En una comparecencia ante el Senado, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, advirtió que Washington está “preparado para usar la fuerza” contra Venezuela si la presidenta interina Delcy Rodríguez no coopera con los objetivos estratégicos estadounidenses, en medio de tensiones tras la captura de Nicolás Maduro.
En un momento de creciente tensión geopolítica en América Latina, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una contundente advertencia este miércoles: si la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, no coopera “al nivel que espera” la Administración estadounidense, Washington está “preparado para usar la fuerza” para garantizar esa cooperación. Las declaraciones fueron parte de un discurso preparado para su comparecencia ante el comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU. y reflejan la compleja y volátil situación en torno a la crisis venezolana.
Rubio, antiguo senador por Florida y hoy principal portavoz de la política exterior estadounidense hacia Caracas, explicó ante los legisladores que el Gobierno considera la actual relación con Venezuela como una “misión en el hemisferio” clave para los intereses de Estados Unidos. Aseguró que la administración de Donald Trump supervisará de cerca la cooperación del Gobierno interino en Caracas con el plan estadounidense, que contempla fases de estabilización, recuperación económica y una transición hacia un sistema democrático.
Según Rubio, Rodríguez ha asumido compromisos con Washington que incluyen abrir el sector petrolero venezolano a empresas estadounidenses, otorgarles acceso preferencial a la producción y utilizar parte de los ingresos petroleros para comprar bienes estadounidenses. También afirmó que la presidenta interina prometió poner fin al apoyo petrolero de Venezuela al régimen cubano y promover la “reconciliación nacional” con la oposición y los venezolanos en el exterior.
Sin embargo, pese a esos compromisos, el jefe de la diplomacia estadounidense destacó que la cooperación aún no ha alcanzado los niveles deseados por su Gobierno. “Que no quepa duda: como ha dicho el presidente, estamos dispuestos a usar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos no la consiguen”, se lee en el borrador del discurso de Rubio, que también expresa la esperanza de que esa opción no sea necesaria.
El contexto en el que se da esta escalada verbal es extraordinario. El pasado 3 de enero, una operación militar estadounidense en Caracas resultó en la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes ahora enfrentan cargos de narcotráfico en tribunales de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses han descrito esa intervención como una “operación judicial” y no como una guerra, argumento que utilizaron para justificarla sin la autorización previa del Congreso.
A pesar de las explicaciones de Washington, la operación fue recibida con fuertes críticas a nivel internacional. Venezuela tildó la acción de violación a su soberanía y rechazo al derecho internacional, mientras que diversos países expresaron su preocupación por el uso de la fuerza en un Estado soberano. Líderes y organismos internacionales han demandado respeto por la legalidad y una solución pacífica a la crisis.
En este marco, Estados Unidos ha enfrentado dificultades para asegurar la plena cooperación de Rodríguez. Informes recientes de inteligencia norteamericana han planteado dudas sobre la disposición de la presidenta interina a alinear completamente a Venezuela con las prioridades de Washington, incluyendo la expulsión de asesores y diplomáticos de países como Irán, China y Rusia, que mantienen presencia en Caracas. Aunque Rodríguez ha promovido algunas medidas favorables a EE. UU., también ha manifestado públicamente su rechazo a la injerencia extranjera y defendido la soberanía venezolana.
Este escenario ha generado preocupación en otros gobiernos regionales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, una figura clave en Latinoamérica, ha criticado duramente la intervención estadounidense y ha exigido la devolución de Maduro a Venezuela para que sea juzgado por tribunales venezolanos. En un discurso pronunciado en Bogotá, Petro afirmó que “tienen que devolverlo (a Nicolás Maduro) y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense”, cuestionando el uso de la fuerza como mecanismo para resolver disputas políticas en la región.
Petro, quien tiene prevista una reunión con Donald Trump en Washington a comienzos de febrero, ha calificado el ataque militar como una agresión a la soberanía de Venezuela y ha enfatizado que “bombardear a Caracas… no es un acto contra Maduro, sino contra el país”. Además, relacionó la intervención estadounidense con un debilitamiento del orden internacional y criticó la falta de acción efectiva de organismos como la Organización de las Naciones Unidas para prevenir conflictos armados.
La posición de Petro representa una fuerte voz crítica desde un país vecino que, además de compartir frontera con Venezuela, enfrenta retos propios en materia de seguridad, migración y relaciones diplomáticas con Washington. Su postura resuena entre sectores que ven con recelo la política exterior de Estados Unidos en la región, especialmente cuando se ejerce con amenazas de fuerza.
Mientras tanto, el Gobierno de Trump mantiene que no busca una ocupación prolongada ni el control total de Venezuela, pero considera imprescindible que su nuevo liderazgo cumpla con los objetivos de estabilidad, respeto a los derechos humanos, normalización diplomática y apertura económica. La ambigüedad de Washington respecto a cuándo y cómo podría recurrirse a la fuerza sigue generando incertidumbre tanto en Caracas como en otros capitales de América Latina.
Rubio ha subrayado que el plan estadounidense contempla un proceso largo y complejo, que podría tomar años y requerir esfuerzos coordinados entre diferentes actores. Sin embargo, su advertencia de “usar la fuerza” si no se logra la cooperación esperada dejó claro que el Gobierno de Estados Unidos no descarta medidas coercitivas para alcanzar sus objetivos, lo que plantea interrogantes sobre la estabilidad regional y el futuro de las relaciones entre Washington y los países latinoamericanos.
