Un ataque con explosivos lanzados desde un dron en zona rural de San Pablo, sur de Bolívar, dejó una mujer muerta y cuatro personas heridas. El hecho, confirmado por la Policía del Magdalena Medio, evidencia la creciente utilización de drones en el conflicto armado y preocupa a comunidades afectadas.
La violencia en el sur de Bolívar alcanzó un nuevo nivel con el uso de drones cargados con explosivos. El pasado 2 de mayo, en la vereda Las Calungas del corregimiento El Jardín, municipio de San Pablo, un artefacto aéreo no tripulado detonó sobre un grupo de personas, dejando como saldo una mujer fallecida y cuatro heridos.
La víctima mortal fue identificada como Elizabeth Velásquez Cartagena, quien trabajaba como cocinera en el lugar. Su cuerpo fue trasladado a la morgue de San Pablo. Entre los lesionados, dos recibieron atención inicial en el hospital local, mientras otros dos fueron remitidos a centros especializados en Simití (Bolívar) y Bucaramanga (Santander). Uno de ellos sufrió una herida toracoabdominal por esquirla penetrante y otro una fractura en el antebrazo izquierdo.
De acuerdo con las primeras versiones entregadas por familiares, las víctimas se encontraban realizando actividades relacionadas con minería ilegal en el sector conocido como Mina Quemada. La Policía del Magdalena Medio confirmó el ataque y señaló que se adelantan investigaciones para esclarecer las circunstancias y determinar los responsables.
El uso de drones con explosivos se ha consolidado como una modalidad cada vez más recurrente en el sur de Bolívar, donde confluyen actores armados ilegales y economías ilícitas. Su implementación representa un desafío para las autoridades, debido a la dificultad de detección y neutralización, lo que incrementa el nivel de riesgo para las comunidades rurales.
La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) advirtió que la disputa territorial entre grupos como el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) ha intensificado la degradación del conflicto. Entre las prácticas denunciadas figuran el uso de bienes civiles como trincheras, retenes ilegales, reclutamiento de menores, instrumentalización de la población y restricciones a la movilidad.
La organización señaló que la limitada presencia institucional en zonas apartadas deja a la población civil como principal víctima de estas acciones. Además, alertó sobre violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a los Derechos Humanos (DD. HH.), que se agravan con la incorporación de nuevas tecnologías bélicas como los drones.
Las comunidades del Magdalena Medio expresan temor por la posibilidad de nuevos ataques similares. Líderes sociales insisten en la necesidad de reforzar la presencia estatal y garantizar condiciones de seguridad para evitar que la población quede atrapada en medio de la confrontación.
Este hecho refleja la transformación del conflicto armado en Colombia, donde las economías ilegales y la innovación tecnológica se combinan para aumentar la capacidad ofensiva de los grupos armados. La situación exige respuestas rápidas y coordinadas de las autoridades, así como un acompañamiento internacional que permita proteger a las comunidades más vulnerables.
