El papel lo aguanta todo, pero el territorio colombiano no. Desde que se planteó el catastro multipropósito como la gran fórmula para ordenar el territorio y saldar deudas históricas del acuerdo de paz, los sucesivos gobiernos lo han presentado como el principio del fin del caos rural.
Por: Jaime Peña Robles | La teoría es impecable: consolidar una base de datos viva e interoperable que sirva para formalizar predios, hacer justicia social y planificar municipios. Sin embargo, la realidad avanza a un ritmo diferente. Aunque las entidades oficiales celebran victorias tempranas, la implementación de este modelo es un reto estructural que Colombia y, especialmente, el departamento de Santander, todavía estamos por superar.
Nadie puede negar los esfuerzos institucionales. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) avanza emitiendo resoluciones para actualizar municipios claves de nuestra región, como Sabana de Torres o Simacota. El problema de fondo no radica en la velocidad con la que se pintan mapas desde las oficinas de Bogotá, sino en lo que ocurre cuando esa burocracia abstracta choca de frente con las veredas de las provincias santandereanas. La reciente tensión social y la instalación de mesas de concertación técnica en Lebrija, motivadas por el temor al impacto de los nuevos avalúos, demuestran que el proyecto técnico está divorciado de la realidad socioeconómica local.
En medio de este malestar, se ha consolidado un error conceptual peligroso: asociar equivocadamente el término “multipropósito” con la causa de los problemas en los avalúos y el incremento desproporcionado de los impuestos prediales. El enfoque multipropósito no nació para inflar cobros ni para ahogar económicamente al ciudadano; su verdadero espíritu es generar un sistema de formación útil para la formalización de la propiedad y la planificación territorial. Las alzas desbocadas y los errores técnicos no son culpa del modelo, sino de la falta de rigurosidad en la ejecución.
Precisamente allí radica el más reciente y grave error del Gobierno Nacional y el IGAC: pretender solucionar un rezago en los avalúos catastrales de más de 20 años mediante una “actualización masiva y automática” aplicando meramente “zonas geoeconómicas homogéneas”. Esta decisión es una contradicción metodológica absoluta al nuevo enfoque. El espíritu del catastro multipropósito exige precisión, detalle, un conocimiento riguroso de las dinámicas del territorio y visitas predio a predio que entiendan la realidad productiva de cada parcela. Apelar a modelos matemáticos automáticos y generalizaciones de escritorio para actualizar el suelo de golpe no solo perpetúa las injusticias fiscales, sino que destruye la confianza ciudadana. Es un retroceso técnico disfrazado de eficiencia administrativa que traiciona la promesa de conocer a fondo la tierra que pisamos.
Frente a este panorama, el gobierno central no puede incurrir en el error de desentenderse de la problemática bajo la excusa de la autonomía regional. Santander vive una paradoja: la Gobernación no está habilitada como gestor catastral, lo que significa que este servicio público, en la mayoría de municipios sigue dependiendo directamente de la Nación a través del IGAC. Habilitar o presionar a municipios pequeños para que asuman la gestión sin un acompañamiento financiero y técnico de largo aliento no es descentralizar; es abandonar. El nivel central debe mantener una tutoría constante, garantizar la inyección permanente de recursos y subsidiar la tecnología necesaria.
En contraste con esta inercia regional, el Distrito de Barrancabermeja ha trazado un camino acertado que sirve de ejemplo nacional al independizarse y habilitarse directamente como gestor catastral ante el IGAC. A pesar de la inmensa carga financiera, operativa y logística que este paso implica al comienzo, su administración entendió con visión de futuro las ventajas estratégicas de manejar su propia información geográfica, jurídica y económica. Al asumir de manera autónoma las tareas de conservación y administración del territorio, el puerto petrolero no solo agiliza los trámites prediales de sus habitantes, sino que se blinda contra las improvisaciones automáticas de Bogotá, demostrando que el catastro autónomo es una inversión insustituible para el desarrollo real.
Por otra parte, el éxito de esta política requiere que el resto de los entes territoriales en Santander repliquen esta mentalidad, dejen de ver el catastro como una herramienta de persecución fiscal y entiendan sus ventajas para el desarrollo territorial. No se trata de subir las tarifas del impuesto predial para llenar las arcas a corto plazo desatando paros; se trata de utilizar esa radiografía para gobernar con precisión. Con un catastro robusto y bien ejecutado, un mandatario puede planificar la construcción de vías veredales, identificar zonas de alto riesgo ambiental frente a las crisis climáticas, atraer inversión privada con seguridad jurídica y diseñar subsidios agrícolas reales.
Disponer de datos geográficos modernos es inútil si estos no dialogan con las agencias encargadas del desarrollo rural y la protección ambiental. Mientras el ciudadano perciba este proceso como una amenaza de despojo fiscal y el gobernante local lo asuma como una carga inmanejable, el rezago persistirá. Celebrar metas de hectáreas medidas o predios actualizados es un autoengaño; el verdadero éxito llegará cuando el gobierno central asuma su rol de coequipero incondicional y los municipios de Santander descubran el poder de planificar su futuro sobre un mapa real, una tarea en la que todavía estamos en pañales.
_
*Arquitecto, especialista en gerencia de proyectos, especialista en gestión de la planificación urbana y regional y magister en ordenamiento territorial.
Esta columna encierra el pensamiento del autor, en ningún caso es la posición de Río Grande.
