El Gobierno de Gustavo Petro justificó la declaración de desastre nacional para enfrentar los efectos del Fenómeno de El Niño y defendió el traslado de recursos extraordinarios a la UNGRD. La decisión abre un debate sobre prevención, ejecución presupuestal, transparencia y capacidad institucional frente a la emergencia climática.
El Gobierno nacional salió a responder las críticas que despertó la decisión de declarar el desastre nacional por el riesgo asociado al Fenómeno de El Niño y la destinación de cuantiosos recursos públicos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La administración del presidente Gustavo Petro sostiene que la medida no busca reaccionar cuando ya se hayan producido las emergencias, sino anticiparse a ellas mediante acciones preventivas que reduzcan el impacto sobre la población, la economía y los ecosistemas.
El director de la UNGRD, Javier Pava, explicó que el Decreto 802 declara la situación de desastre nacional debido al “riesgo inminente” derivado de las condiciones climáticas previstas para los próximos meses.
“La declaratoria de desastre permite disponer de herramientas jurídicas y presupuestales para atender oportunamente los problemas que puede generar esta situación”, afirmó Pava.
El funcionario insistió en que los recursos extraordinarios no representan un gasto discrecional, sino un mecanismo para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a una amenaza que ya ha sido advertida por organismos nacionales e internacionales.
Las críticas surgieron porque la decisión implica trasladar recursos de gran magnitud hacia una entidad que todavía enfrenta el impacto institucional y reputacional del escándalo de corrupción destapado en 2024. Sin embargo, el Gobierno sostiene que precisamente una emergencia climática exige fortalecer la capacidad operativa de la UNGRD y acelerar los procesos de contratación necesarios para atender contingencias.
Desde la Presidencia también se ha reiterado que la declaratoria permite coordinar a todas las entidades del Estado bajo un mismo esquema de actuación, agilizando inversiones y evitando retrasos administrativos cuando comiencen a sentirse con mayor intensidad los efectos del fenómeno climático.
Agua, agricultura y energía concentran las mayores preocupaciones
Uno de los principales frentes de acción será garantizar el abastecimiento de agua potable. Según explicó Javier Pava, actualmente más de 111 municipios presentan riesgo de desabastecimiento, mientras varias ciudades podrían enfrentar restricciones si las precipitaciones disminuyen durante los próximos meses.
“Tenemos municipios con riesgo de abastecimiento y algunas grandes ciudades podrían verse obligadas a implementar medidas de racionamiento si las condiciones climáticas se intensifican”, advirtió el director de la UNGRD.
Ante ese panorama, el Gobierno anunció inversiones para fortalecer sistemas alternativos de abastecimiento, incluyendo proyectos de desalinizadoras, optimización de acueductos rurales, almacenamiento de agua y soluciones temporales para las comunidades más vulnerables.
El sector agropecuario constituye otra prioridad. La administración Petro considera que una prolongada temporada seca puede afectar cultivos, reducir la disponibilidad de alimentos y aumentar los precios para los consumidores.
Por esa razón, la estrategia contempla ayudas directas para pequeños y medianos productores, buscando evitar pérdidas económicas y proteger la producción agrícola.
“Queremos que los recursos lleguen directamente a los campesinos para proteger las cosechas y evitar procesos de especulación”, explicó Pava.
La preocupación no es menor. Diversos análisis del sector agrícola advierten que El Niño suele reducir la productividad en actividades como la ganadería, el arroz, el maíz, el café y otros cultivos sensibles a la escasez de lluvias.
El componente energético también ocupa un lugar relevante dentro del plan gubernamental. El Ejecutivo busca reducir la vulnerabilidad de comunidades apartadas mediante programas de paneles solares, especialmente en zonas donde el suministro eléctrico podría verse afectado por incendios, sequías o problemas en la infraestructura.
La apuesta oficial es que estas soluciones permitan aumentar la autonomía energética de hogares rurales y poblaciones históricamente excluidas.
Salud pública e incendios forestales representan los mayores desafíos
El Gobierno reconoce que las consecuencias del Fenómeno de El Niño van mucho más allá de la reducción de lluvias.
Las altas temperaturas incrementan los riesgos para la salud pública, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Por ello, el Ministerio de Salud y la UNGRD preparan protocolos especiales para enfrentar golpes de calor, deshidratación, enfermedades respiratorias y otras afectaciones derivadas de las olas de calor.
“El sistema de salud debe estar preparado para responder a las afectaciones que puedan sufrir especialmente los niños y la población más vulnerable”, sostuvo Pava.
Otro de los riesgos identificados corresponde a los incendios forestales, históricamente asociados a los periodos de sequía.
Las autoridades prevén reforzar el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo mediante la movilización de helicópteros, brigadas especializadas, equipos de respuesta rápida y herramientas tecnológicas para detectar focos de incendio.
El plan contempla igualmente la participación activa de comunidades indígenas, campesinas y organizaciones locales como vigías ambientales.
Según explicó el director de la UNGRD, la experiencia demuestra que la prevención comunitaria resulta mucho más efectiva que la reacción cuando el fuego ya se ha extendido.
Las regiones de la Amazonía y la Orinoquía concentran buena parte de las acciones preventivas debido a su alta vulnerabilidad ambiental y al valor estratégico de sus ecosistemas para la regulación climática del país.
La meta oficial consiste en reducir el número de incendios, minimizar las áreas afectadas y proteger tanto la biodiversidad como las fuentes hídricas.
Un debate entre prevención, ejecución y confianza institucional
La decisión del Gobierno también reabre el debate sobre la forma como Colombia enfrenta las emergencias climáticas.
Mientras el Ejecutivo insiste en que resulta menos costoso invertir en prevención que reconstruir después de los desastres, sectores de oposición y algunos analistas consideran indispensable fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre la ejecución de los nuevos recursos.
La discusión adquiere especial relevancia porque la UNGRD continúa bajo escrutinio tras los casos de corrupción que comprometieron millonarios contratos y afectaron la confianza ciudadana en la entidad.
Expertos en gestión del riesgo sostienen que la declaratoria de desastre puede convertirse en una herramienta eficaz siempre que exista una planeación técnica rigurosa, procesos transparentes de contratación y sistemas permanentes de rendición de cuentas.
Desde el Gobierno se insiste en que la amenaza climática obliga a actuar con rapidez. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha advertido que el comportamiento del Fenómeno de El Niño puede incrementar las temperaturas, disminuir las lluvias en amplias regiones del país y aumentar el riesgo de incendios forestales, desabastecimiento de agua y afectaciones sobre la producción agropecuaria.
