El nuevo arancel del 12,5% impuesto por Estados Unidos a las importaciones colombianas trasciende el incremento tributario. Su verdadero impacto radica en el cambio de fundamento jurídico, que dificulta una reversión rápida y obliga al próximo gobierno de Abelardo de la Espriella a replantear su estrategia comercial con Washington.
La decisión del presidente Donald Trump de elevar al 12,5% el arancel aplicable a buena parte de las importaciones procedentes de Colombia representa mucho más que un aumento de 2,5 puntos porcentuales frente al gravamen del 10% vigente hasta ahora. El cambio fundamental reside en el soporte jurídico de la medida.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció que los nuevos gravámenes fueron adoptados al concluir una investigación adelantada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, mecanismo utilizado históricamente por Washington para responder a prácticas comerciales consideradas injustificadas o discriminatorias que afecten a la economía estadounidense.
Esta decisión reemplaza el arancel temporal impuesto bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), cuya utilización sufrió un duro revés cuando la Corte Suprema de Estados Unidos limitó el alcance de buena parte de esa estrategia comercial. Ante ese escenario, la administración Trump reconstruyó su política arancelaria utilizando instrumentos jurídicos mucho más sólidos y con amplio respaldo jurisprudencial.
En términos prácticos, esto significa que el nuevo arancel difícilmente podrá ser desmontado mediante demandas judiciales, como ocurrió con varios de los gravámenes anteriores.
La investigación iniciada por la USTR en marzo concluyó que 60 economías —entre ellas Colombia— no cuentan con mecanismos suficientemente eficaces para impedir la importación de bienes elaborados mediante trabajo forzado.
Washington aclara que no acusa a Colombia de utilizar trabajo forzado en su producción nacional. El cuestionamiento apunta a la ausencia de controles suficientemente estrictos para evitar que mercancías elaboradas bajo esas condiciones ingresen posteriormente al mercado colombiano y, desde allí, eventualmente lleguen a Estados Unidos.
Al presentar la decisión, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, afirmó: “El presidente Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han logrado erradicar el trabajo forzado de las cadenas globales de suministro. Estados Unidos ha tenido una prohibición sobre las importaciones producidas con trabajo forzado durante casi un siglo y la hace cumplir rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”.
La administración estadounidense sostiene que los países que permiten el ingreso de bienes producidos con trabajo forzado generan una competencia desleal para las empresas que sí cumplen estándares laborales.
La decisión afecta a economías que representan aproximadamente el 99% de las importaciones estadounidenses y constituye uno de los mayores rediseños de la política comercial de Washington desde la primera guerra comercial impulsada por Trump contra China.
No todas las exportaciones colombianas pagarán el nuevo gravamen
Aunque el anuncio ha generado preocupación entre empresarios y exportadores, el nuevo esquema no implica que todas las exportaciones colombianas queden automáticamente sujetas al arancel del 12,5%.
La resolución mantiene numerosas excepciones. Quedan excluidos diversos bienes cuya imposición podría afectar el abastecimiento interno estadounidense, materias primas estratégicas, ciertos productos agrícolas y energéticos, mercancías protegidas por otros regímenes comerciales y artículos incluidos expresamente en los anexos técnicos de la resolución.
Esto significa que numerosos productos continuarán ingresando bajo condiciones diferentes dependiendo de su clasificación arancelaria.
Especialistas en comercio internacional consultados por medios como Reuters y Associated Press coinciden en que el impacto económico inmediato dependerá más de la composición de las exportaciones de cada país que del porcentaje general anunciado por Washington.
También advierten que esta nueva estrategia pretende incentivar cambios regulatorios antes que castigar indefinidamente a los socios comerciales.
El desafío diplomático para el gobierno de De la Espriella
Paradójicamente, la propia resolución deja abierta una puerta para una eventual reducción futura del arancel.
Estados Unidos estableció dos categorías claramente diferenciadas.
Los países que ya cuentan con prohibiciones efectivas contra las importaciones elaboradas mediante trabajo forzado —o que asumieron compromisos concretos para implementarlas— conservarán un gravamen del 10%. Allí aparecen, entre otros, Canadá, México, Reino Unido, Ecuador, Guatemala, Honduras, Argentina y El Salvador.
Colombia quedó ubicada en el grupo sometido al 12,5%, precisamente porque Washington considera insuficiente su marco regulatorio actual.
Ello convierte el problema en un asunto de política pública más que exclusivamente comercial.
El gobierno electo de Abelardo de la Espriella podría aprovechar la relación política construida durante la campaña presidencial con Donald Trump para abrir una negociación técnica con la USTR orientada a revisar esa clasificación.
Sin embargo, esa posibilidad dependerá menos de la afinidad ideológica entre ambos mandatarios que de la capacidad del nuevo gobierno para demostrar avances verificables en materia de control de cadenas de suministro, fortalecimiento aduanero, vigilancia sobre importaciones y adopción de normas compatibles con los estándares exigidos por Washington.
La propia Sección 301 contempla revisiones cuando cambian las circunstancias que motivaron la imposición de las medidas comerciales.
En consecuencia, el desafío para Colombia no consistirá únicamente en solicitar una reducción del arancel, sino en construir evidencia regulatoria suficiente para convencer al gobierno estadounidense de que el país cumple efectivamente con los estándares internacionales sobre prevención del trabajo forzado.
En el corto plazo, el aumento al 12,5% podría afectar la competitividad de algunos sectores exportadores frente a competidores que conservarán tarifas inferiores. En el mediano plazo, sin embargo, el verdadero reto será institucional: fortalecer los mecanismos de control comercial y utilizar la diplomacia económica para recuperar condiciones más favorables dentro del principal mercado de exportación para los productos colombianos.
