El Gobierno colombiano aplicó un aumento de COP 200 al precio del ACPM desde el 4 de mayo, en medio de la volatilidad internacional del petróleo y la guerra en Irán. El ajuste, menor al de la gasolina, impacta directamente al transporte de carga y genera debate sobre sostenibilidad fiscal y competitividad.
El precio del diésel (ACPM), combustible esencial para el transporte de carga y la movilidad de millones de colombianos, registró un incremento de COP 200 por galón desde este lunes 4 de mayo. Con este ajuste, el promedio nacional se ubica en COP 11.282, según el Ministerio de Hacienda y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
La medida llega en paralelo al aumento de COP 400 en la gasolina corriente, lo que refleja la presión que enfrenta el país por la volatilidad del mercado internacional del crudo. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el conflicto en Medio Oriente y la escalada de precios del petróleo obligaron al Gobierno a revertir las reducciones aplicadas en febrero y marzo, cuando se habían bajado COP 500 por galón gracias a la mejora en las cuentas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
En las principales ciudades, los precios muestran una marcada disparidad. Cali lidera con el ACPM más caro, a COP 11.724, seguida de Villavicencio (COP 11.676) y Medellín (COP 11.601). En contraste, Cúcuta mantiene el valor más bajo con COP 9.453, debido a su condición de zona de frontera y beneficios en costos de transporte. Pasto ocupa el segundo lugar entre los más económicos, con COP 10.496.
En Bogotá, el galón de ACPM quedó en COP 11.576, mientras en Barranquilla se fijó en COP 11.251. Estas cifras superan el promedio nacional y reflejan la presión sobre las ciudades con mayor parque automotor.
El impacto del ajuste es significativo para el sector transporte, que depende del diésel para movilizar alimentos, mercancías y pasajeros. Los gremios advierten que el incremento podría trasladarse a los costos logísticos y, eventualmente, al precio de productos básicos. Sin embargo, el Gobierno insiste en que la medida es necesaria para evitar desequilibrios fiscales y subsidios insostenibles.
La brecha entre la ciudad más cara y la más barata alcanza COP 2.271 por galón, equivalente a casi un 24 %. Esta diferencia obedece principalmente a los costos de transporte mayorista y minorista, así como a la conectividad de cada región con el sistema de poliductos.
En el contexto internacional, el alza del petróleo Brent por encima de los USD 114 ha intensificado la presión sobre países importadores como Colombia. El Gobierno busca equilibrar las finanzas públicas y garantizar el abastecimiento, aunque reconoce que los ajustes generan tensiones sociales y económicas.
La discusión sobre el precio de los combustibles se convierte en un tema central para la política económica del país, especialmente en un año electoral. Mientras tanto, los ciudadanos y transportadores deberán adaptarse a un escenario de costos crecientes y mayor incertidumbre en los mercados energéticos.
