En apenas 48 horas se registraron 26 ataques en Cauca y Valle del Cauca, atribuidos al Frente Jaime Martínez de las disidencias del Estado Mayor Central. La ofensiva dejó un saldo crítico de muertos y heridos, mientras comunidades indígenas se declararon en minga humanitaria permanente ante la crisis.
El Cauca y el Valle del Cauca volvieron a convertirse en epicentro del conflicto armado colombiano. En tan solo dos días, se registraron 26 ataques simultáneos y coordinados con explosivos en corredores estratégicos, una ofensiva atribuida al Frente Jaime Martínez, una de las estructuras más violentas de las disidencias del Estado Mayor Central bajo el mando de Iván Mordisco.
El hecho más grave ocurrió en Cajibío, Cauca, donde un ataque con explosivos en la vía Panamericana dejó hasta el momento 20 muertos y más de 48 heridos. La explosión alcanzó incluso a una chiva de transporte público, paralizando la principal arteria del suroccidente del país y profundizando la crisis humanitaria en la región.
La ofensiva evidencia un fortalecimiento de las capacidades militares de las disidencias, que desde hace dos años no participan en diálogos con el Gobierno Nacional. La ruptura de las conversaciones se produjo tras un ataque en el Cauca en el que murió la lideresa indígena Carmelina Yule, hecho que marcó un punto de quiebre en los intentos de negociación.
Las comunidades locales han sido las más afectadas por esta escalada de violencia. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) emitió una alerta en la que denunció la amenaza constante contra la vida y la tranquilidad de los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes. “Las comunidades del Cauca hemos resistido décadas de guerra, abandono estatal, economías ilegales y disputas por el control territorial. Nuestros pueblos saben que la violencia siempre golpea primero a campesinas, indígenas, comunidades negras, mujeres, juventudes y diversidades”, señaló el comunicado.
Ante la gravedad de la situación, el CRIC se declaró en “minga humanitaria permanente”, una estrategia de resistencia que busca visibilizar la crisis y exigir garantías de protección para las comunidades. La organización insistió en que la respuesta estatal debe ir más allá de la militarización, incorporando medidas de atención humanitaria y soluciones estructurales que reduzcan la vulnerabilidad de la población civil.
Analistas advierten que la ofensiva en Cauca y Valle refleja la consolidación de las disidencias en corredores estratégicos para el narcotráfico y otras economías ilegales. La capacidad de ejecutar ataques simultáneos en diferentes puntos muestra un nivel de coordinación que incrementa el riesgo para la seguridad regional y nacional.
El Gobierno enfrenta el reto de responder a esta escalada sin repetir errores del pasado, cuando las operaciones militares afectaron principalmente a la población civil. La crisis actual exige un enfoque integral que combine seguridad, presencia institucional y desarrollo social en territorios históricamente golpeados por la guerra.
Mientras tanto, las comunidades continúan resistiendo y exigiendo paz. La minga humanitaria permanente del CRIC es un recordatorio de que, en medio de la violencia, la organización social sigue siendo una herramienta vital para defender la vida y la dignidad en el suroccidente colombiano.
