Desde Washington, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, negó que el software espía Pegasus esté en uso en Colombia, rechazó denuncias de seguimientos ilegales a funcionarios y endureció su discurso contra el Eln, al que calificó como una estructura criminal dedicada al narcotráfico.
En medio de una creciente controversia por presuntas labores de espionaje estatal, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rompió el silencio desde Estados Unidos para desmentir de manera tajante que el software Pegasus esté actualmente operativo en Colombia. Según el funcionario, tras verificar con las Fuerzas Militares, se confirmó que esa herramienta tecnológica solo estuvo en el país entre 2021 y 2022 y que, desde entonces, dejó de utilizarse.
Las declaraciones se produjeron en el marco de una agenda oficial en Washington, donde Sánchez sostuvo reuniones con congresistas y con miembros del Comité de Servicios Armados, con el propósito de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. En ese escenario, el ministro buscó cerrar el debate sobre un supuesto uso activo de Pegasus para realizar seguimientos ilegales contra funcionarios del actual Gobierno.
“Desde esa fecha se dejó de usar y no está siendo utilizado en la fuerza pública”, afirmó, subrayando que no existe ninguna directriz vigente que autorice labores de espionaje por fuera de la ley. Con ello, el jefe de la cartera de Defensa rechazó las versiones que circularon tras la denuncia del ministro de Justicia, Andrés Idárraga, quien aseguró haber sido víctima de espionaje.
Sánchez fue enfático al calificar esas afirmaciones como falsas y negó que desde el Ministerio de Defensa o desde alguna de las fuerzas se haya ordenado realizar seguimientos de ese tipo. A su juicio, se trata de información sin sustento que busca generar desconfianza institucional y afectar la credibilidad del sector defensa.
El ministro también se refirió al caso del sargento Darwin Ramírez, cuyo nombre fue mencionado como supuesto enlace de inteligencia en medio de la polémica. Según explicó, el suboficial no pertenece a ningún organismo de inteligencia y no maneja gastos reservados, sino que cumple funciones de articulación dentro de los esquemas de seguridad del Ministerio de Defensa.
Para Sánchez, la divulgación pública de la hoja de vida del sargento no solo vulnera el debido proceso, sino que expone su integridad personal. “Él es un articulador y solicita misiones de contrainteligencia. La contrainteligencia que se realiza, y que he ordenado, es únicamente al interior del Ministerio de Defensa”, precisó, descartando cualquier actividad dirigida a espiar a funcionarios, periodistas o líderes políticos.
El pronunciamiento buscó cerrar filas en torno a la institucionalidad y enviar un mensaje tanto a la opinión pública como a la comunidad internacional sobre el respeto a los límites legales en las labores de seguridad. En palabras del ministro, Colombia no puede combatir el crimen organizado recurriendo a prácticas ilegales que socaven la democracia.
Duro discurso contra el Eln y balance antidrogas
Más allá del debate por Pegasus, la agenda del ministro en Estados Unidos estuvo marcada por un endurecimiento del discurso frente al Ejército de Liberación Nacional (Eln). Sánchez sostuvo que ese grupo armado perdió cualquier carácter político y que hoy opera como un cartel del narcotráfico con alcance transnacional.
“Se autodefine como una organización político-militar; si alguna vez tuvo algo de político, ya no tiene absolutamente nada”, afirmó, al señalar que el Eln sustituyó su antigua doctrina ideológica por una lógica centrada en el lucro criminal. Según el funcionario, la comunidad internacional ha cerrado espacios diplomáticos frente a esta organización al considerar que se trata de un grupo que durante seis décadas ha cometido asesinatos, atentados, reclutamiento de menores y acciones terroristas.
El ministro sostuvo que esa caracterización es clave para entender el enfoque de la cooperación internacional y para desmontar cualquier narrativa que intente otorgarle legitimidad política a un actor que, en su criterio, funciona como una red criminal ligada al narcotráfico y a otras economías ilegales.
En ese contexto, Sánchez presentó un balance de la lucha antidrogas, destacando la incautación de más de 2.840 toneladas de cocaína durante los últimos años. Según cifras oficiales del Ministerio de Defensa, esa cantidad equivale a cerca de 47.000 millones de dosis que no llegaron a los mercados internacionales, lo que representaría un golpe financiero sin precedentes para las estructuras criminales.
Para ilustrar la magnitud del negocio ilegal, el ministro comparó los precios de la cocaína en distintos mercados: mientras un kilo puede costar alrededor de 3.000 dólares en Colombia, su valor asciende a 32.000 dólares en Estados Unidos y puede superar los 115.000 dólares en Oceanía. Con base en esas estimaciones, el valor total de lo incautado fue calculado en cerca de 91 billones de dólares.
A juicio de Sánchez, estas cifras confirman que el narcotráfico es un problema global que desborda las capacidades de un solo país y exige una respuesta conjunta de la comunidad internacional. En ese sentido, insistió en que la cooperación con Estados Unidos sigue siendo fundamental, tanto para enfrentar las economías ilegales como para reforzar la seguridad regional, en un momento en el que Colombia busca despejar dudas sobre el uso de herramientas de inteligencia y reafirmar su compromiso con el Estado de derecho.
