El comité de seguimiento electoral de Santander identificó cinco municipios con alertas tempranas de riesgo para los comicios del 31 de mayo. Barrancabermeja encabeza la lista como distrito prioritario, mientras Puerto Parra, Bajo Simacota, Coromoro y Charalá completan los territorios en vigilancia. Factores armados y climáticos elevan la preocupación institucional.
El departamento de Santander se encuentra bajo especial atención de las autoridades electorales y de seguridad. El comité de seguimiento electoral, en coordinación con la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE), emitió un informe en el que se advierte sobre cinco municipios con alertas tempranas de riesgo electoral: Barrancabermeja, Puerto Parra, Bajo Simacota, Coromoro y Charalá.
Barrancabermeja fue catalogado como distrito de prioridad alta, debido a la presencia de estructuras armadas ilegales como el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que históricamente han ejercido presión sobre la población y los procesos democráticos. El Mayor General (r) Óscar Eduardo Hernández Durán explicó que la decisión se basa en antecedentes de afectaciones en elecciones pasadas y en la situación actual de seguridad y convivencia.
En los otros cuatro municipios señalados, el riesgo se considera moderado, pero igualmente se desplegarán dispositivos de vigilancia y acompañamiento de la fuerza pública. Además, en el área metropolitana de Bucaramanga se monitorean 11 puntos críticos, incluyendo Bucaramanga, Piedecuesta y Girón, donde se han identificado riesgos de presión política y posibles alteraciones del orden público.
A las alertas de seguridad se suma un factor climático: la temporada de lluvias en la cuenca del río Lebrija, que afecta territorios de Santander, Norte de Santander y sur del Cesar. La MOE advirtió que las condiciones meteorológicas podrían complicar la logística de los 825 puestos de votación previstos y abrir la puerta a que las ayudas humanitarias entregadas en zonas afectadas sean utilizadas con fines proselitistas.
El oficial Hernández Durán recordó que en las elecciones del 8 de marzo se logró administrar el proceso sin incidentes, gracias al trabajo conjunto entre autoridades civiles, policiales y militares. Ese mismo esquema se replicará para los comicios del 31 de mayo, con el objetivo de garantizar transparencia y seguridad.
La Defensoría del Pueblo insistió en que la presencia de grupos armados ilegales sigue siendo un desafío para la democracia en Santander. En su más reciente informe, la entidad señaló que las comunidades de las zonas rurales enfrentan riesgos de intimidación y restricciones a la movilidad, lo que podría afectar la participación ciudadana.
El panorama electoral en Santander refleja la complejidad de un proceso democrático atravesado por factores de orden público, clima y logística. Las autoridades confían en que la coordinación interinstitucional y el acompañamiento internacional permitan reducir los riesgos y asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de libertad y seguridad.
