La confiscación de bienes a opositores en Nicaragua dejó de ser una herramienta de persecución política para convertirse en un complejo mecanismo de transferencia patrimonial. Expertos advierten que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consolida un modelo que busca borrar el rastro de las propiedades y obstaculizar cualquier eventual restitución.
La política de confiscaciones impulsada por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha entrado en una nueva fase. Lo que comenzó como una medida aplicada contra dirigentes opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles ahora evoluciona hacia un esquema que, según analistas, pretende hacer irreversible la pérdida del patrimonio de quienes fueron desterrados o despojados de su nacionalidad.
El fenómeno ya no consiste únicamente en retirar la propiedad a sus dueños. La preocupación radica en que numerosos inmuebles están siendo remodelados, transferidos a entidades estatales, vendidos a terceros o destinados a actividades comerciales vinculadas con el oficialismo, dificultando cualquier proceso futuro de restitución.
La dermatóloga Anely Pérez conoce esa realidad de primera mano. Detenida en marzo de 2023 y posteriormente expulsada del país junto con su familia, perdió la vivienda heredada por su esposo. Desde el exilio observa cómo la casa ha sido modificada sin que exista información oficial sobre sus nuevos ocupantes.
“Esa casa es robada y mi esposo no tenía nada que ver. Esa casa no debió haber sido tocada”, afirmó Pérez al recordar que la legislación nicaragüense no contempla la confiscación de bienes familiares bajo las figuras aplicadas por el régimen.
Su historia refleja una práctica que, según organizaciones de derechos humanos, se ha convertido en una herramienta adicional de castigo político.
Reformas legales para dar apariencia de legalidad
La ofensiva patrimonial se fortaleció tras las reformas aprobadas en 2023 por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo.
Las modificaciones permitieron retirar la nacionalidad a cientos de opositores enviados al exilio bajo acusaciones de “traición a la patria”. Con ello, el Estado quedó habilitado para administrar y posteriormente disponer de todos sus bienes.
Para el economista y exprecandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, también víctima de confiscaciones, el proceso carece completamente de sustento jurídico.
“No existe ninguna base legal. Ortega lo está haciendo con toda la impunidad”, sostiene.
El experto considera que las confiscaciones actuales representan apenas una parte del fenómeno, pues numerosas familias prefieren guardar silencio por temor a represalias.
“Hay mucho más de lo que se habla. Hay muchas más propiedades intervenidas”, asegura.
El caso revive uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente de Nicaragua: “La Piñata”, nombre con el que se conocieron las transferencias masivas de bienes ocurridas tras la derrota electoral del Frente Sandinista en 1990.
El analista político Eliseo Núñez considera que el país enfrenta una reedición de ese proceso, aunque con mecanismos administrativos mucho más sofisticados que dificultan reconstruir la cadena de propiedad.
Un mecanismo que rompe el rastro de las propiedades
Las denuncias indican que el procedimiento estatal sigue un patrón repetitivo.
Las propiedades confiscadas dejan de figurar con su matrícula tradicional en el Registro Público y reciben nuevos códigos internos que únicamente pueden rastrear las instituciones estatales. Posteriormente son transferidas, principalmente, al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), desde donde pueden ser vendidas o reasignadas.
Según Juan Sebastián Chamorro, este sistema dificulta enormemente que los antiguos propietarios puedan conocer el destino de sus inmuebles.
“Lo que están haciendo es ocultando, mediante un número no trazable, esa propiedad, de tal manera que el propietario no se da cuenta de que su propiedad va de mano en mano y no puede denunciarla”, explica.
Anely Pérez sostiene que el procedimiento equivale a un mecanismo de “lavado” de bienes.
“Ellos limpian el robo a través de donarlos al instituto pero sigue siendo un robo”, afirma al describir el tránsito de propiedades confiscadas hacia el INSS antes de su posterior comercialización.
La práctica también se ha observado en sedes de medios de comunicación independientes, universidades y organizaciones civiles, cuyos inmuebles fueron reasignados a instituciones públicas después de ser confiscados.
El enorme costo económico de una futura reparación
Las consecuencias del proceso podrían extenderse durante décadas.
El informe La punta del iceberg de la nueva piñata Ortega-Murillo, elaborado por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), calcula que al menos 135 propiedades valoradas en más de 250 millones de dólares ya fueron confiscadas.
El estudio recuerda que Nicaragua apenas terminaba de pagar las indemnizaciones derivadas de las expropiaciones de los años ochenta, una deuda que superó los 2.000 millones de dólares mediante Bonos de Pago por Indemnización.
Ahora, advierte Eliseo Núñez, el nuevo ciclo podría generar reclamaciones superiores a los 1.000 millones de dólares, dependiendo del número definitivo de bienes afectados y de las acciones judiciales nacionales e internacionales que puedan iniciarse.
El especialista añade que transferir los inmuebles al patrimonio del INSS hace mucho más compleja una eventual devolución.
“Complica la devolución, pero simplifica la vía de la compensación o indemnización, porque queda claro que el Estado te la quitó”, explica.
Desde una perspectiva económica, la incertidumbre sobre el respeto a la propiedad privada también afecta la inversión extranjera y deteriora la confianza de los mercados.
Una estrategia con profundas consecuencias políticas
Mientras el oficialismo insiste en que no existen confiscaciones ilegales, las declaraciones del propio Daniel Ortega han alimentado el debate.
El mandatario reconoció públicamente que el Estado administra propiedades valoradas en “varios millones” de dólares, asegurando que pertenecían a personas vinculadas con lavado de activos y que esos bienes serían destinados “para beneficio de los pobres”.
Paralelamente, nuevas normas sobre propiedad en zonas fronterizas despertaron preocupación internacional al ampliar la capacidad del Estado para intervenir terrenos privados bajo argumentos de seguridad nacional.
Para numerosos analistas, el verdadero impacto trasciende el aspecto económico.
Eliseo Núñez sostiene que cualquier proceso de transición democrática deberá abordar no solo la devolución o indemnización de los bienes, sino también el reconocimiento público de las víctimas. “Independientemente de lo material, es muy importante que se sepa lo que pasó”, afirma.
La propia Anely Pérez resume esa dimensión humana cuando recuerda que lo perdido no fue únicamente una vivienda valorada en cientos de miles de dólares, sino los objetos familiares que nunca podrán recuperarse. “Eso ni todo el dinero del mundo va a poder pagarme”, concluye.
