La vereda Puerto Matilde, en Yondó (Antioquia), vivió una jornada de terror tras enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. El uso de drones para lanzar explosivos destruyó viviendas y obligó a decenas de familias a desplazarse, generando una crisis humanitaria que preocupa a autoridades y defensores de derechos humanos.
La violencia en el Magdalena Medio antioqueño alcanzó un nuevo nivel de gravedad con el uso de drones para lanzar explosivos durante enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo. El hecho ocurrió en la vereda Puerto Matilde, jurisdicción de Yondó, donde varias viviendas resultaron afectadas y decenas de familias tuvieron que abandonar sus hogares.
De acuerdo con la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), los combates se intensificaron el pasado domingo cuando proyectiles lanzados desde drones impactaron directamente en una vivienda de la comunidad. El inmueble quedó reducido a escombros, aunque afortunadamente el campesino que lo habitaba no se encontraba en el lugar al momento de la explosión. Otras dos casas sufrieron daños parciales, aumentando la sensación de inseguridad entre los habitantes.
La situación derivó en un desplazamiento forzado de decenas de familias, quienes huyeron hacia el casco urbano de Yondó en busca de refugio. Los campesinos denunciaron que sus pertenencias, animales y cultivos quedaron abandonados, mientras las explosiones también se reportaron en sectores cercanos como San Francisco. La comunidad calificó el panorama como una crisis humanitaria, pues las viviendas civiles se han convertido en objetivos colaterales de la confrontación armada.
La violencia no se limitó a Yondó. En el municipio de Anorí, también en Antioquia, se reportó un ataque contra la base militar local, lo que evidencia la expansión del conflicto en la región. Ante la gravedad de los hechos, militares de la Quinta Brigada del Ejército Nacional hicieron presencia en las zonas afectadas para restablecer el orden público y garantizar la seguridad de los habitantes.
La ACVC emitió un llamado urgente al Gobierno Nacional y a organismos internacionales de derechos humanos para frenar esta escalada violenta. Según la organización, las comunidades campesinas están siendo víctimas de un conflicto que las expone a la destrucción de sus hogares y al exilio forzado.
En paralelo, el municipio de Briceño, en el norte de Antioquia, enfrenta hostigamientos constantes entre el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Aunque no se han registrado combates cuerpo a cuerpo, el Ejército Nacional desplegó tropas en puntos críticos para proteger a la población civil y prevenir enfrentamientos.
Durante las operaciones militares en la región, soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 localizaron y destruyeron de manera controlada dos artefactos explosivos improvisados en la vereda Berlín. Según el sargento Diego Alarcón, los explosivos habían sido instalados presuntamente por el Clan del Golfo y representaban un peligro inminente para los campesinos.
La escalada de violencia en Antioquia refleja la capacidad de los grupos armados ilegales para incorporar nuevas tecnologías como drones en sus estrategias ofensivas. Este hecho plantea un desafío adicional para las autoridades, que deben reforzar sus capacidades de inteligencia y defensa para proteger a las comunidades rurales.
