hambre con un 2,8%, seguida de México con un 3,1%. En la parte baja de la tabla, Bolivia registra los datos más preocupantes de la región, con casi una quinta parte de su población (19,5%) afectada por la falta de calorías diarias.
Foco en Colombia: entre la estabilidad y los retos de acceso
En el contexto sudamericano, Colombia ocupa una posición intermedia-alta al registrar un 4,1% de prevalencia de subalimentación, igualando la cifra de Paraguay y ubicándose por detrás de Argentina. Este porcentaje representa una mejora sustancial en comparación con los años inmediatos a la pandemia, respaldada por la reactivación de los sectores productivos y la continuidad de los programas estatal-asistenciales. Sin embargo, situarse por encima de la franja del hambre cero implica que miles de hogares colombianos continúan expuestos a la vulnerabilidad alimentaria.
El análisis sobre el terreno colombiano demuestra que, si bien la disponibilidad agregada de alimentos y el abastecimiento de los centros mayoristas se han estabilizado, persiste una barrera estructural ligada al ingreso disponible y a la logística distributiva. La brecha territorial entre las grandes áreas urbanas y las zonas rurales apartadas o de baja infraestructura condiciona el precio final de los insumos básicos. Aunque la oferta agrícola colombiana es diversa y robusta, la inflación en la canasta familiar y las fluctuaciones de los insumos del campo frenan la velocidad de reducción de la subalimentación, impidiendo que el país cruce de forma definitiva el umbral estadístico del 2,5%.
El modelo dominicano: dos décadas de continuidad estatal
La principal novedad del informe de la FAO es el caso de República Dominicana. El país logró revertir un escenario crítico que se remonta a más de dos décadas, cuando el colapso del sistema bancario en 2003 desencadenó una severa recesión económica, desempleo récord e inflación desmedida. Para 2004, las mediciones indicaban que una de cada cinco personas en el territorio dominicano pasaba hambre (21%).
La salida de este estancamiento no obedeció a la acción aislada de una única administración, sino a una estrategia gubernamental de largo plazo mantenida durante transiciones de diferentes partidos políticos. Tras la crisis de 2003, la llegada al poder de Leonel Fernández en agosto de 2004 dio inicio a un plan de estabilización macroeconómica respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). A partir de ese momento, la economía dominicana inició un proceso de expansión sustentado en la atracción de inversión extranjera, la construcción, el turismo, el dinamismo de las zonas francas y el ingreso constante de remesas.
A pesar de las interrupciones causadas por la crisis financiera global de 2008 y las restricciones operativas de la pandemia de 2020, la alternancia entre el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no interrumpió las líneas de protección social.
Expertos del ámbito económico señalan el carácter acumulativo de estas medidas. Magdalena Lizardo, economista y directora del Grupo Consultoría Pareto, subraya que la oferta de calorías creció sustancialmente como resultado de “un esfuerzo de largo plazo”. En el mismo sentido, Manuel Robles, director de la Secretaría Técnica para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional del gobierno dominicano, confirma que “ha sido un proceso acumulativo” y agrega que en los últimos años el impulso para erradicar la subalimentación se intensificó. “El hambre cero llegó antes de lo que pensábamos”, señala Robles, destacando la necesidad de asumir un “sacrificio fiscal para financiar los programas alimentarios”.
Arquitectura de las políticas asistenciales e incentivos al campo
La estrategia dominicana se asentó sobre una red articulada de intervenciones sociales y productivas que combinan transferencias condicionadas con fomento a la producción agrícola:
Programa de Alimentación Escolar (PAE): A partir del año 2013, coincidiendo con la extensión de la jornada en las escuelas públicas, se garantizó la entrega de desayuno, almuerzo y merienda a los estudiantes.
Programa Aliméntate: Cobertura destinada a aproximadamente el 14% de la población nacional. Opera mediante una tarjeta de débito electrónica que permite adquirir alimentos en establecimientos populares denominados “colmados”. La selección de los beneficiarios se gestiona a través del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), que categoriza los hogares según un Índice de Calidad de Vida (ICV) enfocado en vivienda e ingresos.
Programa Bono Gas: Entrega directa de subsidios para la adquisición de gas licuado de petróleo destinado al consumo doméstico.
Programa Comedores Económicos: Distribución de raciones de comida cocinada de forma gratuita en zonas con alta densidad de pobreza.
Fortalecimiento de la Producción Agropecuaria: Otorgamiento de financiamiento a tasas preferenciales para pequeños y medianos productores, impulso a la tecnificación, titulación de tierras, capacitaciones técnicas y un esquema de compras públicas priorizadas hacia el productor local.
Estas acciones permitieron dinamizar tanto el consumo urbano como el sustento rural. Testimonios de campesinos en la provincia de La Altagracia ilustran esta transición: familias que abandonaron el campo tras la crisis bancaria o que perdieron sus empleos en el sector turístico durante la pandemia lograron regresar a sus tierras mediante el cultivo de vegetales e iniciativas de acuicultura asistida por el Estado. “Aquí me estoy ganando mi sustento y no tengo que ir a trabajar lejos. Aunque vaya de a poquito, lo poquito es mío”, señala Dioris Rijo, agricultora de la zona.
Simultáneamente, beneficiarias en zonas urbanas como Santo Domingo relatan cómo los aportes estatales alivian la carga familiar. “Es un complemento fundamental”, expresa Yosmeri Céspedes, madre soltera de cuatro hijos, quien utiliza la tarjeta social para balancear los costos del hogar.
Sostenibilidad y debates metodológicos
A pesar del reconocimiento internacional recibido por la nación caribeña, existen análisis críticos sobre la metodología empleada por los organismos internacionales. La economista Maribel Suero Castillo, secretaria de Asuntos Técnicos del Colegio Dominicano de Economistas (CODECO), sostiene que existe un desfase entre las métricas internacionales y el poder adquisitivo cotidiano. Suero Castillo argumenta que el indicador PoU de la FAO evalúa únicamente la disponibilidad nacional teórica de calorías por persona, dejando de lado aspectos distributivos del ingreso real y el acceso físico efectivo a dietas variadas.
Por otro lado, los datos oficiales de la FAO reconocen un reto pendiente: el 41 % de la población dominicana aún experimenta inseguridad alimentaria en nivel “moderado o severo”. Esta cifra ya no mide la falta extrema de calorías diarias, sino la dificultad constante para acceder de forma regular a alimentos variados y con alto valor nutricional. Los analistas coinciden en que superar la inseguridad alimentaria requerirá transformaciones estructurales más profundas y continuadas en la región.
