El colapso de la muralla de protección en Puerto Wilches reavivó las denuncias sobre la presunta parálisis institucional y el archivo de mapas técnicos bajo la administración de Carlos Carrillo, dejando a cientos de comunidades vulnerables expuestas a las crecientes del río Magdalena.
La gestión del riesgo en Colombia parece atrapada en un ciclo eterno de reacción y olvido. Mientras el río Magdalena ruge y las emergencias golpean de nuevo a Santander, un manto de dudas cubre las decisiones tomadas en los despachos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Antiguos miembros de los equipos técnicos de la entidad han decidido romper el silencio para advertir sobre una alarmante parálisis estructural. Se denuncia que informes de vulnerabilidad, estudios topográficos y mapas de riesgo clave terminaron archivados de forma sistemática durante la reciente administración de Carlos Carrillo.
“Cuando una entidad pública conoce que existen familias expuestas a escenarios de riesgo y cuenta con información técnica que permite identificar esa situación, la sociedad tiene derecho a saber qué decisiones se tomaron”, sostiene Alexander Angulo, quien formó parte activa de los comités de reasentamiento de la entidad.
Las alarmas no son infundadas. Diversos reportes de medios regionales confirman que la falta de ejecución de las reubicaciones preventivas ha dejado desprotegidas a poblaciones enteras que ya contaban con un censo de damnificados validado. El debate central ya no radica únicamente en la falta de presupuesto, sino en cómo se manejó la capacidad técnica e institucional de la entidad.
El drama de Puerto Wilches, una tragedia advertida
El municipio de Puerto Wilches (Santander), se ha convertido en el símbolo más crudo de esta presunta omisión institucional. Recientemente, el colapso definitivo de un tramo de la muralla de contención en el sector de La Boya de Ecopetrol obligó a la evacuación inmediata de múltiples familias debido a la socavación acelerada del terreno. La emergencia se registra justo en los puntos que ya habían sido identificados en mapas técnicos previos como “zonas críticas de reubicación prioritaria”.
Testimonios de exfuncionarios detallan que comisiones oficiales de la UNGRD visitaron el territorio junto a las autoridades locales de Santander con el objetivo explícito de estructurar un plan integral de traslado. Sin embargo, tras los relevos en las subdirecciones de la entidad, los expedientes quedaron congelados.
Portales de veeduría y medios locales reportan que, a pesar de las constantes crecientes del río, las familias continuaron habitando las laderas sin recibir alternativas reales de vivienda formal, lo que detonó la actual crisis humanitaria.
La reestructuración interna: ¿limpieza institucional o desmantelamiento operativo?
Durante la jefatura de Carlos Carrillo, la UNGRD justificó múltiples cambios internos bajo la bandera de una supuesta “recuperación institucional” y la lucha contra focos de corrupción heredados de administraciones pasadas. No obstante, exintegrantes del programa de reasentamiento argumentan que esta reestructuración terminó por desmantelar los equipos técnicos que daban continuidad a los proyectos de largo plazo.
| Administración UNGRD | Estado de Programas de Reasentamiento | Situación en Puerto Wilches |
| Gestión Anterior | Formulación de mapas de riesgo y censos iniciales de evacuación. | Visitas de campo y delimitación de zonas críticas. |
| Administración Carrillo | Modificación de estructuras internas y priorización de giros económicos directos. | Suspensión o retraso de mesas técnicas de traslado. |
| Situación Actual | Alertas urgentes emitidas por organismos de control tras emergencias invernales. | Colapso de barreras físicas y evacuaciones de emergencia. |
Especialistas del sector señalan que priorizar la entrega de subsidios económicos temporales, como los programas de asistencia humanitaria de emergencia de 500 mil pesos, funcionó como un paliativo pero no solucionó el problema estructural del riesgo habitacional.
“La gestión del riesgo no puede limitarse a reaccionar después de que ocurre una tragedia”, advierten Angulo, quien insiste en que postergar los traslados definitivos constituye una vulneración directa a los derechos fundamentales de las comunidades marginadas.
El llamado urgente a los entes de control
Frente a este escenario de incertidumbre, se ha elevado una solicitud pública para que la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación inicien una revisión exhaustiva de los expedientes archivados.
Las pesquisas judiciales deberán concentrarse en determinar quién recibió la información técnica, qué criterios administrativos justificaron la modificación de los programas en curso y si existieron omisiones punibles que elevaran el riesgo para la población civil.
En esta ocasión, las respuestas institucionales de la UNGRD no podrán basarse en discursos políticos, sino en documentos, fechas precisas, actos administrativos claros y resultados verificables sobre el terreno.
